Ashcroft tiene un amplio historial ultraconservador y vinculado a la Asociación Nacional del Rifle

WASHINGTON, 3 de julio (PL).—El Fiscal General norteamericano, John D. Ashcroft enfrentará una demanda por defender públicamente la tenencia de armas entre la ciudadanía, factor señalado por sociólogos como generador de extrema violencia, se anunció hoy.

Dos grupos de abogados revelaron que proyectan presentar "expedientes sobre conducta ética" contra Ashcroft, de amplio historial ultraconservador y vinculado a la Asociación Nacional del Rifle (NRA), grupo defensor de la distribución comercial sin restricciones de armamentos en Estados Unidos.

En mayo pasado el alto funcionario escribió a la NRA con el fin de establecer que "inequívocamente" cree en que la Constitución federal "protege el derecho de los individuos a portar sus propias armas".

Sin embargo —y en ello se basa la demanda— el gobierno norteamericano argumentó lo contrario a esa afirmación en un caso en Texas, cuando se estableció que ese derecho es colectivo y no individual.

El Partido Republicano, ahora en el gobierno, tiene fuertes vínculos económicos y políticos con la Asociación Nacional del Rifle, la cual se opone tras bambalinas en el Congreso a que sean aprobadas medidas de control de armamentos en poder de la ciudadanía.

Especialistas creen que la proliferación de armas ligeras en la nación ha llevado a niveles insostenibles los hechos de sangrienta violencia, especialmente en escuelas y en centros públicos estadounidenses.

"La expresión pública de Ashcroft contradice la posición legal de Washington al respecto", expresó la queja, firmada por Michael D. Barnes, presidente del Centro Brady sobre la violencia de las armas y por Scott Harshbarger, líder de la entidad privada Causa Común, ambas contrarias a la extensa violencia callejera en Estados Unidos.

De acuerdo con la cadena de televisión CNN, la cual reveló el proyecto de querella, Ashcroft se negó a comentar sobre el litigio.

El canal noticioso apreció que la queja judicial "refleja una escalada de los defensores del control de armas contra las políticas al respecto del departamento de Justicia", favorables a la NRA.

La demanda está basada en el caso de un médico en San Angelo, Texas, acusado de apuntar con su revólver a la esposa y a la hija para que lo obedecieran.

Las víctimas lograron una orden de restricción contra el individuo, basada en el Acta de violencia contra las mujeres, aprobada en 1994 por el Congreso.