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Demandan a gobierno de EE.UU. por violar derechos civiles WASHINGTON, 23 de abril.— La Unión Norteamericana por las Libertades Civiles (ACLU) demandó al Gobierno en nombre de cientos de personas que han sentido transgredidos sus derechos ciudadanos, algunas por el simple hecho de ser pacifistas o críticos del Ejecutivo, informa Prensa Latina. Los nombres de muchos estadounidenses han aparecido en una lista negra elaborada por el Buró Federal de Investigaciones, denominada en inglés no fly, para impedirles acceder a vuelos en los aeropuertos del país bajo la presunción de que son terroristas. ACLU documentó su reclamación con 339 casos de personas, quienes desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 han sido detenidas e interrogadas por agentes federales en el aeropuerto internacional de San Francisco. Por ejemplo, están los casos de Rebecca Gordon y Janet Adams, dos activistas por la paz, detenidas camino a Boston pues sus nombres figuraron en la relación de no volar. En otro incidente que trascendió a la palestra pública, dos docenas de miembros de un grupo llamado Acción de Paz de Wisconsin, incluidos un sacerdote, una monja y estudiantes universitarios y de la enseñanza media, fueron detenidos en Milwaukee cuando se dirigían a participar en una protesta contra la guerra en Iraq. Por otro lado, el FBI y la Administración de Seguridad del Transporte se han negado a discutir el tema con la prensa. Abogados y organizaciones civiles han denunciado a las autoridades por retener información sobre la razón y los datos utilizados para incluir a esas personas en las listas que les prohíbe volar. Tal actitud viola —sostienen— la Cuarta Enmienda de la Constitución. ACLU presentó su demanda bajo el Acta de Privacidad y el Acta de Libertad de Información. Mediante el Sistema Informático Asistido de Previgilancia de Pasajeros (CAPPS II, en inglés), la policía federal cataloga a los viajeros según variantes de colores. De esta manera, los verdes pasan los controles rutinarios de seguridad ya establecidos en los aeropuertos estadounidenses; los amarillos son chequeados con mayor rigor, mientras que a los rojos se les prohíbe viajar. Los niveles amarillo y rojo se almacenarán durante 50 años, precisa la iniciativa. Historiales financieros, datos de comunicación y hasta las fichas sanitarias, se tienen en cuenta para definir si una persona califica como presunto terrorista. La demanda plantea que sin conocer los elementos mínimos sobre cómo un civil se puede convertir en un posible terrorista, los norteamericanos no tienen la posibilidad de decidir si la medida del Gobierno es acertada. |
