QUITO, 28 de enero (PL).—Una semana de nuevas tensiones rodeará desde mañana al Congreso de Ecuador, que entrará de lleno a tramitar bajo amenaza más presiones del Gobierno una reforma política por cinco meses postergada.

El presidente del Legislativo, Juan Cordero, afirmó que existe buena voluntad para tratar los proyectos del Ejecutivo presentados el año pasado y por eso se dispuso que el tema se incluya en el orden del período.

Sin embargo, un informe previo de la Comisión de Asuntos Constitucionales desechó virtualmente la propuesta del presidente, Gustavo Noboa, por considerar inapropiado el momento para ese propósito, debido a la campaña electoral de este año.

Las discusiones deberán comenzar por el levantamiento del "candado constitucional", una norma jurídica aplicada por la Asamblea Constituyente en 1998, la cual estipula que no se podrá efectuar una reforma de manera inmediata y que para su aprobación definitiva debe transcurrir un año entre el primer y segundo debates.

El proyecto del Gobierno enfrenta una cerrada resistencia del poderoso Partido Social Cristiano (PSC) y de otras fuerzas políticas, con las que se impondrán polémicas discusiones.

Para el diputado Pascual del Cioppo (PSC), no es prioritario el trámite, pues el Congreso tiene otras obligaciones más importantes, pero además la Reforma, que estimó demagógica, "no mejorará la calidad de vida de los ecuatorianos".

El país "no comerá más o mejor si tiene una o dos cámaras" (como persigue Noboa en el Congreso), apuntó al tiempo de llamar a los diputados a ocuparse de asuntos de fondo.

Por su parte, Nina Pacari, de Pachakutik (centroizquierda), sostuvo que la única reforma susceptible de pasar será la relacionada con el candado constitucional, pese a que se pronunció por reducir el número de diputados a 82, en lugar de los 123 existentes, otra de las iniciativas.

Pacari expuso a su vez que no caben las amenazas de Noboa de llamar a una consulta popular si no se tramita la reforma, lo cual dijo podría entenderse como un chantaje inadmisible.

La Reforma plantea entre otros temas la reestructuración y despolitización de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, órgano que ha frenado proyectos gubernamentales, como el aumento del Impuesto al Valor Agregado.

En medio de la polémica, el secretario de la Administración, Marcelo Santos, estimó el fin de semana poco serio no considerar las propuestas del Presidente alegando que el presente es un año electoral.

Santos, en una reiteración de sucesivas advertencias, dijo que es necesaria la democracia, pero que esta "tiene sus límites".

Para analistas, tanto el Presidente del Congreso como el Gobierno tendrán que poner a prueba su poder de disuasión con argumentos sustanciosos, en busca de evitar nuevos enfrentamientos, frente a la oposición a la Reforma Política.