Democracia participativa ¿solo en
época electoral?

MARÍA JULIA MAYORAL

Reconocidas por su valor legitimador del poder, las elecciones ocupan un lugar de relevante importancia en cualquier país, pero la profesora universitaria y especialista en Derecho Constitucional, Martha Prieto, sin desconocer esa trascendencia, prefiere ponderar otra arista del tema, no pocas veces subestimada ex profeso.

"No bastan los mecanismos del sufragio periódico. Es preciso que esas estructuras representativas, a partir de su obra cotidiana, tengan capacidad e interés para mantener un consenso popular activo."

Desde hace 27 años, la profesora Martha
 Prieto imparte clases en la Universidad 
de La Habana en la asignatura de 
Derecho Constitucional.

Al ejemplificar esos criterios, la también investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, acude a la realidad cubana después del triunfo de la Revolución. "Durante el período de la provisionalidad, entre 1959-1976, afirma, en nuestro país no hubo elecciones. Sin embargo durante esa etapa, el Gobierno Revolucionario, en vez de perder respaldo, amplió y consolidó la adhesión popular; mediante rotundos e intensos cambios a favor de la inmensa mayoría de los ciudadanos".

"Así llegamos a 1976, cuando la experiencia revolucionaria había madurado lo suficiente como para dar impulso a la institucionalización, y el 97,7% de los cubanos mayores de 16 años votó a favor de la Constitución Socialista.

"La legitimidad de un sistema, amplía la especialista, no deriva solamente de la mayor o menor cantidad de electores que decidan ejercer sus derechos, ni del porcentaje de votos que hayan llevado a los gobernantes al poder; aunque esos indicadores sean pruebas fehacientes de la salud política de un sistema. No en balde, en muchos países crece el nivel de abstencionismo y la cantidad de personas a quienes no les interesa ni inscribirse como potenciales votantes.

"Por otra parte, si viéramos a los comicios como la única vía de manifestación del consenso activo, sería admitir que el papel de los ciudadanos es solo elegir cada determinado número de años a quienes deberán representarlos, y —entre período y período de mandato— acatar de manera pasiva y acrítica las decisiones de esos electos, así como los valores y los principios del diseño social establecido", comenta la doctora Prieto.

"Lo valioso, por tanto, del modelo político cubano, salvando algunos estancamientos que se han producido en determinados momentos, es precisamente su concepción sobre el papel de la participación ciudadana, mucho más allá de la concurrencia a las urnas.

"Se trata, afirma, de una relación que continúa después del acto electoral mediante el trabajo conjunto entre los representantes y la población, cuyos intereses y realidades siguen siendo comunes, pues los electos no forman una elite o casta separada del pueblo. Tampoco esas personas promovidas a cargos públicos, escapan del control y la fiscalización popular, ni a la revocación de sus puestos por los mismos que les otorgaron el mandato.

"En mis estudios sobre las legislaciones y las prácticas sociales en otros países, asegura, no he encontrado ninguna experiencia de democracia participativa tan sólida como la estructurada en Cuba por más de un cuarto de siglo entre los delegados de circunscripción y la ciudadanía.

"Sin desconocer algunas prácticas que en algún momento han lastrado la labor del Poder Popular, en ninguna otra parte, los órganos representativos del Estado surgen de la voluntad popular, los elegidos rinden cuenta periódicamente de su actuación a la gente sencilla y común, y se unen a ella en la vida cotidiana para enfrentar y resolver múltiples problemas.

"Al contrario, en otros contextos, el abstencionismo y la falta de credibilidad en las estructuras de poder ganan terreno. Son cada vez más las personas sin esperanzas de que los resultados en las urnas puedan cambiar su situación precaria y contribuyan a la solución de los graves problemas económicos y sociales imperantes en los países donde viven.

"Quizás algunos reconozcan un relativo éxito ideológico al pluripartidismo, pues a muchos en este mundo se les ha hecho creer que esa alternancia política es sinónimo de democracia. Pero, desde la práctica y la ciencia políticas está demostrado que esa supuesta diversidad desde el multipartidismo, no ha sido ni será, por sus propias concepciones y objetivos, una real pluralidad de opciones políticas. Constituyen apenas diferentes rostros de un mismo rejuego capitalista, dominado por las cúpulas de los partidos, para preservar el sistema establecido.

"Hay autores que han catalogado ese fenómeno como el paso de la democracia a la `partidodemocracia', para no dejar dudas de la manipulación y la farsa, soportada por millonarias sumas de dinero en campañas electorales que `venden' candidatos tal si fueran mercancías."

En opinión de la académica, no hay un modelo único ni perfecto para los sistemas electorales. Su basamento democrático estará en dependencia de las características propias del país al cual pertenece y en relación directa con cada momento determinado.

"Para nuestro país, expresa, no fue una necesidad imperiosa contar con una legislación electoral en los primeros años de la Revolución, cuando por demás, todavía era preciso madurar las nuevas ideas que servirían de base al nuevo Estado socialista. Años más tarde, en el 76, tras promulgarse la Ley, y recogidas antes las experiencias de los poderes populares en la provincia de Matanzas, el pueblo por primera vez nominó y eligió a sus delegados de circunscripción, a los que tocó luego determinar quiénes serían los delegados a las Asambleas Provinciales y los diputados a la Asamblea Nacional.

"Hasta la década de los 90 esa fue la práctica, cuya naturaleza democrática nadie puede poner en dudas. En 1992, con la reforma constitucional de ese año y la nueva Ley Electoral se perfeccionaron esas bases democráticas al quedar establecido también el voto directo y secreto del pueblo para elegir a los delegados provinciales y diputados.

"Universalizar el sufragio directo, precisamente en aquellos momentos de aguda adversidad económica, fue una prueba de madurez de la Revolución", opina la profesora. "Significó un paso en la búsqueda de la unidad nacional y la ampliación de las bases sociales del Estado por cuanto permitió a un mayor número de personas participar en la elección de sus representantes a todos los niveles. Pero el asunto no quedó ahí; en los 90, se extendieron, además, nuevas vías para involucrar a los ciudadanos en la gestión de gobierno, y el ejemplo más ilustrativo es la generalización de los Consejos Populares.

"El diseño nuestro, asevera, tendrá mucho por perfeccionar. Todavía hay ciudadanos que no tienen identificados con claridad todos los mecanismos de participación puestos a su alcance como derechos legítimos institucionalizados por la Revolución, y en la gestión del Poder Popular persisten elementos de disfuncionalidad. Pero solo en Cuba, el pueblo posee la prerrogativa y la posibilidad real para diseñar, mantener y mejorar sus estructuras de poder. Así volverá a suceder dentro de poco, cuando entre todos busquemos a los mejores y más capaces representantes para seguir construyendo juntos la obra de justicia humana sin precedentes que comenzamos hace más de cuatro décadas."