|
INTERNACIONALES |
Ola de ejecuciones en EE.UU.
Se solicitan verdugos
Doctor SANTIAGO CUBA FERNANDEZ
LAS LEYES inflexibles del mercado traen aparejadas con frecuencia reajustes en las empresas con su inevitable secuela de desempleo. Estados Unidos no escapa a esas consecuencias. Por ejemplo, recientemente se ha informado que la Boeing Co. se propone despedir a 12 000 empleados de inmediato y a 118 000 en el primer semestre de 1998.
Sin embargo, existen algunos puestos de trabajo a cubrir para los cuales todo parece indicar se incrementa la demanda. Oficios como electricistas, enfermeros con práctica en poner inyecciones y personas con conocimientos mínimos sobre la manipulación de gases venenosos. Y ello se debe a que, por el alto número de penas de muerte que se ejecutan en Estados Unidos, las plazas en las prisiones para manipular las cámaras de gas o la silla eléctrica o aplicar la inyección letal parecen ser insuficientes.
A partir de las informaciones disponibles sobre la pena, se ha podido conocer, que de los últimos 40 años en 1997 se ejecutó el mayor número de reos. Fueron ajusticiadas 74 personas, un 80 por ciento más que en 1996, y 418 se encuentran encarceladas en los pabellones de la muerte en espera de la hora fatal. Entre ellas 30 son mujeres, a una de las cuales, Karla Faye Tucker, recientemente la Corte Suprema le denegó un recurso que deja expedito el camino para su ejecución, la cual ha sido fijada en Texas para el 8 de febrero. Desde que se reimplantó la pena capital hasta fines de 1997 les fue impuesta a 3 309 acusados.
De los 38 estados en que existe la pena capital corresponde a Texas el triste privilegio de ser el que más la aplicó en el año 1997: 37 ajusticiamientos.
La pena de muerte es considerada una medida penal que debe aplicarse excepcionalmente. En Estados Unidos la excepción se ha convertido en regla, las recomendaciones de las Naciones Unidas y otros foros jurídicos internacionales han sido desoídas. Forma parte de la estrategia en la lucha contra el delito que se basa en utilizar la violencia estatal como único medio de conducirla y consecuentes con este erróneo modo de enfrentar el problema, es lógico que empleen la medida penal más violenta: privar de la vida al delincuente como castigo.
No se analizan con profundidad las verdaderas causas que originan el clima de violencia existente en el país, porque se pondrían de manifiesto como factores desencadenantes, entre otras cosas, las grandes diferencias -injusticias- sociales y económicas, la permanente difusión de crímenes y otros actos violentos por los medios de difusión y la creciente discriminación y xenofobia. Pero parecen no tener intención de llegar a esas profundidades que empañarían la imagen atrayente que se quiere brindar de la sociedad norteamericana.
La imposición desmedida y creciente de la pena de muerte produce una gran preocupación en la opinión pública norteamericana e internacional, que se expresan de manera elocuente en la determinación por Naciones Unidas de realizar una investigación sobre la aplicación de la pena de muerte en la nación norteña y en el pronunciamiento de la American Bar Association -organización de los abogados norteamericanos- solicitando la suspensión de la pena de muerte "hasta tanto se produzca una reforma en el sistema judicial" pues "actualmente no hay adecuados procedimientos que protejan los derechos de los acusados".
Y estas preocupaciones están más que justificadas. No se trata solo de la frecuencia con que se aplica la pena máxima, sino la falta de garantías en los procesos y la presencia de oscuros sentimientos racistas y xenófobos en sus aplicadores. Frecuentemente han sido condenadas a muerte personas que posteriormente se probó eran inocentes y algo más grave: en algunos casos la sentencia ya había sido ejecutada.
El Cónsul de México en California -con motivo del reciente ajusticiamiento de un ciudadano mexicano- denunció la falta de garantías para sus compatriotas condenados a esa pena, expresando que "nuestros problemas se inician desde el momento en que de acuerdo con las leyes es el estado de California quien asigna la defensa de cada reo en la lista de condenados a muerte".
