En una ceremonia que tuvo lugar en la sede del Archivo General de la Nación y a la cual asistieron el presidente de este país, Vicente Fox, y varios miembros de su gabinete, el líder de la Comisión de Derechos Humanos(CNDH), José Luis Soberanes, expuso los resultados de una investigación sobre la llamada "guerra sucia".

Sin revelar los nombres de los funcionarios implicados en arrestos ilegales, allanamientos de moradas, torturas y asesinatos de supuestos guerrilleros o miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Soberanes afirmó que se comprobó la desaparición de 275 personas, de 532 casos denunciados.

Calificó la década de los años 70 como un periodo traumático para esta nación latinoamericana, por los atropellos cometidos, y aseguró que las zonas rurales registraron el número más elevado de violaciones de los derechos humanos en el país, en tanto el estado de Guerrero aportó la mayor cifra de desaparecidos.

El documento presentado por Soberanes y entregado posteriormente a Fox recoge en unas 176 000 páginas la participación de efectivos de las desarticuladas Dirección Federal de Seguridad y de la Brigada Especial en delitos como privación arbitraria de la libertad, invasión de domicilios, torturas y desapariciones forzadas.

Este texto se apega a la verdad y cada hecho se encuentra plenamente sustentado con pruebas, afirmó el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

El esclarecimiento de lo ocurrido no solo busca corresponder a los agraviados, sino a toda la sociedad, que requiere de la verdad para tener confianza en las instituciones, expresó antes de reclamar a la administración mexicana un compromiso real y ético con la investigación de los sucesos.

A juicio de Soberanes, conocer lo ocurrido y hacer justicia enseñará a los mexicanos a "poner límites al poder".

En una exposición de 45 minutos de duración, el titular de la CNDH subrayó que las desapariciones forzadas no deben repetirse en México, pues no existe —argumentó— razón de seguridad nacional ni interés de Estado capaz de justificar semejantes transgresiones de la ley.

Asimismo, recomendó al gobierno federal tomar en serio las pesquisas y encargar a la Procuraduría General de la República la creación de una Fiscalía para los 275 expedientes.

Propuso, además, indemnizar a los familiares de las víctimas y que el gabinete de Fox garantice el respeto a los derechos humanos y evite la repetición de acontecimientos tan lamentables como los analizados.

Al finalizar su intervención, Soberanes entregó a Fox en un sobre sellado los nombres de los funcionarios públicos supuestamente involucrados en los crímenes, pero se negó a mencionarlos porque —explicó— su responsabilidad no está probada.

Por su parte, Fox consideró la ceremonia de esta tarde trascendental para la vida política de México, porque ayuda a reflexionar sobre la historia reciente del país y acerca de "la nación que queremos construir".

El mandatario expresó el compromiso de su gobierno con "la transparencia en el manejo de la información y con el absoluto respeto a los derechos humanos".