ORLANDO ORAMAS LEON
La caricatura de una publicación norteamericana mostraba a
un niño viendo un programa de televisión donde aparecía el
mandatario de ese país. Detrás, la madre del pequeño, con
la cara enrojecida de indignación, le dice: "Te he
advertido que cuando aparezca el presidente Clinton apagues
el televisor".
Esa ilustración no es de las más calientes, pero sí una de
las tantas que por estos días han llenado el descomunal
espacio otorgado por los medios de comunicación
estadounidenses a lo que han denominado como: sexogate,
zippergate o mónicagate, entre otras denominaciones del
escándalo alrededor del jefe de la Casa Blanca.
Y aunque a primera vista parece apenas un "asunto de
faldas", el tema trasciende tal categoría por cuanto
pudiera llegar a costarle el puesto al presidente de la
potencia más poderosa de este mundo unipolar, y ello,
paradójicamente, puede ocurrir cuando los sondeos de
opinión le otorgan a Clinton altas cotas de popularidad
interna.
DEL WHITEWATER A LA LEWINSKY
No hay dudas de que el actual inquilino de la White House si
no tiene el récord, al menos está entre los presidentes
estadounidenses involucrados en mayor número de escándalos,
por lo menos en estos últimos años en que los adelantos
tecnológicos hacen correr las noticias con rapidez
increíble.
Ya en 1992 Hillary Clinton debió salir en defensa de su
esposo, en plena campaña electoral por la presidencia, para
desmentir los supuestos amoríos del entonces gobernador de
Arkansas con Gennifer Flowers, cantante de cabaret. La
artista, por su lado, asegura haber mantenido una relación
de 12 años con "Bill".
Aquello quizás fue el empezar de una serie de problemas que
fueron asediando a la actual presidencia. El caso Whitewater
toma el nombre de una inmobiliaria de Little Rock, Arkansas,
que quebró al parecer de forma fraudulenta y en la cual se
relacionó a la pareja presidencial.
Un amigo y consejero legal de los Clinton, involucrado en los
hechos, se suicidó y otros inculpados en el asunto guardan
prisión. El matrimonio presidencial salió bien, pero las
investigaciones continúan.
Es en el caso Whitewater que entra en acción el fiscal
independiente Kenneth Starr, quien prosigue investigando los
escándalos del presidente. Por coincidencias, la figura
jurídica que él representa fue aprobada durante la
administración Carter, como colofón del caso Watergate, el
cual costó el puesto al republicano Richard Nixon.
Otros percances ha tenido el actual jefe de la Unión
Americana, como el de las elecciones pasadas, en las cuales
fue acusado incluso de alquilar cuartos de la Casa Blanca,
además de otros manejos oscuros para recaudar fondos para el
Partido Demócrata.
Pero, y en sintonía con el falso puritanismo de aquella
sociedad que se erige en modelo mundial, los mayores
trascendidos vienen de las supuestas aventuras sexuales del
presidente. Así, en mayo próximo, debe comenzar el juicio
que le entabló la joven Paula Jones, quien lo acusa de acoso
sexual en la época en que el ahora mandatario era gobernador
de Arkansas.
Antes tuvo lugar un Gran Jurado, o comité de acusación, un
procedimiento de la justicia estadounidense por el cual un
jurado dictamina si hay evidencias suficientes como para
enjuiciar a alguien. William Clinton compareció ante ese
Gran Jurado y negó el "affaire" con la Jones,
cuyos abogados sacaron de la manga el caso Lewinsky, otra
supuesta aventura sexual.
Kenneth Starr, quien había utilizado 20 abogados a su
servicio para intentar incriminar a los Clinton durante el
asunto Whitewater, cree llegado su momento de gloria. Máxime
cuando lo que en realidad se investiga no son sólo los
encuentros sexuales del presidente con la ex becaria Mónica
Lewinsky entre 1995-96 en la mansión ejecutiva, sino si en
efecto Clinton pidió a su presunta amante negar los hechos
ante la justicia. Eso se llama perjurio, y pudiera ser
inaceptable para un presidente de los Estados Unidos.
¿COMPLOT DE LA DERECHA?
La primera dama, Hillary Clinton, en sendas comparecencias
televisivas, asumió otra vez la defensa de su esposo y
acusó a la ultraderecha de orquestar un complot contra el
mandatario.