Es decir, que uno de los estados del país que ha hecho un culto del "libre" ejercicio de la abogacía se atribuye el derecho exclusivo de asignar defensores a quienes más lo necesitan, que son los condenados a muerte. Y lo peor es que no lo hacen con mucha diligencia. La ONG Proyecto de Apelaciones de California ha denunciado que "de los 416 reos sentenciados a muerte recluidos en la prisión de San Quintín, 134 (28 por ciento) no tienen quién los defienda".
El otro aspecto que hace aún más temible esta ola creciente de ejecuciones es su marcado tinte discriminatorio y xenófobo. Lo que se expresa con toda claridad en el siguiente dato: De los 3 309 condenados a muerte, según la cifra oficial, el 59 por ciento son afronorteamericanos e hispanos, que conjuntamente no rebasan el 20 por ciento de la población. Y existen estados como Alabama donde sólo los afronorteamericanos alcanzan el 69 por ciento o Texas donde el 37 por ciento de los ejecutados eran negros. Pero hay datos que parecen increíbles. Por ejemplo, en Kentucky se realizó un estudio que arrojó este sorprendente resultado: por homicidios de los que resultaron víctimas mil personas blancas fueron condenados a muerte 93 negros. Sin embargo, por el mismo crimen cometido por blancos contra personas negras, no le fue impuesta la pena máxima a ninguno.
En el camino emprendido de utilizar la violencia como único instrumento en la lucha contra el delito el Estado norteamericano, además de la pena máxima, emplea como alternativa la de prisión que hacen cumplir con gran rigor. También en la adecuación de esas penas Estados Unidos no presta atención a los llamados de los eventos de Derecho Penal y de las propias Naciones Unidas que recomiendan que las sanciones de privación de libertad no sean excesivamente prolongadas, imponen sanciones de esta índole que rebasan el centenar de años y, con mayor frecuencia, las de cadena perpetua.
Datos en cierto sentido oficiales, señalan que guardan prisión entre preventivos y sancionados 1 millón 600 000 personas. Aunque algunas fuentes estiman que puede alcanzar los dos millones. Pero aún tomando la cifra más discreta, significa que aproximadamente uno de cada 194 norteamericanos se encuentra guardando prisión. Y se calcula que en 1997 un total de un millón 500 000 personas sufrieron encarcelamiento u otra medida de limitación de la libertad.
Todo lo anterior se refleja en que el número de presos se ha incrementado en un 9,7 por ciento en los últimos años y el gasto en policías, prisiones y gastos judiciales se ha elevado a 670 000 millones de dólares. ¡Cuánta miseria y enfermedades se podrían evitar con esa cifra!
Como decíamos se opone a la violencia criminal la violencia oficial, en ningún caso se va a las verdaderas raíces del mal. Todo lo contrario.
Como si fuera poco los 250 millones de armas de fuego en manos privadas, por causa de sus disparos mueren en un año en Norteamérica tantas personas como en todos los países de la Unión Europea juntos. Y a pesar de eso se otorga un subsidio de 7 000 millones a sus fabricantes para que sigan produciendo y vendiendo la mortífera mercancía. Y la Corte Suprema autoriza su uso también en las escuelas.
Se dictan leyes que suprimen la ayuda a las minorías en áreas tan sensibles como la educación y la salud. Y los medios de difusión permanentemente son espejos de crímenes y otros actos en extremo violentos. De continuar por el camino emprendido -y al parecer los políticos que hoy dirigen Estados Unidos no avizoran otro- en el año 1998 nuevas prisiones abrirán sus puertas y se incrementará el número de ejecuciones, pues la violencia engendra más violencia.
Mal puede persistir en su megalomanía de ser modelo universal una sociedad como la norteamericana donde el oficio de verdugo es uno de los que ofrece mayores posibilidades de incrementar la solicitud de brazos.