 Guatemala
¿Sentirse en paz?
ORLANDO ORAMAS LEON
Si la guerra concluyó oficialmente
en Guatemala hace más de año y medio, la paz sigue
cuestionada por los muertos de la violencia y los
obstáculos que se interponen en el cumplimiento de los
acuerdos firmados en 1996 entre el gobierno y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
El brutal asesinato del obispo Juan
Gerardi, dos días después de presentar un informe sobre
los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los 36
años de guerra, apunta al dilema de que los ejecutores
de ayer no sólo están en la calle, sino que mantienen
la misma impunidad de entonces.
 Dicho informe señalaba a las fuerzas
armadas guatemaltecas como la principal responsable de
las atrocidades cometidas durante esos largos años. El
documento contabiliza 422 masacres, además de 150 000
muertos, 50 000 desaparecidos y un total de más de un
millón de víctimas... pero la lista crece.
Este es el clima que va marcando el
paso tortuoso de los acuerdos de pacificación,
torpedeados por intereses políticos tanto del partido de
gobierno, como de la oposición y los grupos económicos
por ellos representados.
Para ejemplificar cómo anda la
cosa: Se intenta aprobar como un solo paquete las
reformas constitucionales necesarias para dar
cumplimiento a los acuerdos, algo difícil debido a la
polaridad política y a los intereses particulares de
algunos de los partidos en pugna.
Así, el opositor Frente
Republicano Guatemalteco (FRG) busca adicionar a las
reformas aquella que permita a su líder, el ex dictador
Efraín Rios Montt, aspirar al poder, algo que hoy le
está vedado constitucionalmente.
Por su parte el gubernamental
Partido de Acción Nacional -tiene planes de gobernar por
décadas- aspira a adjuntar a la Constitución la
reelección presidencial, muy a tono con las aspiraciones
y sueños del presidente Alvaro Arzú.
La población tendría que votar
simplemente Si o No por el total de reformas a
consideración, incluidas aquellas que satisfacen a
determinadas parcelas políticas y económicas y ponen en
peligro el interés nacional.
La ex guerrilla ha denunciado
importantes incumplimientos de los compromisos firmados
en diciembre de 1996, que podrían llevar al fracaso a la
reunión, postergada para octubre, con los países
donantes al proceso de paz.
El gobierno no pudo implementar una
política fiscal y tributaria acorde con las necesidades
y compromisos del plan de paz, en el país
latinoamericano que menos recauda por la vía impositiva.
A manera de ejemplo: el 30% de las exportaciones
cafetaleras guatemaltecas salen del país de contrabando
y no aportan al fisco, institución que evaden los grupos
más poderosos.
Los sectores agroexportadores
boicotean los planes impositivos y de paso niegan al
erario público fondos imprescindibles para impulsar
proyectos sociales que ataquen el analfabetismo, la
insalubridad y otros flagelos de la miseria ancestral de
la mayoría indígena.
El insatisfecho y fundamental
problema de la tierra, la inseguridad y la violencia son
otros rasgos de las grietas que ponen en peligro la
pacificación en Guatemala, allí donde millones de
campesinos mayas encuentran pocas razones para sentirse
en paz.
¿Qué dice el gobierno?
El canciller de Guatemala, Eduardo
Stein, estuvo recientemente en La Habana y Granma
le preguntó su opinión sobre las preocupaciones de la
ex guerrilla respecto a los incumplimientos al plan de
paz.
"Algunas de estas críticas de
la URNG son preocupaciones compartidas por el gobierno.
De hecho, antes que se hicieran públicos estos
señalamientos había habido un díalogo descarnado y
profundo entre las partes".
"Nosotros, además, estamos
preocupados porque el contenido de muchos de los acuerdos
es poco conocido por la población. Incluso, algunos de
los resultados que se están obteniendo no los identifica
el guatemalteco común como respuestas animadas en el
esfuerzo pacificador".
Stein considera que la realidad
pluriétnica y cultural de su nación (23 grupos étnicos
y lenguas, con seis millones de índígenas) hace
difícil llevar los acuerdos a su principal destinatario.
"Nos preocupa -continúa- la
fragilidad institucional de algunas de nuestras
instituciones, que afectan a la atención a la
ciudadanía en áreas como la justicia, para reducir la
inseguridad, combatir la criminalidad y la impunidad. El
aparato de justicia se muestra débil e insuficiente,
pese a los enormes esfuerzos del gobierno".
"Pero existe efectivamente la
voluntad política para llegar a las últimas
consecuencias. Esa voluntad, junto a la ciudadana, serán
suficientes para presionar a la legislatura en el camino
correcto", concluyó.
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