Muerte en la ley

JOAQUÍN RIVERY TUR

El fantasma se alzó de repente. Desde que se rompió el diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y fracasaron las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, la situación del conflicto interno colombiano ha ido empeorando cada vez más.

La mayor alegría por los sucesos que dilataban la salida negociada, política, a la guerra civil se produjo en Washington, donde no demoraron mucho en aprobar que los 1 300 millones de ayuda para "combatir" el narcotráfico, se emplearan oficialmente en la guerra de contrainsurgencia, donde se usaron desde el primer día, pero de manera encubierta.

El regocijo llegó a los militares, a los paramilitares, a los narcotraficantes (las dos últimas categorías son bastante parecidas), porque son los que sacan provecho en el río revuelto de la violencia.

Pero la idea norteamericana de aumentar la guerra mediante el Plan Colombia parece haber caído en terreno fértil después que se detuvieron todos los contactos con las organizaciones guerrilleras.

En medio de este clima insano, en Colombia surgió una iniciativa de ley para autorizar a los civiles la tenencia de armas de uso privativo hasta ahora de la fuerza pública.

Se trata de un proyecto macabro, que parece buscar que la muerte se encuentre dentro de la misma ley. Para los impulsores de las bandas paramilitares, que no se conmueven con las masacres de campesinos, la idea es magnífica. Con ella la sangre llegará no al río, sino a los océanos.

Los particulares podrán tener acceso a esas armas que ahora también tienen pero se prohíben. Se trata de una iniciativa de demencia para un Estado que no puede resolver ni uno solo de miles de asesinatos de militantes y dirigentes de izquierda, de los sindicatos y de derechos humanos.

Un grupo de destacados intelectuales del país ha levantado una fuerte protesta por el intento, que consideran "un esperpento jurídico y político con ribetes fascistas", pues no se trata de una ley hecha para los ciudadanos, sino para los mercaderes de la muerte.

Como se trata de autorizar que porten esas armas "agencias de vigilancia privada", quizás sea posible ver a los paramilitares repentinamente integrarse en esos cuerpos y actuar "legalmente".

En fin de cuentas, siempre han sido un instrumento norteamericano en la famosa guerra de contrainsurgencia o de "baja intensidad" para aterrorizar a la población civil con el fin de que no preste apoyo a los guerrilleros y se vea obligada a colaborar con el ejército por el miedo.

Junto a los sucesos de los últimos tiempos dentro de Colombia, está también la actitud del gobierno norteamericano. No es ninguna casualidad que el Departamento de Estado certificara hace poco que ha habido avances en el respeto de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas colombianas. Podría parecer un programa para el futuro.

De las noticias que van llegando, no se sabe cuál es peor. Todos los vientos que soplan son huracanados en Los Andes, llanos y selvas colombianos. Ninguno es bueno. Y a los aires naturales de los acontecimientos del país, Washington añade su propio soplo para hacerlos malsanos.