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Declaración del
Gobierno Revolucionario
A pesar de las
reiteradas alertas de Cuba, la presidenta de Panamá, Mireya
Moscoso, ha procedido, de manera artera y vergonzosa, a firmar el
Decreto 317, de fecha 25 de agosto, mediante el cual se indulta a
los cuatro terroristas de origen cubano detenidos, enjuiciados y
condenados en Panamá por planificar un atentado contra el
Presidente Fidel Castro en noviembre del año 2000.
Este Decreto fue
ejecutado en la madrugada de hoy, solo pocas horas después de que
nuestro Embajador, el compañero Carlos Zamora Rodríguez,
abandonara el territorio panameño luego de ser expulsado por las
autoridades de Panamá en el marco de una maniobra destinada a crear
las condiciones para la liberación de los terroristas Luis Posada
Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro
Remón Rodríguez.
Este Decreto confirma la
seriedad y veracidad de las denuncias de Cuba, que desde el propio
momento en que fueran detenidos el 17 de noviembre del año 2000, ha
venido alertando a las autoridades panameñas, tanto públicamente
como a través de los canales diplomáticos, sobre las graves
consecuencias que tendría para la credibilidad de Panamá el que
los terroristas fuesen liberados de una u otra forma. Estas
denuncias de Cuba fueron más directas a partir del pasado 14 de
agosto, cuando nuestro Gobierno tuvo la certeza, a partir de las
precisas y exactas informaciones disponibles, de que los terroristas
serían indultados por la Presidenta saliente de Panamá.
Esta última acción de
la presidenta Moscoso, en contubernio con el Gobierno de los Estados
Unidos y con la mafia terrorista de Miami, a tan solo una semana de
concluir su mandato presidencial, es la culminación del proceso de
comprometimiento con el terrorismo contra Cuba y de protección de
los citados terroristas de origen cubano que se inició el 10 de
abril del año 2001, cuando la propia Presidenta de Panamá,
mediante las Resoluciones Ejecutivas 58, 59, 60 y 61, rechazó la
justa y bien fundamentada solicitud de extradición contra los
cuatro terroristas presentada por nuestro Gobierno el 12 de enero
del año 2001, cumpliendo todos los requisitos que para tales actos
exigen la legislación panameña y los instrumentos internacionales
en vigor.
La aceptación de dicha
solicitud hubiera permitido que se les juzgara por los crímenes que
durante décadas han cometido contra nuestro pueblo, y que tanto
luto y sufrimiento han provocado a las familias cubanas.
Vale recordar que, entre
otras muchas acciones terroristas, Luis Posada Carriles es el
responsable directo de la destrucción en pleno vuelo, en 1976, de
un avión de Cubana de Aviación en que perdieron la vida 73
personas; de la campaña con bombas contra hoteles cubanos a finales
de la década de 1990, que costara la vida al joven turista italiano
Fabio di Celmo; y de múltiples planes de asesinato de nuestro
Comandante en Jefe. Posada Carriles es prófugo de la justicia
venezolana.
Gaspar Jiménez
Escobedo, entre numerosos crímenes, asesinó al técnico pesquero
cubano Artañán Díaz Díaz en México, a la par que también
participara en la preparación de los atentados con bombas contra
hoteles cubanos y en el entrenamiento de los mercenarios que fueran
reclutados para tales acciones terroristas. Jiménez Escobedo fue
prófugo de la justicia mexicana, tras ser procesado por tráfico de
explosivos y drogas.
Guillermo Novo Sampoll,
además de ser culpable de la colocación de artefactos explosivos
en embajadas de Cuba, en aeronaves y embarcaciones de países que
realizan intercambios económicos con Cuba, hasta el punto de que
hoy podría ser reclamado por numerosos países fue, al servicio de
la DINA chilena del sanguinario dictador Augusto Pinochet, uno de
los asesinos de Orlando Letelier, canciller del Gobierno de la
Unidad Popular, en un atentado realizado en Washington. Además,
Novo Sampoll está involucrado directamente en la preparación de
terroristas procedentes del territorio de los Estados Unidos que
fueran capturados en Cuba en el año 2001 luego de haber
desembarcado en nuestras costas con el objetivo de actuar contra
instalaciones civiles y turísticas en nuestro país.
