Ética y elecciones en Cuba

Salud de un binomio inseparable

MARÍA JULIA MAYORAL

La Ley que rige el presente proceso electoral en Cuba, la tercera dictada durante la etapa revolucionaria, deja en manos de la Comisión Electoral Nacional (CEN) el establecimiento de los principios y normas de carácter ético para la organización y realización de los sufragios, los cuales deben garantizar "la participación institucional de las masas populares con derecho al voto en la dirección del Estado y en la toma de decisiones de aquellas cuestiones de mayor interés y utilidad económica, social y política del país", según consigna la legislación.

Igualdad de posibilidades para los ciudadanos a la hora de elegir y ser elegidos, similitud de oportunidades a todos los candidatos, exclusión de cualquier tipo de campaña o propaganda electoral de carácter individualista y transparencia en cada uno de los actos, constituyen rasgos distintivos de los comicios cubanos.

Al cumplimiento de tales premisas éticas, deben consagrar su labor las autoridades que conducen los presentes sufragios generales, mediante los cuales el pueblo determinará quiénes integrarán las estructuras representativas del Estado, desde las asambleas municipales y provinciales hasta el Parlamento.

Como respuesta a lo estipulado en la Ley número 72, la CEN dictó, poco después de su constitución, la Instrucción numero 5. El documento, de obligado cumplimiento para todas las personas naturales y jurídicas en el país, entre otras cuestiones, exige a las autoridades electorales mantener imparcialidad en su proceder, dando a todos los candidatos igual trato y oportunidades, sin que medie favoritismo, animadversión o cualquier interés personal.

Prohíbe el uso de bienes y medios pertenecientes a los candidatos, sus familiares allegados u otros que comprometan la imparcialidad del proceso. Declara incompatible la condición de nominado con la de miembro de comisiones electorales y de candidaturas o el desempeño en las mesas de los colegios donde ocurrirán las votaciones.

Precisa el modo de proceder ante la violación de cualesquiera de las reglas fijadas y reconoce el derecho de los ciudadanos a denunciar posibles irregularidades. Cualquier persona —plantea la Instrucción— que conozca de la ocurrencia de un hecho que, presumiblemente, vulnere lo establecido, puede informar el caso a la autoridad electoral que considere pertinente.

Pero más allá de los mecanismos y procedimientos legales, la ética de los comicios en Cuba tiene un guardián fundamental: la población entera; pues hasta los niños cooperan en la custodia de las urnas.

Días atrás, cuando quedó instalada la Comisión de Candidaturas Nacional, el presidente del Parlamento, Ricardo Alarcón, comentaba sobre el asunto: Nosotros tenemos un sistema que deberíamos presentar y divulgar con el más legítimo orgullo, pero muchas veces ni nos damos cuenta de su total trascendencia, pues vemos cada hecho como algo tan corriente y natural como el aire que respiramos.

Sin embargo —añadía—, traten de averiguar en qué planeta está el otro lugar donde, por ejemplo, el registro de electores es de dominio público y las personas somos convocadas a corregir sus faltas. Abundan los despachos de prensa sobre fraudes en las votaciones de muchos países porque, para empezar, en esos lugares los padrones no son documentos al acceso de la gente. En nuestro caso, comenzamos mostrando a la luz del día esa información, buscando el juicio y el perfeccionamiento que pueden aportar los ciudadanos.

Ese carácter excepcional no se mantiene de ucase, lo defienden millones de cubanos, convocados ahora a seleccionar los mejores candidatos a delegado del Poder Popular por cada circunscripción. Es un asunto de principios. Para nosotros ética y elecciones forman un binomio inseparable.