El planteamiento castrense es al parecer alentado por la decisión del Presidente Jorge Quiroga de encomendar a los uniformados una investigación sobre el hecho y enfrenta una verdadera muralla de objeciones de instancias jurídicas y humanitarias.

El jefe de las Fuerzas Armadas, general Alvin Anaya, rechazó que los tribunales comunes se hagan cargo del proceso por la muerte del dirigente campesino Casimiro Huanca, el jueves último en la región central productora de coca del Chapare.

Sin embargo, el juez instructor Roger Treviño ignoró tanto la investigación oficial como los criterios de Anaya y ordenó al Ministerio Público que investigue el caso, por tratarse de un delito común y un atentado contra derechos ciudadanos que, según la Constitución, debe ventilarse en tribunales civiles.

El magistrado recibió de inmediato el respaldo de la defensora del Pueblo, Ana María Romero, quien dijo que si bien las fuerzas armadas tienen derecho a investigar el caso con fines internos, el proceso debe realizarse en el fuero común.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Católica, Fernando Rojas, asumió similar posición y reiteró el parecer de la jerarquía eclesiástica, de que los militares no pueden ser juez y parte.

El rechazo al manejo militar del asunto pareció agudizarse debido a que el general Anaya negó que Huanca haya sido ultimado por las tropas a sangre fría, herido y en el suelo, como sostienen que ocurrió los campesinos e instituciones de derechos humanos.