Razones parecen no faltarle. Linda Tripp, quien
subrepticiamente grabó 20 horas de confesiones a su supuesta
amiga, Mónica Lewinsky, y las entregó a Kenneth Starr,
está vinculada a sectores de la derecha republicana y ya en
1994 intentó publicar un libro cuya tesis principal era que
los Clinton habían asesinado a Foster, su ex consejero
legal.
Tripp se vincula a la editorial Regnery, de tendencia
conservadora, la cual ya había publicado el libro Acceso
Ilimitado, sobre las aventuras sexuales de Clinton en su
período de gobernador. La editorial le encarga entonces
conseguir pruebas sobre los deslices del presidente y por
ello graba de incógnito sus conversaciones con la Lewinsky.
Para ir cerrando el entarimado, la editorial le pone un
abogado, miembro de la derechista Sociedad Federalista, a la
que casualmente pertenece el fiscal independiente Starr. Y
por aquí comienzan las coincidencias. Kenneth Starr es
además amigo de Alfred Regnery, el dueño de la editorial de
marras.
El fiscal, sin dudas, además de republicano es un hombre de
la derecha. Dejó su puesto de fiscal vitalicio en la Corte
Federal de Apelaciones de Washington, que recibió de Ronald
Reagan, para, en 1989, asistir legalmente al presidente
George Bush.
Fue nombrado en 1994 fiscal independiente por una tríada de
jueces que antes habían almorzado por separado con Jesse
Helms, a quien todos aquí conocemos. El juez que preside ese
panel fue nombrado a instancias de John Whitehead, presidente
del fundamentalista y derechista Instituto Rutherford, y por
aquí anda otra coincidencia.
En los salones del Instituto Rutherford, en 1994, fue donde
Paula Jones hizo pública su denuncia de acoso sexual contra
Clinton. Es precisamente esa fundación la que financia los
altos costos de la demanda de la Jones. Hillary también
denunció al televangelista Jerry Falwell, líder del grupo
integrista Mayoría Moral, quien vende videos a 40 dólares
con acusaciones de todo tipo contra los Clinton.
Falwell ha sido muy publicitado en su campaña por la
publicación American Spectator, que desde 1990 recibió dos
millones de dólares en contribuciones de instituciones de
indudable tinte derechista.
A todo ello se añade que desde la oficina de Starr, en
contra de la ley, se han filtrado a la prensa detalles que
según las reglas del Gran Jurado no debieron salir del
recinto judicial. Tales informaciones apuntan a desacreditar
al mandatario y ponerlo en desventaja, además de moldear a
la opinión pública.
Pese al silencio de Clinton, la Casa Blanca no se ha cruzado
de brazos e iniciado una contraofensiva contra las formas en
que el fiscal ha llevado la investigación y acusándolo
incluso de moverse por móviles personales y malgastar unos
20 millones de dólares en la investigación, sin resultados
concretos.
¿IMPEACHMENT A LA VISTA?
Mientras llega mayo y con la primavera el juicio Paula Jones
vrs. William Clinton, prosigue el Gran Jurado por el cual un
panel intenta determinar si existen pruebas suficientes como
para iniciar un proceso judicial en el zippergate.
Hasta el momento la Lewinsky ha postergado su presentación
ante el comité de acusación, a la espera de poder lograr
que el fiscal le otorgue inmunidad. Por algo su abogado le
aconseja obtenerla. Starr, a su vez, se niega y reclama un
cara cara con la testigo, para poner a prueba su veracidad.
Si en definitiva se comprueba que el presidente Clinton
instó a la Lewinsky a mentir bajo juramento, entonces Starr
podría pasar el asunto a manos del Congreso, el único
facultado por la Constitución estadounidense para, mediante
el impeachment (acusación) deponer al jefe de Estado. Ello
sólo ocurriría si se logra el voto de la mitad de la
Cámara y de los dos tercios del Senado.
El hecho de que el presidente Clinton mintiera en supuestos
asuntos de faldas no es relevante. Desde la Casa Blanca se ha
mentido antes en asuntos de mucha más relevancia para el
mundo. Un complot desde la derecha, por tanto, podría estar
tras los telones del escándalo.
