Oposición venezolana
entre diálogo y enfrentamiento

Javier Rodríguez

CARACAS, 23 de noviembre (PL).—La oposición venezolana deberá escoger en las próximas horas entre participar del diálogo nacional, patrocinado por el gobierno, u optar por la vía del enfrentamiento.

Después de los incidentes de la víspera, cuando miembros del tradicional Partido Acción Democrática (AD) y simpatizantes del proceso de cambios encabezado por el presidente de la República, Hugo Chávez, chocaron en el centro de esta capital, se hizo más patente el dilema de quienes se oponen al mandatario.

Poco antes de los disturbios, el Jefe de Estado, en reunión con numerosos empresarios, había designado al ministro de Defensa, José Vicente Rangel, para coordinar un amplio proyecto de negociaciones con todos los sectores de la nación, destinado a acercar criterios y opiniones sobre el futuro inmediato del país.

En realidad, el gobierno puso sobre la mesa su voluntad de discutir con todos los actores económicos y sociales la implementación del paquete de leyes aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, en uso de la habilitación legislativa que le concedió el Parlamento.

Entre esas resoluciones, destaca la ley de Tierras y Desarrollo Agrario, cuyo objetivo es la liquidación del latifundio y una racional redistribución de la tierra, así como la de Hidrocarburos, que reserva para el Estado la mayoría accionaria de las asociaciones estratégicas a firmar con capitales foráneos o nacionales.

Igualmente, también muy combatida por los grandes industriales del sector, está la ley de Pesca, la cual reserva para miles de pescadores artesanales agrupados en cooperativas la posibilidad de trabajar en las seis millas más cercanas a las costas.

El violento rechazo a esas disposiciones por parte de latifundistas, ganaderos y grandes empresarios llevó a estos, representados por la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámaras), a llamar a un paro nacional empresarial, señalado para el próximo 10 de diciembre.

El rápido respaldo a esa eventual acción por parte de los partidos políticos de oposición y la controvertida y autoproclamada directiva de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), hizo que muchos le atribuyan carácter de intento desestabilizador.

Ese criterio se vio reforzado ante una amplísima campaña a favor del paro en la mayoría de los medios de difusión, cuyos propietarios rechazan al gobierno, y con el anuncio del inicio, comenzando ayer, una serie de marchas y demostraciones callejeras pidiendo la renuncia del presidente Chávez.

Incluso la dirección de la CTV dijo que podría llevar adelante una denominada resistencia cívica si, como todo hace suponer, el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia decretan próximamente la ilegalidad del proceso de elecciones sindicales por estar plagado de irregularidades y fraudes.

Mientras tanto, Rangel presidió la primera reunión con sectores empresariales que respondieron un llamado al diálogo hecho por el ejecutivo y reafirmó su decisión de tocar a la puerta de todos los sectores restantes para buscar soluciones de conjunto a la actual situación.

De esta forma, como en un evento deportivo, la pelota quedó del lado de la oposición, la cual deberá realizar la próxima jugada.