IV Pleno del Comité Nacional de la CTC

Dispuesto el movimiento sindical a enfrentar las causas que originan el delito

Silvia Martínez

El IV Pleno del Comité Nacional de la CTC resolvió participar más activamente en la batalla de ideas con un enfrentamiento sistemático y coherente al delito y la corrupción desde los colectivos laborales mediante la acción de los ejecutivos sindicales.

No existe, como se dijo en el análisis, misión político-ideológica más importante que actuar sobre las causas que originan hechos que tienen una alta incidencia económica y laceran los principios de nuestra sociedad. Desde hace más de un mes se trabaja para diseñar el método de cómo instruir a los más de 100 000 ejecutivos sindicales en un proceso de reflexión y preparación que se extenderá hasta marzo.

Pedro Ross Leal, miembro del Buró Político del Partido y secretario general de la CTC, explicó que esto tiene un carácter preventivo, regenerativo, pues no se trata de cazar errores y culpables, sino de educar, moralizar el medio laboral y todo cuanto más pueda avanzarse dependerá de los dirigentes sindicales y su influencia sobre los colectivos de trabajadores.

Hubo consenso en el Comité Nacional de que esta labor será compleja, pero en la constancia y unidad de las acciones recaerá el éxito de un programa que será mancomunado con otras organizaciones e instituciones.

Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo, afirmó que existen sanciones que no se corresponden con la gravedad del delito, mientras hay personas que son salvables si se aplica una simple medida administrativa. Nosotros, dijo, también nos estamos revisando y rectificando para poder realizar una labor mucho más efectiva.

Quedó clara la necesidad —y así aparece en uno de los acuerdos— de combatir la falta de exigencia y la incapacidad de algunas administraciones, que en no pocos casos liberan al infractor, sin tomar siquiera una medida disciplinaria con él, impunidad que los lleva a cometer otros delitos en su nuevo lugar de destino.

Al respecto, Juan Escalona Reguera, Fiscal de la República, acotó que se había adoptado la medida de informar directamente a los trabajadores, y no a la administración como se hacía antes, sobre el resultado de las verificaciones fiscales, con clara precisión de los hechos delictivos, los responsables y las medidas adoptadas.

Actualmente el 85 por ciento de las sanciones administrativas se limitan a una amonestación pública y a la aplicación de una multa que no rebasa el 15 por ciento del salario correspondiente a un mes del individuo, ejemplo presentado por Escalona, y que denota la indolencia administrativa ante tales sucesos.

Lina Peraza, ministra de Auditoría y Control, ofreció detalles sobre el programa ejecutado por ese organismo para el diagnóstico del delito y la corrupción en los centros de trabajo, el cual ha permitido poner en práctica muchas medidas.