La reunión aislada a los medios de prensa a sólo cuatro días de expirar la vigencia de esta zona desmilitarizada es crucial para el presidente Andrés Pastrana, quien, ubicado entre dos fuegos, debe decidir si prorrogarla o dar sepultura a los esfuerzos políticos.

El gobierno pretende poner nuevas condiciones a la continuidad del área especial de 42 mil kilómetros cuadrados como una carta a presentar a los sectores de derecha y castrenses opuestos a los diálogos con las FARC.

Sin embargo, la organización rebelde dejó en claro la negativa categórica a eventuales cambios en las reglas de juego y exigió como instrumentos válidos a la negociación la agenda común de paz, las iniciativas de tregua y las recomendaciones de la comisión de notables dirigidas a disminuir la intensidad del conflicto.

La tensión en toda Colombia es extrema ante las presiones de los altos mandos en procura de una orden presidencial para recuperar esta área bajo control guerrillero, todo con el pretexto de responder a la muerte de la ex ministra de cultura Consuelo Araujo.

Según las FARC, Araujo murió por la actitud irresponsable del ejército de atacar al comando que la mantenía retenida en busca de dar la imagen de una institución castrense victoriosa.

Los resultados del encuentro del Alto Comisionado con el jefe insurgente sólo serían dados a conocer después de las respectivas consultas en medio del suspenso generalizado por los vientos de guerra impulsados por la derecha política y los paramilitares.

El presidente Pastrana dijo hace unas horas que tomará la decisión en torno a los diálogos de paz de manera serena, con cabeza fría, pero con pulso firme, enviando una mezcla de mensajes que contribuyen a la incertidumbre.