Provoca dudas reforma educacional de Bush

Una reciente reforma educacional estadounidense provocó preocupación en diversos sectores norteamericanos, tras la revelación de que beneficiará a empresas ubicadas entre los más cercanos aliados de la Casa Blanca.

Según trascendidos, los principales beneficiados con la ley serán empresas muy cercanas a la Casa Blanca, tal como ocurre con el escándalo que rodea la quiebra de la empresa energética Enrom, la que realizó mayor aportes a la campaña presidencial de Bush, presuntamente a cambio de favores posteriores de la administración.

La legislación puesta en vigor el pasado 8 de enero fue promocionada como una de las medidas más ambiciosas desde la década de los 60 y establece, entre otros aspectos, pruebas estatales anuales desde tercero al octavo grados y una campaña de alfabetización infantil con textos únicos.

La decisión sorprendió a muchos porque contradice la línea tradicional del Partido Republicano, opuesto a lo que consideraba una intromisión federal en asuntos educacionales correspondientes a los niveles local y estatal.

Sin embargo, otros estiman que completa una reforma promovida por líderes conservadores y empresariales que ven las escuelas públicas como instrumento de formación de una cultura nacional, acorde con los lineamientos ideológicos predominantes.

Para ellos se trata de un intento de homogeneizar las sociedad frente al peligro que para los conservadores representa la influencia multinacional de la inmigración.

Adicionalmente sectores críticos del Presidente temen que la ley esconde un negocio para beneficiar a empresas afines a la familia Bush, como sucedió en Texas y California bajo el dominio del clan.

Stephen Metcalf, del semanario The Nation, recuerda que cuando Bush invitó a la Casa Blanca a presuntos líderes educacionales, el primer día de su gobierno, el grupo estaba dominado por directivos de las 500 compañías más importantes del país según Fortune.

Ahora la nueva ley destina 387 millones de dólares para su puesta en marcha y la Asociación Nacional de Juntas Estatales de Educación estima que la realización de los exámenes estatales costará de 2 700 millones a 7 000 millones de dólares.

Peter Sacks, autor del libro Mentes estandarizadas, asegura que ya los exámenes anuales son un negocio de 390 millones de dólares y con las nuevas regulaciones por lo menos 15 estados deberán triplicar sus gastos.

Las mayores compañías dedicadas al negocio de los exámenes y los textos escolares están encabezadas por las llamadas tres grandes: McGraw-Hill, Houghton-Mifflin y Harcourt General, todas identificadas por Wall Street como donantes de la campaña de Bush en el 2000.

Metcalf asegura que desde 1930 Prescott Bush y James Mc Graw Jr., los patriarcas de ambas familias, vacacionaban juntos en Jupiter Island, un centro de descanso para millonarios en la Florida.

Harold McGraw Jr. ocupó un sitio en la junta de la Fundación Barbara Bush para Alfabetización Familiar y McGraw a cambio recibió un alto premio otorgado por George Bush padre en los 90 por sus aportes contra el analfabetismo. Otro McGraw formó parte del equipo de asesores de George W.

John Negroponte, conocido por su apoyo a los regímenes dictatoriales centroamericanos, dejó su cargo de vicepresidente de McGraw-Hill para pasar a embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas.

Cuando George W. Bush era gobernador de Texas promovió proyectos de libros de textos escolares que fueron criticados por el predominio de autores de McGraw-Hill.

Según la nueva ley se destinará a la compra de libros escolares tres veces más dinero que hasta ahora: unos mil millones de dólares anuales durante los próximos seis años.

Gerald Coles, autor de Lecciones de Lectura: el debate sobre alfabetización, advirtió que no debe sorprender si, como en Texas, McGraw-Hill se lleva una considerable parte de la asignación.

Pero, adicionalmente, varios pedagogos expresan sus críticas a Bush porque basa su campaña contra el analfabetismo en un sistema que no está científicamente probado.

La alternativa más razonable, en opinión de expertos, es introducir equidad a largo plazo en el sistema educacional, aquejado de grandes deficiencias, en lugar de destinar sumas enormes a los exámenes estatales y libros de textos cuya eficacia está por demostrar.