La nueva justicia

ORLANDO ORAMAS LEÓN

Los pilotos de dos cazabombarderos norteamericanos F-16 que causaron cuatro muertes en Afganistán al atacar un blanco equivocado, deberán presentarse ante una corte militar de su país para ser juzgados.

La noticia, a primera vista, presume un acto de justicia, aunque el hecho esconde todo lo contrario. El caso en cuestión involucra a un piloto de la Guardia Nacional de Illinois quien, al creer que era tiroteado desde tierra, lanzó una bomba de más de 500 libras sobre el presunto puesto enemigo, que resultó ser un destacamento de soldados canadienses de la fuerza internacional en Afganistán.

Según las reglas de la Fuerza Aérea norteamericana, el piloto debió alejarse de la zona para evaluar la amenaza y luego realizar el ataque.

Fue todo lo contrario lo que hizo el mayor Harry Schmidt, secundado por el también mayor William Umbach. Ambos lanzaron sus cargas de muerte antes de que un radar les confirmara que debajo tenían tropas enemigas.

El error costó la vida a cuatro soldados canadienses y heridas a otros ocho, lo cual bien justifica el proceso judicial que pudiera culminar en una corte marcial para los encartados.

Pero la justicia se queda corta al no juzgar a los responsables de cientos de víctimas civiles que en Kabul, Kandahar, y otras ciudades y aldeas afganas, fueron sepultados para siempre por las bombas ciegas y erráticas de la aviación estadounidense.

Sigue punzando dolor aquella foto del padre afgano frente a los cadáveres de varios de sus hijos, entre ellos uno que probablemente no tuvo oportunidad siquiera de aprender a caminar.

Era la misma American justice bajo la cual caían en paracaídas paquetes alimenticios del mismo color que las bombas de fragmentación, que mataron o mutilaron al pueblo afgano sin discriminar edad, sexo o posición ante el conflicto.

Pero el asunto no queda ahí. Estados Unidos pidió formalmente hace unos días al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que provea de inmunidad a todo el personal que sea destinado a lo que ahora llaman operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.

El proyecto de resolución busca inmunidad para los estadounidenses, civiles o militares, a fin de eludir la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), que Estados Unidos desconoce.

La administración Bush ha negado su adhesión al TPI, e incluso retiró su firma del tratado. Funcionarios estadounidenses dejaron entrever que si no se aprueba su proyecto podrían abstenerse en el futuro de participar y apoyar las intervenciones de los cascos azules.

El borrador de resolución de Estados Unidos otorga a los participantes en operaciones de la ONU "inmunidad al arresto, la detención y la persecución a todos los actos que pudieron haber cometido" durante el ejercicio de su misión.

De aprobarse, resultaría en salvaguarda para los alrededor de 700 estadounidenses que participan en operaciones bajo bandera de la ONU en Bosnia, Kosovo, Timor Oriental, el Sinaí y la frontera entre Kuwait e Iraq, entre otros puntos.

Asimismo, dispone la prerrogativa a los estados miembros que participan con efectivos en esas misiones, para solo ellos investigar y procesar, en cualquier caso, aquellas "ofensas que supuestamente hayan sido cometidas por sus nacionales en conexión con dicha operación".

Se trata de un nuevo ejercicio de Washington para situarse por encima del organismo internacional y condicionar sus contribuciones a Naciones Unidas a la aceptación de nuevas imposiciones.

En el plano legal, solo asume como válida a sus instituciones judiciales, otorga un cheque en blanco a sus efectivos en intervenciones en el extranjero y desconoce las legislaciones de las naciones donde operan sus fuerzas, aunque cambien el casco de ranger por el azul de la ONU.

Con su proyecto, la Casa Blanca intenta dar otro empujón al organismo internacional, donde causa preocupación la creciente parcialidad a favor de las posturas imperiales de los Estados Unidos.

El propio Washington Post recordó recientemente que entre responsables de la ONU y medios diplomáticos crece el temor de que Naciones Unidas se convierta en un instrumento de la política militar y exterior estadounidense.

Tales aprensiones fueron suscitadas por la revelación de que fiscales de los tribunales de guerra de la ONU entregaron a Estados Unidos pruebas de presuntas actividades terroristas de grupos islámicos en Bosnia, donde además, por presiones de Washington, las fuerzas internacionales ejecutaron la extradición de varios argelinos, pese a que había sido prohibida por orden de los tribunales bosnios.

La denuncia fue hecha por Madeleine Rees, representante en Bosnia de la Alta Comisaría para los Derechos Humanos. "El principio del imperio de la ley fue claramente burlado en ese proceso", remarcó la funcionaria.

La nueva propuesta me hace recordar los varios casos de violaciones y vejaciones cometidas por efectivos estadounidenses que ha sufrido la población de Okinawa, en Japón, o el genocidio cometido contra el barrio del Chorrillo, en Panamá. Bajo tales pretensiones, seguirán en la impunidad quienes bombardearon un tren de pasajeros y caravanas de refugiados civiles en Yugoslavia.

El poder unipolar ataca desde diversos ángulos. Mientras amenaza al mundo y anuncia próximas guerras, la Casa Blanca quiere dar una patente de corso a sus fuerzas de intervención. Junto a sus máquinas de muerte y destrucción, ellos traerían consigo la nueva justicia.