BOGOTÁ, 2 de octubre (PL).—El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acuden a partir de hoy a los últimos recursos en procura de superar la actual crisis y salvar los avances del proceso de negociaciones iniciado en enero de 1999.

El Alto Comisionado de Paz, Camilo Gómez, viajó a la zona desmilitarizada en busca de citas cruciales con la cúpula del movimiento guerrillero, a sólo cinco días de expirar la vigencia del área especial sin tropas, y en medio de la tensión por los últimos acontecimientos que pusieron en peligro los diálogos.

Gómez prevé reunirse con el comandante y portavoz de las FARC, Raúl Reyes, en busca de definiciones sobre un cese del fuego y de hostilidades, además de procurar un encuentro inmediato con el jefe máximo Manuel Marulanda.

La agenda del principal negociador del presidente Andrés Pastrana contempla pedir explicaciones a la organización insurgente sobre la decisión de impedir el ingreso a la zona de la caravana del candidato presidencial Horacio Serpa el fin de semana anterior.

Asimismo, el emisario de la Casa de Narino pretende insistir en la culpa de las FARC por la muerte de la ex ministra de cultura Consuelo Araujo, sobre lo cual el grupo rebelde acusó al ejército por lanzar una ofensiva contra el comando que la mantenía retenida en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Las conversaciones de hoy y mañana serían las últimas antes del pronunciamiento presidencial sobre la suerte de los diálogos de paz el 7 de octubre próximo, con la prorroga o no del área desmilitarizada de 42 mil kilómetros cuadrados en el sur del país.

Los intercambios del gobierno y las FARC tienen como trasfondo la movilización de tropas hacia los límites del territorio dedicado a las conversaciones y las declaraciones del jefe de las fuerzas castrenses, Fernando Tapias, sobre la capacidad de recuperar el control de esa región.

La extrema derecha política y armada exige al mandatario Pastrana romper las negociaciones y propiciar la variante militar, mientras sectores sociales y hasta aspirantes presidenciales prefieren continuar el rumbo político, aunque con modificaciones al proceso.