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Los trasfondos del Fondo ORLANDO ORAMAS LEÓN Puede que alguien se pregunte, falto de información, por qué las consignas contra el FMI son enarboladas en marchas y protestas en latitudes tan distantes como las que separan a naciones asiáticas, de las primermundistas europeas o en el corazón del propio imperio estadounidense.
Quizás se responda asimismo que se trata de un complot contra el Fondo Monetario Internacional, institución que se presenta cual salvavidas en situaciones de crisis como la que estalló hace unos años en Tailandia y se expandió cual plaga por Asia, o la rusa, poco después, y también la mexicana, cuyo efecto tequila preocupó a toda Latinoamérica. Tales sacudidas inherentes al entarimado económico del capitalismo tienen ahora al caso argentino ocupando titulares, y exponiendo al desnudo los trillados caminos del neoliberalismo, incluido el triste papel del engendro de Bretton Wood. LA TRAMPA ARGENTINA Fue en Argentina donde el recetario neoliberal se aplicó a capa y espada, con la privatización de la mayor parte del patrimonio público y el entusiasmo explícito y certificado del FMI. Es a la propia institución, corresponsable de la crisis, a la que apuesta el gobierno de Eduardo Duhalde para implorar un salvavidas a la economía local, y a su propia sobrevivencia política. Pero en el centro de la cuestión siguen sin estar los argentinos de a pie, todo un ejército que ve aumentar sus filas. Asumiendo entonces el papel de salvador e inquisidor, el Fondo se vuelve a colocar en su papel de organismo supranacional que dicta condiciones a estados soberanos, postal a todo color del tipo de globalización que se impone desde Washington. La autodeterminación y soberanía de los argentinos quedó en entredicho, cuando el Senado sancionó la decisión de derogar la llamada Ley de Subversión Económica, una de las exigencias del FMI para acudir al llamado de auxilio financiero lanzado angustiosamente desde Buenos Aires. El texto legislativo, que se pretende abolir, castiga a dueños de empresas, ejecutivos, gerentes y administradores responsables de delitos financieros, ya sea por imprudencia o negligencia. La derogación puede conducir a la liberación de connotados ex funcionarios procesados bajo cargos de subversión económica, entre ellos el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo y el banquero Carlos Rhom, sospechoso en una causa que investiga la enorme fuga de capitales registrada en noviembre pasado, por la cual se implementó el llamado corralito financiero. El FMI reclamó la sepultura de la referida ley, bajo el pretexto de que la norma generaba "inseguridad jurídica" para los negocios en el país, cuando lo que en verdad se pretende es una nueva patente de corso para comprar en regalía lo poco que el Estado argentino pueda vender. "Todos estamos convencidos que (el FMI) no lo está pidiendo para mejorar la legislación penal en Argentina, sino que lo está pidiendo para que algunos banqueros vinculados a los negocios internacionales tengan impunidad", fue la respuesta del senador opositor Juan Carlos Passo. A nivel de la opinión pública, la decisión del Senado resultó una verdadera bofetada, pues podría exonerar a una treintena de banqueros que son procesados por desangrar las arcas del país. La votación fue decidida por apenas dos votos de diferencia, y ya se anuncia un áspero debate en la Cámara de Diputados. Pero la Cámara baja no escapa a las presiones ni a la subordinación. Ese brazo legislativo aprobó por su lado otro de los requisitos impuestos por el Fondo. Los diputados, tras dura discusión, reformaron la Ley de Quiebras para otorgar a los acreedores la posibilidad legal de quedar con el control de las compañías en quiebra. Durante el acalorado debate no pocos legisladores se cuestionaron la soberanía nacional ante el FMI. Fue el momento en que la diputada Alicia Castro, del Frente para el Cambio, colocó una bandera estadounidense sobre la mesa de la presidencia de la Cámara, para remarcar que el Parlamento se estaba convirtiendo en una "escribanía" de los intereses de Estados Unidos. La reforma a la Ley de Quiebras, por la que numerosas empresas argentinas pueden pasar a manos de transnacionales extranjeras a precios de ganga, se une entonces a la lapidación de la Ley de Subversión Económica para abrir más el país a la dependencia del capital extranjero. Es una verdadera trampa para la economía austral, pues son estos capitales los primeros en volar, con las ganancias por delante, cuando se avecinan tiempos de tormenta. Tales prácticas, bendecidas por el Fondo Monetario, descapitalizan a los estados, desestabilizan a los gobiernos y multiplican la pobreza. No sorprenden entonces estadísticas oficiales que sitúan a la mitad de la población argentina por debajo del nivel de pobreza. Se trata de más de 18 millones de personas, afectadas por el brutal aumento de la canasta básica desde diciembre pasado, entre otras consecuencias de la debacle neoliberal. Y el deterioro social podría agravarse con un incremento de la espiral del desempleo. La Unión Industrial Argentina, ente empresarial, pidió a la administración otorgue "cobertura legal" a las empresas para suspender y despedir trabajadores, ante la difícil situación del sector. Son estas soluciones típicamente neoliberales, de las impuestas por las misiones "técnicas" del FMI, la institución supranacional que impone legislaciones a parlamentos y gobiernos. El ente que, con el contubernio de políticos locales, aprieta el cinto a los necesitados; en fin, el Fondo, que mientras presta participa de la fuga de capitales y, como ahora, exige impunidad a sus asociados. Pero estas son apenas algunas respuestas para responder a quien se pregunte por qué hay protestas contra el FMI en diversos puntos del planeta. Los trasfondos del Fondo. |
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