Expertos de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS-OMS), y de Cuba, Estados Unidos y Chile coincidieron en señalar que sin voluntad política de los gobiernos es difícil llevar adelante los programas de inmunización popular.

Una mesa redonda sobre el impacto de las reformas del sistema de salud en las enfermedades infecciosas en América Latina trató ese asunto, como parte de la Convención Internacional Salud Pública 2002, que sesiona en el Palacio de las Convenciones.

El doctor Pedro Más, presidente del Comité Organizador y portador de las conclusiones de una reunión previa, señaló que si los países de la región contaran con verdaderas estrategias políticas y dinero habrían sido mejores los resultados en los programas de vacunas, y cómo a pesar de ello disminuyen la poliomelitis y el sarampión.

Citó como otras dificultades la asignación tardía e inadecuada de las vacunas, la falta de cooperación en la movilización de los recursos locales, y un desconocimiento de las prioridades y metas.

De ahí la necesidad, dijo, de la cooperación en la producción de esos medicamentos y de la solidaridad en busca del acceso por igual de todos los territorios pobres y ricos a las vacunas, en lo cual Cuba acaba de dar un ejemplo con la donación de un millón 300 mil dosis de vacunas antimeningocóccica BC a Uruguay, pese a la oposición de su gobierno.

Las vacunas deben constituir un bien público y un derecho individual, advirtió el experto cubano.

Por su parte, el doctor Carlos Dotres, ministro de Salud Pública, afirmó que no funcionará ni tendrá mejoría la salud del pueblo con reformas que respondan a intereses mercantiles o de las instituciones financieras en un país.

También resultó interesante la exposición del antrópologo norteamericano Paul Farmer, quien insistió como la voluntad del Estado influye en los resultados del control que se tenga sobre el SIDA, y a modo de ejemplo comparó a Haití, la nación de mayor tasa de cero positivos en la región, con Cuba, la de menor índice.

Explicó que la isla caribeña desarrolla un fuerte programa nacional contra ese flagelo, integrado en la red de atención primaria, con alta eficacia en los tratamientos antivirales y con apoyo social.