El señor Bush y los derechos humanos

TERESA CARPIO V. (*)

UNA DE las principales víctimas después del 11 de septiembre han sido los derechos humanos. Al día siguiente, y al mismo tiempo que condenábamos con dolor el ataque, hileras de pobres ancianos y madres desoladas arrastraban a sus hijos huyendo a Paquistán. Dejaban atrás el Afganistán que comenzaba a ser bombardeado por las prohibidas bombas racimo.

Al día siguiente más de mil personas fueron detenidas en Estados Unidos sin ninguna acusación y han permanecido incomunicadas en estado de aislamiento, sin derecho a la defensa durante tres, cuatro y seis meses. Los últimos informes de AI señalan que permanecen detenidas alrededor de trescientas personas. Ellas, engrilladas y en pequeñas celdas, se han preguntado una y otra vez: ¿cuál es mi delito? El ser extranjero, pertenecer a una comunidad étnica y profesar un credo religioso fue motivo de persecución que ha sido objeto de denuncias de las organizaciones de derechos humanos.

Justicia, no venganza, demandaba Amnistía Internacional, pero bajo el pretexto de luchar contra el "terrorismo internacional" se discutieron y aprobaron disposiciones legislativas violando apresuradamente los derechos individuales, pactos y tratados previamente suscritos. Rápidamente otros países se convertían en aliados de una gesta internacional que veía en todo opositor político a un posible "terrorista" que debía ser detenido sin demora. Miles de personas fueron detenidas en ese período en diferentes países.

La tortura, aquel acto cruel, inhumano y degradante por el cual un ser humano atenta contra la vida de otro, fue sometida a discusión pública y motivo de editoriales en las páginas más influyentes de los Estados Unidos. Abiertamente se plantearon preguntas sobre si era lícito el uso de pentotal o en qué casos podría estar permitido torturar para arrancar una confesión. Asimismo, el Ejecutivo, entiéndase el Presidente de los Estados Unidos, podría decidir si un ciudadano extranjero debía ser acusado y enjuiciado por una corte militar. Leyes "antiterroristas" se promovieron inmediatamente también en otros países europeos, asiáticos y a nivel de América Latina.

Seguramente nunca nos hubiéramos imaginado ver en Guantánamo, Cuba, a los prisioneros afganos dopados, arrodillados y engrillados. Estos miembros de las fuerzas del ex gobierno del Talibán o integrantes de Al Qaida son presuntos prisioneros de guerra y como tales deben ser tratados humanamente y en concordancia con el Derecho Internacional Humanitario establecido en los Convenios de Ginebra. Estados Unidos tiene la obligación de garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas bajo su custodia, y no puede ser prerrogativa del Secretario de Estado o de ninguna otra autoridad decidir si los recluidos en Guantánamo son prisioneros de guerra. Esto deberá determinarlo una Corte independiente.

En los últimos veinticinco años Estados Unidos ha matado a tiros, a gas, electrocutado, ahorcado o envenenado a más de 750 presos, seiscientos de ellos desde 1990. Datos estadísticos muestran que muchos de los condenados a muerte son afroamericanos, latinoamericanos y otros migrantes. Le preguntamos al sr. George W. Bush y a las autoridades actuales. ¿Cuáles son los beneficios mensurables que estos homicidios de Estado han aportado a la sociedad? El castigo en las cárceles, a través de las sillas de inmovilización para controlar a los prisioneros, han producido la muerte de 11 personas en las prisiones de Estados Unidos en los últimos seis años.

El largo brazo de las decisiones norteamericanas ha tocado a Colombia a través de un plan —Plan Colombia— ideado originariamente como un programa que respaldaría el proceso de paz. El plan, sin embargo, se convirtió en eminentemente militar, intensificándose el conflicto armado. Las condiciones relativas a los derechos humanos como base para recibir la ayuda fueron dejadas al margen. Estados Unidos ha proporcionado a las fuerzas armadas colombianas gran cantidad de ayuda militar, incluidos helicópteros, supuestamente para combatir el narcotráfico. No obstante, declaraciones recientes de altos cargos militares colombianos indican la posibilidad de que el material militar estadounidense, incluidos los helicópteros, se utilizan en la operación de recuperación del control de la zona desmilitarizada y en operaciones de contrainsurgencia.

A menos que se ofrezcan garantías claras que la ayuda militar estadounidense no se utilizará en operaciones que pongan en peligro la vida y los derechos humanos de civiles, no debería extenderse el ámbito de aplicación de la ayuda militar.

¿Es válido preguntarnos, a propósito del informe del Departamento de Estado, si no estará tratando a sus aliados con demasiada comprensión cuando violan los derechos humanos como podría ser el caso también de Israel? La afirmación de la paz y los derechos humanos no tiene fronteras. El señor Bush tiene que responder a estas y otras demandas.

(*) Directora de la Sección Peruana de Amnistía Internacional.