BOGOTÁ, 22 de diciembre (PL).—Los sectores públicos colombianos acogieron hoy con beneplácito la trascendente reapertura de la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla que recuperó este viernes oficialmente el reconocimiento político.

Después de tres años de acercamientos incompletos y polémicas pláticas de paz, el Gobierno nacional devolvió el status político a los insurgentes y reconoció a nueve de sus militantes como delegados permanentes en el proceso de negociaciones con las autoridades estatales.

El gabinete del presidente Andrés Pastrana confirmó el anuncio luego de que la Comandancia Central del ELN renunciara a varias acciones ofensivas, entre ellas los secuestros masivos, y seis días después de que los rebeldes decretaran unilateralmente una tregua navideña.

Camilo Gómez, comisionado oficial para la paz, explicó que el reconocimiento político fue otorgado a los guerrilleros por medio de dos resoluciones ejecutivas firmadas por Pastrana, que implican además la suspensión de las órdenes de captura contra los jefes del ELN, liderado por Nicolás Rodríguez, alias Gabino.

La determinación del Gobierno fue oficializada en las normas 148 y 149 del 21 de diciembre de 2001, que llevan también las rúbricas del ministro del Interior, Armando Estrada, y el ministro de Justicia, Rómulo González.

El Ejecutivo reconoció a Nicolás Rodríguez, Antonio García, Pablo Beltrán, Ramiro Vargas, Oscar Santos, Luis Carlos Guerrero, Francisco Galán, Felipe Torres y Milton Hernández, como miembros representantes en la mesa de diálogo con las autoridades oficiales.

Vargas declaró a medios de prensa que su organización no tiene como política realizar secuestros, y que el Estado Mayor Central impartió instrucciones precisas a los 4 500 combatientes para que pongan fin definitivo a esa práctica.

En su programa político general, el ELN se autorreconoce como una organización armada inspirada en los fundamentos internacionalistas del Che Guevara y de las guerrillas latinoamericanas de los años 60.

Desde su Asamblea Nacional en 1983, el Ejército de Liberación defiende la idea de que "el poder no simplemente se toma, sino que se construye". En este sentido, apunta, "la Revolución es un largo proceso donde surgen nuevas formas de poder".

El Plan Colombia está condenado al fracaso si persiste su enfoque militarista y sólo podrá tener viabilidad en caso de que sus objetivos principales se reorienten a la parte social, afirmaron académicos consultados por Notimex.

Los expertos indicaron que el éxito del Plan Colombia, con el cual se busca acabar con los cultivos ilícitos en zonas controladas por la guerrilla, depende de que los gobiernos de Washington y Bogotá logren canalizar sus recursos hacia el sector social.

A esa conclusión han llegado politólogos y expertos a un año de haberse iniciado el programa antidrogas en su fase militar en los sureños departamentos de Putumayo y Guaviare, donde se estima hay sembradas más de 100 mil hectáreas de hoja de coca y amapola.

El profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, Pablo Franky, afirmó que el plan ha fracasado en su intento de reducir los cultivos, porque se ha detectado su traslado hacia otras regiones colombianas, mas no su erradicación.

El académico indicó a Notimex que el flagelo de la droga tiene características distintas a un problema militar y tal como está planteada la estrategia, lo que se observa es su desplazamiento hacia otras latitudes.

Washington ha ofrecido recursos por 1 300 millones de dólares para la ejecución del programa, la mayoría representados en equipos y asesoría militar a las tropas que participan en la fumigación de los cultivos ilícitos en zonas afectadas por el conflicto interno.

Analistas han coincidido en que el Plan Colombia no es la fórmula para erradicar las plantaciones de coca, ni mucho menos para recuperar la paz en el país, al menos desde el punto de vista social, ambiental, político y económico.

Según datos del investigador Ricardo Vargas, en Colombia existen en la actualidad alrededor de 160 mil hectáreas de sembrados ilícitos, pese a que entre 1996 y 1998 se fumigaron más de 40 mil hectáreas, lo que pone en duda la efectividad de la erradicación.

Para los expertos en el tema, la parte social es la más afectada por el programa del presidente Andrés Pastrana, sobre todo en los sectores rurales, donde se viven permanentes procesos de migración y desplazamiento forzado hacia zonas fronterizas.

El senador Juan Manuel Ospina, del oficialista partido Conservador, consideró por ejemplo que a través de la fumigación y "con esfuerzos muy tímidos, por fuera de una política de desarrollo rural, será muy difícil golpear al narcotráfico".

"Puede que los cultivos estén golpeados en el Putumayo (sur), pero están apareciendo en los Santanderes (departamentos de Santander y Norte de Santander), en la Costa Pacífica y en la Guajira, lo cual requiere un replanteamiento del proceso", señaló Ospina a Notimex.

El legislador afirmó que es necesario entender que el corazón del negocio no es el cultivador, sino "quien financia, comercializa y amarra a esos campesinos a que produzcan la coca, para luego llevarlos a los consumidores a cualquier precio".

"Mientras no entendamos que esos pequeños cultivadores necesitan de una política rural integral que los ubique realmente en un mundo de legalidad viable, vamos a seguir dando golpes de ciego", subrayó.

Las autoridades esperan que el próximo año, Estados Unidos incremente su ayuda para combatir el problema de la droga, con el argumento de que el Plan Colombia "sigue siendo la estrategia antiterrorista más efectiva a diseñar".

Añadió en entrevista con Notimex que "como están en la fase de inicio de operaciones, en el 2002 habrá más recursos, más aún si se tiene en cuenta que se trata de una estrategia fundamentalmente de orden militar".

Eso parece confirmarlo el reciente anuncio de la embajadora estadounidense en Bogotá, Anne Patterson, quien anunció la entrega de una treintena de helicópteros próximamente, en el marco del programa de ayuda de su país al Plan Colombia.