Alternativas de cambio

Solucionar los problemas para agilizar los trámites legales en el Sistema de la Vivienda

ANA IVIS GALAN Y RAFAEL HERNANDEZ ZERQUERA

Los cubanos necesitados de tramitar asuntos legales en las Direcciones Municipales de la Vivienda, podrán agilizar la gestión de sus asuntos, y verse favorecidos con la aprobación del Convenio de Colaboración entre la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) y el Instituto Nacional de la Vivienda (INV).

ALDO MEDEROS

Raúl Santiago Mantilla Ramírez, presidente de la ONBC desde hace cinco años, explicó en declaraciones a Granma que el convenio facilita todas las gestiones que desde el punto de vista legal están dentro de la jurisdicción de la vivienda, al asumir este proyecto como una nueva alternativa de cambio.

Los trámites pueden ser desde solicitudes de autorización para la conservación, ampliación, reconstrucción o construcción de una vivienda por esfuerzo propio; trámites para permuta, autorización para residir en Ciudad de La Habana, hasta la cesión de uso de las azoteas, entre otras.

Para acelerar estos trámites el abogado de bufete, cuyos servicios sean contratados por la población, tendrá prioridad en la atención que deba recibir en las entidades de la Vivienda. Para ello se han instrumentado las disposiciones necesarias por parte del Presidente del INV.

La Vivienda está en la obligación de darle preferencia a la parte representada e informarle a la población que puede ir con un letrado, acota el directivo.

—¿Entonces, el abogado de bufete, una vez contratado por el cliente, realiza todas las gestiones?

—Sí, aunque hay trámites que son personales y no pueden delegarse, como es el caso de la Declaración Jurada en los trámites de permuta. 

En cuanto a las ventajas del convenio, Mantilla destacó que "el letrado de bufete escucha al cliente, hace su trabajo, y al tener en cuenta los fundamentos de hecho y de derecho, contribuye a la labor del representante legal de Vivienda."

Una vez concertado el contrato, la tarifa establecida para el cobro de estos servicios oscila entre 40 y 100 pesos. Además se cobra una pequeña cantidad por servicios adicionales. Esta es una organización de interés social y las tarifas están en correspondencia con el poder adquisitivo en el país.
"Los términos establecidos para los trámites legales se mantienen, y varían en dependencia del asunto. Una vez que concluye el proceso en el Bufete donde el ciudadano solicitó los servicios, se le da a conocer el resultado."

—Si al concluir el contrato, surge alguna dificultad para que el cliente lleve a vías de hecho lo dispuesto, ¿puede acudir nuevamente al abogado que contrató o debe establecer un nuevo contrato con otro? 

—Puede hacerlo con el mismo abogado, pero en ese caso ya sería otro proceso. Y si durante el tiempo de realización del contrato, el cliente no está satisfecho o conforme con el trabajo del abogado, puede dirigirse a cualquier nivel de la organización, pero en primer lugar, a la dirección donde solicitó el servicio, y si a esa instancia no queda satisfecho, recurre a otras.

—¿Cómo se materializa la relación contractual y que control se ejerce sobre la misma?

—La relación contractual es de la organización con el cliente, el contrato se legaliza con la firma del director de la institución. El letrado hace constar en el cuaderno, que es una especie de expediente de cada asunto, las incidencias principales de la tramitación. Al concertar el contrato se cobra el servicio por la caja recaudadora. 

—En su opinión, ¿Este convenio contribuye a disminuir las ilegalidades?

—El abogado ni legal ni moralmente puede promoverlas, y está obligado a darle cuenta a su organización, de conocerlas, siempre respetando el principio de la secretividad que le debe a su representado. 

—¿Cree usted que con la firma de este convenio, puedan surgir contradicciones entre los abogados de la Vivienda y los de Bufete?

—No. Ellos no son una contrapartida. Sus trabajos se complementan. El abogado de bufete atiende a la población y el de Vivienda representa a la administración de dicha entidad. Es mejor para el ciudadano ir acompañado de un abogado. Con la ley al lado, son más fáciles de resolver los trámites que deben hacerse.