Estados Unidos

Muñecos de los empleadores

NICANOR LEÓN COTAYO

Cada 24 horas en Estados Unidos son triturados los derechos humanos, tanto, que pudiese considerarse uno de los mayores violadores de estos a lo largo y ancho del planeta. 

La cadena de hechos cometidos es tan larga, que podría llegar desde Washington hasta Ginebra, donde cada año autoridades norteamericanas se erigen como delirantes defensoras del tema.

Hace poco, el 28 de marzo, la Corte Suprema de Justicia de ese país estableció para los trabajadores indocumentados, dejados cesantes injustamente, que no tienen los mismos derechos que el resto. 

El senador estadounidense Edward Kennedy calificó lo anterior como "un paso atrás" en los derechos laborales, y los cuatro jueces que votaron en contra lo caracterizaron como un estímulo al abuso con muchos inmigrantes. 

Según la agencia DPA, ahora con más fuerza los empleadores podrán utilizar a personas indocumentadas y en cualquier momento echarlas a la calle sin justificación y no pagarles los salarios atrasados. 

El asunto llegó a la Corte a través del caso, entre otros, del mexicano José Castro, quien demandaba a la empresa Hoofman Plastic Compounds, de Los Angeles, el pago del dinero no recibido por su despido arbitrario. 

Un estudio vinculado a la Universidad de California estimó en casi 8 millones el número de trabajadores indispensables para sectores como la agricultura, la construcción y los servicios. 

La institución PEW Hispanic Center dio a conocer en Nueva York que en tal situación se encuentran el 47% de los 2,5 millones de obreros agrícolas del país, el 24% de los sirvientes de casas privadas y el 9% de los empleados de restaurantes. 

El periódico ultraderechista El Nuevo Herald dijo en su edición del 9 de julio del año pasado, que hombres, mujeres y niños que llegaron a Estados Unidos por distintas razones "son forzados a la servidumbre" en fábricas, zonas rurales o prostíbulos. 

"Es asombroso que estemos en el siglo XXI y que esto continúe existiendo", declaró entonces Laura Germino, de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, quien, subrayó el Herald, investiga quejas sobre "tráfico de esclavos en el suroeste de la Florida". 

Entre los numerosos ejemplos citados estuvo uno en Berkeley, estado de California, donde Lakireddy Bali se declaró culpable de traer 25 mujeres de la India para usarlas como esclavas sexuales. 

Además otro en Fort Pierce, protagonizado por Michael Allen Lee, culpable de emplear en la recogida de naranja a ciudadanos negros desamparados, a los cuales obligaba a trabajar dándoles cocaína crack. 

El 29 de marzo último la actual administración republicana de Estados Unidos designó a Gerald Reynolds como secretario adjunto de Educación para los derechos civiles. 

Al comentarlo, el senador Edward Kennedy manifestó ese día: "Este es un ejemplo más de la falta de compromiso del gobierno en la aplicación de los derechos civiles de nuestro país". 

Luego hizo referencia a las audiencias para confirmar a Reynolds, donde se plantearon "serias dudas acerca de sus calificaciones para una posición que afecta a los derechos civiles de millones de estadounidenses". 

Sin la menor duda, el banquillo de los acusados hace años espera ser ocupado por las autoridades norteamericanas en Ginebra.