|
|
|
Perú: crisis de gobernabilidad y credibilidad MARIELA PÉREZ VALENZUELA Dos meses después de iniciar su segundo año de gestión, el presidente de Perú, Alejandro Toledo, enfrenta la más fuerte crisis de gobernabilidad y credibilidad, con solo el 11% de respaldo popular, según una encuesta realizada por el Instituto Peruano de Desarrollo e Investigación de Ciencias Económicas (IDICE).
Toledo asumió el poder después de 10 años de mandato de Alberto Fujimori, quien dejó tras de sí un escándalo de corrupción, en el cual la cabeza visible era su asesor, preso actualmente, Vladimiro Montesinos. Desde que asumió el poder en julio del 2001, el jefe del Ejecutivo ha recibido la repulsa popular, expresada en numerosas manifestaciones de rechazo a su política de privatizar algunas de las principales empresas estatales. La crisis quedó en evidencia cuando los ministros decidieron hacer dejación de sus cargos hace dos meses para que el mandatario hiciera las sustituciones necesarias a ese nivel. Según analistas, Toledo reemplazó a algunos de los titulares en un intento por salvar su reputación y recuperar la confianza de los peruanos. El Presidente aceptó la renuncia de ocho de los 15 miembros de su gabinete, entre ellos la del primer ministro, Roberto Dañino, quien aseguró haber presentado su dimisión en junio pasado, tras las protestas en el Sur de Perú por la privatización frustrada de dos empresas de energía eléctrica. A raíz de las sustituciones en el Ejecutivo, observadores coincidieron en que solo se trataba de cambios de nombres, porque los objetivos del gobierno se mantenían inalterables. Dos meses después, Toledo no ha logrado revertir la tendencia a su desaprobación. Los últimos sondeos de opinión son poco alentadores y apuntan a una continuada disminución de su popularidad y de la del presidente del consejo de ministros, Luis Solaris de la Fuente, y del titular de Economía, Javier Silva Ruete. Fuentes de la oposición indican que el crecimiento económico resultante de los llamados reajustes neoliberales, emprendidos por Fujimori y continuados por Toledo, beneficia a los peruanos de mayores recursos, en detrimento de las grandes masas populares. Lejos de cumplir su promesa de luchar contra la pobreza mediante la reanimación de la economía, la política oficial no ha hecho otra cosa que acelerarla. Así lo confirma el Instituto Peruano de Estadísticas e Informática (INEI): de los 26749000 habitantes que tiene Perú, 14600000 viven en la pobreza (54,8%) y de ese total, 24,4% lo hacen en extrema pobreza (sobreviven con un dólar diario). De esa manera, el cuarto país en número de población de la región, detrás de Brasil, Argentina y Colombia, es uno de los más pobres del subcontinente. El INEI señaló, además, que en los primeros seis meses de este año la pobreza aumentó 1,4% con respecto a semejante período del 2001 y 7,1% en relación con 1997. En similares períodos, la extrema pobreza creció 4,5% y 1,3%, respectivamente. La nación sudamericana también muestra uno de los más altos índices de mortalidad infantil de la región: 56 por cada 1 000 nacidos vivos. Proliferan la tuberculosis, la viruela, el paludismo y el dengue. Para analistas, estos indicadores demuestran la ineficiencia de la política neoliberal, que lejos de proteger al ser humano, acrecienta la desigualdad y la pobreza. El 22 de julio último el gobierno aprobó, con la participación de representantes de organizaciones políticas, religiosas y de la sociedad civil, un conjunto de Políticas de Estado para los próximos 20 años. Este Acuerdo Nacional prioriza en lo social la eliminación de la pobreza mediante la generación de empleos y el acceso a una educación y a una salud integral de calidad. Pero para lograr este objetivo, el documento deja claro que el Estado fomentará la actividad empresarial y promoverá las privatizaciones para estimular la inversión privada nacional y extranjera, en la continuidad de su política neoliberal |
 |
|||
|
Los
resultados del sondeo motivaron el rechazo del consejero presidencial,
Juan Sheput, quien consideró que se alejan de la verdad, aunque admitió
que investigaciones anteriores apuntan a un apoyo al mandatario de hasta
el 23%, en el mejor de los casos.
