CARACAS, 18 de mayo.—La oposición venezolana continuó hoy colocando obstáculos en el camino del diálogo nacional convocado por el Ejecutivo y pidió la liberación del presidente del gobierno golpista.

Según despacho de Prensa Latina, el empresario Pedro Carmona Estanga cumple prisión domiciliaria, sujeto aun proceso judicial tras ocupar la presidencia de la República después del golpe de Estado del 11 de abril y decretar la disolución de los poderes públicos.

Carmona encabezaba entonces la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámaras), organismo gremial de los grandes empresarios, comprometida en el plan desestabilizador que precedió a la asonada.

Ahora Carlos Fernández, presidente en funciones de Fedecámaras, afirmó que Carmona solo fue llamado por los militares para cubrir un vacío de poder en el país e ignora la detención del Jefe de Estado y el asalto a las instituciones oficiales.

Resultó curiosa la posición de la organización colocando el tema de la liberación de Carmona como condicionante para el logro de un acuerdo nacional si se toma en cuenta que Fernández suscribió en su nombre el decreto de disolución de los poderes.

Ese documento incluyó la falsa noticia de la renuncia del presidente constitucional, Hugo Chávez, liquido el Parlamento y hasta eliminó el calificativo de bolivariana incluido por la Carta Magna en el nombre de la nación sudamericana.

Como excusa, el empresario afirmó que no es abogado y asistió al acto de firma del decreto y proclamación de Carmona por los militares golpistas "como cualquier testigo que va a un bautizo o a un matrimonio".

El planteamiento sobre la libertad para Carmona se realizó en el marco de la asamblea Nacional de la Confederación de Comercio (Consecomercio).

A ese evento fue también a plantear condiciones para participar en el diálogo una representación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), encabezada por su secretario general, Manuel Cova.

Ese grupo de dirección, aun considerado ilegal por el carácter fraudulento de los comicios internos en los cuales fue electo, constituyó factor fundamental, junto a Fedecámaras, en el plan desestabilizador que culminó con el golpe.

La CTV planteo ahora que, además de exigir un reconocimiento oficial de su directiva, el gobierno deberá apartar al vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, como coordinador de la mesa de diálogo nacional.

Para esos sindicalistas, lo ideal es entregar dicha responsabilidad a una instancia foránea, especialmente la Organización de Estados Americanos, además de reclamar el recorte del actual período presidencial y la convocatoria a nuevas elecciones generales este año.