Pedro Remón Rodríguez,
fue el asesino, en Nueva York, del diplomático cubano Félix
García Rodríguez, el 11 de septiembre de 1980, y del emigrado
cubano José Eulalio Negrín, a la par que colocó bombas en la sede
de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU a fines de 1979, y
atentó contra la vida del Embajador cubano ante las Naciones Unidas
pocos meses después.
Esa es la calaña de los
terroristas internacionales que acaban de ser indultados por la
Presidenta de Panamá, sin tener en cuenta, siquiera, que el proceso
judicial que se seguía contra ellos no había concluido. El
tribunal panameño que juzgó a los terroristas por la
planificación del atentado contra nuestro Comandante en Jefe en el
año 2000, condenó a Luis Posada Carriles y Gaspar Jiménez
Escobedo a 8 años de privación libertad, y a Pedro Remón y
Guillermo Novo Sampoll a 7 años, condenas contra las cuales
apelaron los abogados que representan a las organizaciones obreras,
estudiantiles e indígenas panameñas, dado que no se corresponden
con la gravedad del delito cometido y además por las
irregularidades del propio proceso.
La presidenta Moscoso no
esperó siquiera a que los tribunales superiores panameños
dictaminaran sobre el proceso de apelación, lo que constituye,
además de una violación de la legislación panameña, una
flagrante falta de respeto al Poder Judicial de su propio país.
Asimismo, como expresa
el comunicado emitido en la mañana de hoy por el Ministerio de
Gobierno y Justicia de la República de Panamá al anunciar la firma
del Decreto 317 por la presidenta Moscoso mediante el cual indulta a
los cuatro terroristas, la Constitución de la República de
Panamá, en su Artículo 179, autoriza a "decretar indultos por
delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a
reos de delitos comunes".
¿Es que acaso la
presidenta Mireya Moscoso considera que el terrorismo es un "delito
político"? Los delitos por los que los terroristas fueron juzgados
y condenados por un tribunal panameño, nada tienen que ver con los "delitos
políticos". Los cuatro terroristas hoy indultados por la Presidenta
de Panamá, no son más que viles delincuentes comunes, terroristas
y mercenarios, que al intentar el asesinato del compañero Fidel,
habrían también provocado la muerte de centenares de hijos del
pueblo panameño.
Por tanto, Cuba reitera
que el indulto dictado por la presidenta Moscoso no solo es
violatorio de la legislación panameña, sino también de los
instrumentos internacionales contra el terrorismo suscritos por la
República de Panamá. Constituye una afrenta a las víctimas del
terrorismo y a sus familiares, y convierte a la Presidenta de
Panamá en cómplice del terrorismo y responsable de la impunidad de
los cuatro asesinos.
El Gobierno
Revolucionario recuerda que en su nota oficial del día 22 de agosto
ya anunciaba que el indulto a los terroristas provocaría la ruptura
automática de las relaciones diplomáticas entre los dos países,
alerta que fuera reiterada en la nota publicada ayer 25 de agosto.
Por tanto, en
cumplimiento del acuerdo del Consejo de Estado, el Gobierno
Revolucionario anuncia que a partir de este minuto, 4:15 p.m.,
quedan rotas por tiempo indefinido las relaciones diplomáticas
entre la República de Cuba y la República de Panamá, un Estado
que ha demostrado ser incapaz de evitar la monstruosa acción que
acaba de realizarse contra el pueblo de Cuba.
La Presidenta de
Panamá, cómplice y protectora del terrorismo, cargará con la
responsabilidad histórica de esta acción repugnante y traicionera,
y será igualmente responsable de los nuevos crímenes que estos
execrables asesinos puedan cometer en el futuro.
El Gobierno
Revolucionario de Cuba
La Habana, 26 de
agosto de 2004 |