Una ley para estimular las producciones agropecuarias

MARÍA JULIA MAYORAL

El Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional discutirá el próximo sábado un proyecto de ley de cooperativas, que incluye tanto a las de Créditos y Servicios (CCS) y a las de Producción Agropecuaria (CPA).

Los delegados campesinos integrantes de la ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños) se plantearon en mayo del 2000, en medio de los debates de su IX Congreso, la necesidad de una nueva ley sobre las CCS y CPA, en sustitución de la vigente desde julio de 1982.

En opinión de Orlando Peñate, vicepresidente primero de la ANAP, la ley contribuirá, entre otras cuestiones, al fortalecimiento de las cooperativas como entidades económicas socialistas, propiciará mayor intercambio y colaboración de estas con los órganos del Poder Popular y ayudará a incrementar la producción agropecuaria: algo muy esperado por nuestro pueblo.

DE LO NUEVO

El proyecto deja claro que son las CPA y las CCS las encargadas de elaborar sus planes de producción y desarrollo perspectivo, en tanto la aprobación por parte de las entidades correspondientes en los ministerios de la Agricultura o el Azúcar, debe partir de la discusión conjunta con las cooperativas, explica Peñate.

También la propuesta incorpora mayores posibilidades y autonomía a las CCS y las CPA a la hora de vender sus producciones, comprar insumos y adquirir otros recursos necesarios en sus actividades económicas y sociales. Una parte de los cambios, comenta el representante de la ANAP, no son cosas por ensayar; su efecto positivo se ha ido probando en estos últimos seis años en la medida en que avanzó el proceso de fortalecimiento de las CCS.

Según precisan los juristas de la ANAP, José Garea y Arturo Ariaga, el proyecto concibe que las CPA puedan, al final de cada año, repartir más dinero entre sus integrantes por concepto de utilidades. Por lo establecido hoy, esa proporción no puede superar la mitad de tales ingresos. De aprobarse el cambio, se podría llegar hasta el 70%, pero solo en el caso de las CPA, con una reserva (monetaria) para enfrentar las contingencias no inferior al equivalente del 10% de su patrimonio.

Ese fondo propio para actuar ante los daños que ocasionan, digamos, huracanes, ciclones, sequías o intensas lluvias, también constituye un elemento nuevo, no previsto en la legislación 36. Además, aclaran, el proyecto de ley plantea que una CPA podrá repartir utilidades siempre y cuando no tenga deudas, haya pagado los impuestos y a sus cooperativistas por los bienes aportados por estos, y tenga acumulada más de la mitad de la reserva para cubrir contingencias.

Solamente saldadas las deudas y con más de la mitad de la reserva acumulada, es que podría una CPA empezar a repartir parte de las utilidades en un porcentaje progresivo hasta llegar al 70 cuando esté completo el mencionado fondo. Así podrá eliminarse el rasero común y premiar con justeza a quienes aportan más.

Incluye también la idea de diferenciar los ingresos por utilidades de cada cooperativista según el tiempo de permanencia en la CPA. Si dos personas durante un año realizan el mismo aporte productivo, es más justo, afirma Peñate, entregar una cantidad superior a quien lleve más tiempo, pues ha dado más de sí a ese colectivo.

Plantea, además, entre sus disposiciones finales, indicaciones precisas para la solución de los no pocos problemas legales con las viviendas construidas en tierras de propiedad o en usufructo de las CPA y de los agricultores pequeños.

POR DERECHO CONSTITUCIONAL

Terminando el IX Congreso de la ANAP, la dirección nacional de la organización empezó a conformar las ideas preliminares sobre el proyecto de ley que propondrían poco después a la Asamblea Nacional, haciendo valer su derecho a ejercer la iniciativa legislativa, según refrenda la Carta Magna cubana en su artículo 88.

Con el documento más elaborado, llegó el momento de someterlo a consideración de todos los diputados. Por la cantidad y alcance de los cambios, explica Leonardo Martínez, presidente de la Comisión para la Atención a la Actividad Productiva, recomendamos no llevar el proyecto a debate en el octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea en diciembre del 2001. "Estaba muy verde y sobre todo era importante ampliar la consulta con los cooperativistas y campesinos individuales".

Entre enero y abril del presente año, más de 212 700 cooperativistas y sus familiares discutieron el texto. En 3 351 CPA y CCS tuvo lugar ese debate. Para el Vicepresidente primero de la ANAP resultó "una experiencia magnífica, la gente nos dio mucha luz para seguir mejorando el proyecto. Tomaron muy en serio aquello y terminamos incorporando muchas de sus ideas".

De seguirse los tan recomendados patrones democráticos que hoy tratan de imponerse al mundo como verdad única, ni los cientos de miles de campesinos hubieran participado en la elaboración de la ley ni en diciembre último los diputados se hubieran tomado el trabajo de recomendar una mayor consulta popular y elaboración del cuerpo legislativo, cuyo contenido está vinculado directamente con alrededor de un millón de cubanos, entre cooperativistas y familiares, y en definitiva con todo nuestro pueblo, pues se trata de estimular la producción agropecuaria, entre ella, la de alimentos.