Acusan al gobierno de no defender los derechos sociales

MANAGUA, 3 de julio (PL).—La crisis por el aumento de las tarifas de agua, teléfono y electricidad que afecta a Nicaragua se agudizó hoy con la confirmación de los ajustes solicitados por la banca internacional.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Esteban Duquestrada, admitió que existen presiones externas para que las instituciones gubernamentales cumplan los recortes establecidos como garantía de financiamientos otorgados al país.

En declaraciones a la televisión local, afirmó que las tarifas las establece el Estado en correspondencia con los compromisos contraídos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta dependencia "indirecta" del FMI provoca las continuas alzas en los servicios básicos, acotó.

Según el titular, los ajustes de tarifas responden a esa dependencia, ajustada a los planes de la Iniciativa de Países Altamente Endeudados (la deuda externa de Nicaragua se acerca a los 5 000 millones de dólares).

Comentó que el gobierno tiene establecidas metas globales de ahorro, de inversión y déficit. "Dentro de estas se prevén los límites tanto de ingresos como de egresos", apuntó Duquestrada.

Este martes continúan centenares de personas colmando las oficinas de las empresas del agua, teléfono y electricidad de esta capital para presentar sus demandas por el aumento indiscriminado de estos servicios.

El instructor jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos(CENIDH), Gonzalo Carrión, reveló que conoce de aumentos de más de un mil por ciento, cifra inconcebible para una nación empobrecida.

La víspera el presidente Arnoldo Alemán justificó por Radio Nicaragua que el aumento de la tarifa en el agua, electricidad y teléfonos estaba dirigido a sectores "privilegiados de la sociedad".

Por su parte, Mario Ordoñez, directivo del Movimiento Comunal (MC), llamó a los afectados a protestar ya que el incremento es de forma general y no particular como explicó el mandatario.

Solicitó a la ciudadanía a no quedarse callada "ante los cobros injustos e impagables por personas de bajos ingresos".

Comentó que el ascenso aplicado a la tarifa de esos servicios es del 200 por ciento y existen casos en que se eleva a más del 300 por ciento.

Actualmente, apuntó Ordoñez, el gobierno nicaragüense promueve la privatización de estos servicios, trazándose el papel de recaudador y no el de defensor de los derechos sociales.