BUENOS AIRES, 22 de diciembre (PL). —El Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO) de Argentina declaró hoy que "de esta crisis no se sale sin decir la verdad" y reclamó del gobierno que anuncie la cesación de pagos de la deuda.

En una declaración, esa agrupación de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de todo tipo, pidió que se declare "el fin de las ganancias extraordinarias" de las empresas privatizadas, del sistema financiero y de "los grupos que fugaron y fugan capitales, reciben subsidios pasivos apoyados por el gobierno".

Hay que reconocer que se está en cesación de pagos y comunicarlo a los acreedores internos y externos...

Es necesario establecer un periodo de suspensión de pagos como parte de un plan de reestructuración productiva, crecimiento y equidad social, agrega.

En ese sentido, explica que ese objetivo requiere "pesificar en lugar de dolarizar, distribuir el ingreso en vez de ajustar y reactivar en lugar de profundizar la recesión".

Más adelante, propone la convocatoria a un acuerdo multisectorial y a un gobierno de base parlamentaria que otorgue prioridad a la sanción de leyes que permitan entrar en un "shock distributivo", la anulación de la ley de déficit cero (no gastar más de lo recaudado) y la reformulación del presupuesto para el 2002.

BUENOS AIRES, 22 de diciembre.—Mientras en la capital asumía la presidencia Adolfo Rodríguez Saá, tras su designación luego de la forzada renuncia de Fernando de la Rúa, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, sobre quien recae una buena parte de la responsabilidad por la extrema crisis argentina, decidió pasar la Navidad lejos de Buenos Aires, donde su nombre aún despierta hostilidad.

La ola de violencia causada por la grave situación económica, política y social imperantes en el país tras una década de recetas neoliberales, ajustadas a las leoninas condiciones del FMI y otros organismos bancarios, dejó un saldo de 28 muertos y cientos de heridos y detenidos en enfrentamientos con la policía.

La economía argentina no crece desde 1998, lo que ha provocado una fuerte subida en el desempleo, que alcanza oficialmente al 18,3% y ha sumido en la pobreza a un tercio de los 36 millones de argentinos.

Con Rodríguez Saá, se abre la interrogante de qué será capaz de hacer hasta que sea elegido un nuevo mandatario el próximo año, para enfrentar los diversos y agudos problemas de su país.

Tiene 54 años y desde 1983 ocupó en forma consecutiva la gobernación de la provincia de San Luis, en el centro del país, imponiendo un estilo de gobierno autoritario, aunque eficiente y sin desbordes financieros, dice un despacho de ANSA.

En 1971 se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y al regresar a su provincia comenzó a militar en el Partido Justicialista (peronista). En 1973 con el triunfo del peronismo a nivel nacional y provincial, el joven Adolfo Rodríguez Saá, por entonces de sólo 26 años, ocupó su primer cargo público al ser electo diputado en su terruño.

Su primera elección en 1983 resultó reñida, pero las cinco reelecciones posteriores fueron casi una formalidad para el gobernador, aunque su fortuna fue diferente en 1999, cuando intentó lanzar su candidatura presidencial: se convirtió en uno de los primeros postulantes peronistas que debió retirarse de la contienda por falta de apoyo.

En octubre de 1993 quedó salpicado por el escándalo cuando apareció envuelto en un confuso episodio policial, que muchos creyeron que sería el final de su carrera política. En aquella oportunidad fue secuestrado en el interior del hotel de parejas más famoso de la ciudad, acompañado de su amante.

En San Luis los colegios profesionales de abogados han denunciado en reiteradas ocasiones que la justicia está sometida a los caprichos de Rodríguez Saá y en los últimos tiempos se profundizaron las críticas con la organización periódica de protestas frente a los tribunales locales.

A su favor, exhibe una administración con presupuestos equilibrados, una planta de empleados públicos que no ha desbordado como en otras provincias y la relativa seguridad pública, sin crímenes ni robos masivos.

Como un signo de su poderío interno, fue su provincia la anfitriona de una reunión de gobernadores convocada de urgencia cuando el gobierno de De la Rúa agonizaba.

Domingo Cavallo, el ex titular del Palacio de Hacienda argentino obligado a renunciar a su cargo el miércoles tras el estallido social desatado por una serie de saqueos a supermercados por parte de gente humilde y desempleados, llegó el sábado a la provincia patagónica de Neuquén en un avión privado y en compañía de su esposa, dijeron autoridades policiales.

El ex ministro, que por orden judicial no puede salir del país, se trasladó luego a la ciudad de Chapelco, a unos 1 300 kilómetros al sureste de Buenos Aires.

El abogado de Cavallo, Alfredo Castañón, admitió —según los despachos de prensa— estar muy preocupado por la seguridad del ex ministro.

Cavallo, quien además de haber sido el artífice de las medidas económicas que dieron al traste con el gobierno de De la Rúa, está implicado en una causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995, por lo que la justicia le ha prohibido abandonar territorio argentino.

El contrabando se produjo durante el gobierno del peronista Carlos Menem, del que Cavallo era también ministro de Economía.