La amnesia del infidente

FÉLIX LÓPEZ

TODAVÍA SE buscan esqueletos en los armarios de los dictadores que gobernaron América Latina durante los años setenta. Y aún se clama justicia por 50 000 personas asesinadas, 30 000 desaparecidas y 400 000 encarceladas durante la Operación Cóndor, internacional del terror coordinada por los servicios secretos de los Estados Unidos.

En Uruguay hay una deuda pendiente con los derechos humanos. Pero su gobierno —que no el pueblo— ha tenido la desfachatez de entregar al imperio el nombre del país y presentó en la CDH de Ginebra un proyecto anticubano que fue pensado en inglés y tramado bien al Norte del Cono Sur.

No nos engañamos. Los cubanos sabemos que en esa infamia no está comprometida el alma de los 500 000 uruguayos que una vez la dictadura arrastró al exilio, o de millones de latinoamericanos que malviven en los cerros, las favelas, los campos y las calles de este continente; donde los gobernantes se gradúan de corruptos y toman clases de neoliberalismo en las "academias" del FMI y el Banco Mundial.

Allí también se aprenden las técnicas del doble discurso: los gobernantes uruguayos, por ejemplo, manifiestan en el plano exterior su compromiso con el respeto a los Derechos Humanos y de los instrumentos internacionales que los garantizan, pero dentro de casa se niegan sistemáticamente a atender un reclamo elemental desde el punto de vista humanitario, ignorando el sentir de la ciudadanía.

El pueblo no se resiste a perdonar a aquellos militares que ascendieron sobre montañas de crímenes y siguen contando con el aval del Senado de la República. Bastaría con el ejemplo de Jorge Silveira —uno de los más conocidos torturadores, responsable de numerosas desapariciones forzadas y de operativos de coordinación represiva en el Cono Sur— designado como asesor directo y hombre de confianza del Comandante en Jefe del Ejército.

De qué derechos humanos puede hablar un gobierno donde los mandos militares no han dejado de reivindicar públicamente, en reiteradas oportunidades, el terrorismo de Estado, legitimando una versión de la historia que tiene su "fundamento" en la Doctrina de la Seguridad Nacional, según la cual todo opositor político era un enemigo a eliminar, y los crímenes de lesa humanidad cometidos no fueron más que acciones de guerra.

La CDH de Ginebra debería preguntar al Canciller uruguayo cuándo su gobierno va a responder a ese reclamo de justicia, que tiene indiscutibles dimensiones éticas, políticas e históricas. Varios organismos internacionales de derechos humanos han venido exhortando a las autoridades uruguayas a esclarecer la suerte corrida por personas que fueron víctimas de desaparición forzada durante el régimen militar de 1973 a 1985, a llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes y permitir a miles de personas conocer el paradero de sus seres queridos.

El pasado viernes, los uruguayos de bien sintieron vergüenza de sus gobernantes. Y más con el anuncio del acto bochornoso que es el rompimiento de relaciones con Cuba. Muchos de ellos, quizás los mayores, recordarán aquel episodio del 29 de abril de 1968, cuando su actual presidente, Jorge Batlle, protagonizó una de las más "humanas" fechorías que recuerda la historia económica de aquel país: una estafa en perjuicio de la banca nacional.

Durante cuatro campañas aspirando a la Presidencia, Batlle arrastró el mote de "infidente", imagen que no pudo remediar ni utilizando a fondo dos medios de comunicación de su propiedad, un diario y una emisora de radio.

Según la revista Brecha (6-10-1989), Batlle se enteró en casa de Enrique Iglesias, entonces presidente del Banco Central del Uruguay, sobre el monto de una devaluación que realizaría esa entidad. Lo primero que hizo fue comprar dólares por anticipado (se dice que viajó con un camión a Brasil), y luego hizo correr el rumor de que el peso se devaluaría, y remató la operación con la "infidencia" al diario BP Color.

De esa manera —"cívica y patriótica"— aseguró su fortuna inicial el hombre que ahora ha vuelto a jugarse su prestigio, vendiendo al "mejor" postor la independencia de su país. Pero los pueblos no se equivocan: poco más de tres décadas después de aquel desfalco a su país, Jorge Batlle, el infidente, "regresa" al lugar de los hechos. Imposible que sus correligionarios puedan llamarlo Presidente.