MÉXICO, 27 de julio (PL). — Más de 16 000 niños mexicanos son hoy víctimas de la explotación sexual y en su mayoría viven en condiciones de pobreza, vulnerabilidad social, abandono, desprotección jurídica y violencia intrafamiliar.

Según Ana Teresa Aranda, directora de la Oficina de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en México se carece de mecanismos para sancionar a quienes se benefician de la explotación sexual infantil, lo cual fomenta una cadena de complicidades y hace al país vulnerable por quienes se dedican a esa práctica.

A su juicio, es preocupante que el 80 por ciento de los menores que son explotados sexualmente antes hayan sido víctimas de algún abuso dentro de su entorno familiar y social.

Entre los factores asociados que agravan este problema, la funcionaria mencionó las drogas, la retención forzada, los maltratos, la servidumbre y, muchas veces, la participación de familiares.

La explotación sexual infantil arroja ganancias por siete millones de millones de dólares anuales en el mundo y según especialistas, deteriora seriamente a los niños que no cuentan con recursos ni instrumentos legales de defensa y protección.

Las declaraciones de Aranda coinciden con una reciente revelación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que desarticuló en Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, una red de pedófilos que comercializaban por internet imágenes de niños haciendo el sexo.

La red internacional de pedófilos estaba encabezada por dos estadounidenses, que mediante engaños reclutaban a menores para explotarlos y prostituirlos.

Los delincuentes hacían posar desnudos o masturbándose a los infantes a fin de fotografiarlos para luego ingresar el material pornográfico a páginas de internet, invitando, mediante la red, a otros pedófilos a tener contacto con ellos.

Para sus fines ilícitos, ambos crearon páginas web en internet, las cuales utilizaban para enviar y distribuir imágenes de pornografía infantil, incluyendo en éstas situaciones que ellos mismos denominan "sexo duro".

De acuerdo con las investigaciones, los menores eran abordados en la Plaza del Mariachi de la capital jalisciense, donde los delincuentes se aprovechaban de las condiciones paupérrimas de muchos de ellos y les ofrecían 250 pesos (unos 25 dólares) por cada sesión fotográfica.