Leyes antiterroristas

Todos bajo sospecha

NIDIA DÍAZ

LA HISTORIA de Estados Unidos se ha erigido sobre una filosofía mesiánica, según la cual sus gobernantes han sido elegidos para hacer cumplir el destino de la nación y del mundo, aunque para ello tengan que olvidarse de la ética y recurrir a la violación de cualesquiera leyes nacionales e internacionales.

El desplome de las Torres Gemelas el 11 de septiembre último, le permitió al hasta ese momento ilegítimo y timorato gobierno de George W. Bush, consolidar el liderazgo de Estados Unidos al frente del mundo unipolar y coronarse emperador.

Con su pulgar levantado a la usanza de los césares, el nuevo emperador lanzó el mayor reto que conociera la historia humana hasta entonces: "o con EE.UU., o con el terrorismo". No hay opción.

El mundo sobre el que W. Bush reina tiene que ser, porque así lo quiere él, el del gran capital y el complejo militar industrial, a la imagen y semejanza de sus amos. Un Dios único: el mercado; un solo sistema: el capitalista; un solo gobierno: el de Washington.

Para lograrlo ha sido instrumentada una nueva legislación: la antiterrorista que ya va siendo impuesta no solo en territorio estadounidense, sino en el de sus aliados aun cuando esta viola los más elementales derechos civiles y políticos de la población.

"Bajo sospecha" es, desde el 11 de septiembre, una nueva forma de chantaje político, una escalada de la xenofobia, un incremento a niveles inusitados de la discriminación que coloca a los ciudadanos del tercer milenio en una capilla ardiente sin retorno de la que solo podrán escapar si hacen y actúan como espera de ellos el sistema.

Los árabes, los negros, los hispanos; los devotos de cultos islámicos, protestantes, sincréticos; los que representen culturas diferentes a las del poder imperial y sus aliados han quedado atrapados en el fotoshop de la duda, en el kolimador de la venganza.

El 26 de octubre del 2001, a poco más de un mes de los atentados terroristas a la Gran Manzana, el gobierno norteamericano aprobó la llamada "Ley para la unidad y fortalecimiento de los EE.UU. al proveerlo de las herramientas apropiadas para entorpecer y obstruir el terrorismo del 2001", conocida escuetamente por las siglas: USA PATRIOT ACT.

En Gran Bretaña, el gobierno de Blair aprobó el 14 de diciembre último y de la misma forma apresurada la "Ley de seguridad contra el terrorismo y la delincuencia de 2001", cuatro días después en Canadá quedó refrendada la "Ley contra el terrorismo". El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea aprobó la Decisión Marco sobre el terrorismo y otras reglamentaciones que establecen, además, listas de grupos y personas calificadas como terroristas.

Para algún que otro extraterrestre, estas disposiciones legales se verían como una justa y razonada respuesta a los peligros que entrañaría para tales sociedades el accionar terrorista.

Pero nosotros, los terrícolas que vimos surgir de entre las ruinas humeantes de las Torres Gemelas estos engendros, sabemos que forman parte del arsenal hegemónico, discriminatorio y selectivo de un sistema excluyente que amparado en la histeria masiva por el temor a nuevas acciones de este tipo, estimula e induce a tendencias neofascistas, santificadas por la doctrina Bush.

¿Por qué numerosas organizaciones de derechos humanos y civiles levantan su voz de denuncia contra las nuevas legislaciones antiterroristas?. ¿Por qué la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, en su informe anual ante el 58 período de sesiones de la CDH, dijo claramente que "la nueva batalla contra el terrorismo ha caído en violaciones que deben ser frenadas, controladas y reguladas", ganándose no solo la crítica pública de la Casa Blanca, sino su decisión de impedir que pueda reelegirse en su cargo?

Una breve ojeada a las leyes aprobadas en los llamados "países occidentales" nos revela que tienen como denominador común una marcada ausencia de las garantías judiciales y procesales y, por tanto, son violadoras de los derechos humanos más universalmente reconocidos.

Tales legislaciones permiten detener por tiempo indefinido a sospechosos de cometer actos terroristas, igualmente se aprueba la posibilidad o no de que tengan representación legal, se les otorga a los gobiernos, la policía y los organismos de inteligencia el derecho a interceptar comunicaciones por cable, orales o electrónicas.

Asimismo, se les otorga a la policía y a los servicios de inteligencia la posibilidad de detener, procesar y deportar a inmigrantes considerados sospechosos y se faculta a los Ejecutivos de los países que las han aprobado, confiscar propiedades de organizaciones, personas y países considerados vinculados con el terrorismo.

Lo peor de todo es que estas leyes son tan ambiguas y tienen un diapasón tan amplio que el término de actividades terroristas puede aplicárseles, incluso, a los manifestantes contra la globalización neoliberal, al movimiento obrero y popular que lucha por reivindicaciones de carácter social, económico y político.

Y es que, en la lista de los delitos que tipifican el término de actividades terroristas se incluyen: ocupación ilegal o daños a facilidades del gobierno o del Estado, medios de transporte público, infraestructuras, lugares de uso público o interferir y cortar el suministro de agua, electricidad o recursos esenciales.

Como diría una frase popular: verde con punta, guanábana.

Sobre esa base, los piqueteros argentinos, los cocaleros bolivianos, los antineoliberales, los obreros de las grandes plantas industriales que toman sus fábricas contra la política de despidos masivos o los que en Vieques protagonizan actos de desobediencia civil, podrían quedar bajo sospecha, ser procesados y ser etiqueteados como terroristas.

¿De qué estamos hablando?

Las leyes antiterroristas aprobadas ya en Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y la Unión Europea violan el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al permitir la detención indefinida de un sospechoso, sin una orden de arresto, sin ser acusado formalmente, sin celebrarle juicio.

Violan los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece claramente el derecho a las garantías procesales y la prohibición de la detención arbitraria, entre otros elementos.

Violan el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos toda vez que legitiman la invasión a la privacidad y la seguridad de las personas para poner solo algunos ejemplos.

Estas legislaciones son la prueba más evidente, y no nos cansaremos de repetirlo, del doble rasero, de la doble moral con que el imperio y sus aliados manipulan y politizan el tema de los derechos humanos en función de sus intereses y objetivos políticos.

El terrorismo y los terroristas son hijos del imperio cuya misión ha sido la de hacerles el trabajo sucio. Ellos siempre encontraron y encontrarán guarida en su territorio y en el de sus aliados. La historia, no lo dudemos, los tiene ubicados.

Con las actuales legislaciones antiterroristas el Norte rico y xenófobo esconde taimadamente otros objetivos: controlar y eliminar a aquellos que disienten de sus objetivos de dominación mundial hegemónica, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Todo lo demás es, en definitiva, pura retórica desinformadora.