EE.UU. no quiere el TPI

Un veto sobre otro

JOAQUÍN RIVERY TUR

WASHINGTON, julio (PL).— Las Naciones Unidas jamás contarían con los estadounidenses para ninguna misión de paz internacional si el Tribunal Penal Internacional (TPI) no les garantiza inmunidad, amenazó el secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld.

En declaraciones difundidas por los principales medios noticiosos locales, el jefe del Pentágono cerró filas con la Casa Blanca, que pretende ignorar las leyes defendidas por dicha corte destinadas a procesar criminales de guerra.

La información es escueta, y precisa algunas aclaraciones. Estados Unidos no admite que sus ciudadanos sean sometidos a ningún ente de justicia internacional en el que sus crímenes puedan ser sancionados con rigor.

Estamos en la etapa del Estado-imperio, cuando Washington está de hecho dictando sus pautas al mundo y desprecia impunemente las normas del derecho internacional.

Después de mucho batallar, de mucho discutir, en julio de 1998 se aprobó en Roma la creación del Tribunal Penal Internacional (Corte, le llaman algunos, en dependencia de la traducción), que tendría jurisdicción sobre individuos acusados de delitos cuya trascendencia traspase lo nacional.

Un total de 160 países trataron de ponerse de acuerdo y, después de muchas concesiones al mundo desarrollado, y especialmente a Estados Unidos, se llegó a un texto que recoge figuras como genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero dejó fuera o no definió claramente algunas categorías fundamentales como agresión, terrorismo, narcotráfico o bloqueo.

A pesar de todo, Estados Unidos, el país que más agresiones y genocidios comete en el mundo, no firmó e incluso entonces hubo varias declaraciones en el sentido de que no admitirían que un ciudadano norteamericano fuese sometido a proceso judicial por nadie.

¿Podría Washington admitir que un asesino como el de My Lai, que mató mujeres y niños vietnamitas en nombre de la democracia, fuera condenado por ese crimen horrendo? ¿Y cuando se presenten pruebas contra soldados norteamericanos por las barbaridades que suelen perpetrar en todos los territorios donde se encuentran? Sería como juzgar al imperio y su política, porque precisamente los militares estadounidenses son los principales candidatos a caer bajo la jurisdicción del TPI.

El Consejo de Seguridad de la ONU tendrá la prerrogativa de poder solicitar la suspensión de un juicio por un año, con posibilidades de repetir infinitamente la petición. Aquí lo peligroso es que hay cinco países con derecho de veto en ese órgano de las Naciones Unidas, lo que les posibilita casi otro veto más sobre el Tribunal, con la característica de que uno de ellos, Estados Unidos, ni siquiera forma parte del nuevo mecanismo jurídico.

Incluso, países del Movimiento No Alineado han expresado preocupación por los problemas de competencia del TPI y no desean que se convierta en un instrumento mediante el cual las naciones desarrolladas intervengan en los asuntos internos de los países pobres, como ha sido siempre la tendencia.

Al rechazo norteamericano se ha unido abiertamente otro estado: Israel, evidentemente preocupado por los crímenes que sus tropas están cometiendo contra los civiles palestinos, también —claro— con la anuencia norteamericana.

Independientemente de que se trata de un órgano recién establecido y en cuyas funciones parecen quedar resquicios por donde escapar y de que Washington tiene suficiente fuerza económica y militar para imponer criterios, en Estados Unidos no desean que haya ni la más remota posibilidad de que alguno de sus delitos contra el planeta pueda ser juzgado.

En resumen, si el país que más delincuentes internacionales atroces produce queda fuera, ¿cuál sería la eficacia internacional verdadera del TPI?, ¿para qué serviría realmente?, ¿otra vez para castigar al mundo subdesarrollado?