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NACIONALES |
Economía y justicia
Dime cómo controlas y te diré quién eres
Faltantes y cuentas por pagar constituyen buena parte de las reclamaciones radicadas en las Salas de lo Económico de los Tribunales Populares, así lo refiere el presidente de ese órgano del Supremo, quien brinda valoraciones sobre un asunto que conduce casi siempre al delito y grava con creces la economía nacional
ROGER RICARDO LUIS
Si de una cosa está urgida nuestra economía, desde el punto de vista organizativo, es de mayor control.
Tal es el criterio del licenciado Elpidio Pérez Suárez, presidente de la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular (TSP), al frente de la cual se encuentra desde su creación en 1992, tras la extinción del Sistema de Arbitraje Estatal, institución de la cual fue miembro fundador y donde llegó a ser viceárbitro principal, luego de laborar por diez años en Comercio Exterior como asesor jurídico.
Esas salas en todas sus instancias, conocen de litigios contractuales, es decir, aquellas divergencias surgidas por el incumplimiento de acuerdos que expresan una relación económica determinada entre los sujetos participantes en ese vínculo, es decir, las empresas estatales, mixtas, cooperativas, inversionistas extranjeros, agricultores privados, concesionarios y operadores de zonas francas. Asimismo, de aquellos relativos al medio ambiente.
Esos órganos entran en contacto con el delito económico en los procesos que dirimen, al detectar conductas y situaciones presumiblemente delicitivas o violaciones de la legalidad.
UN DELINCUENTE LLAMADO FALTANTE
¿Cuál es el problema más complejo que ha podido apreciar en el ejercicio de su responsabilidad en el TSP?
-El faltante. Entre 1992-97, las demandas a nivel del TSP fueron del 22,3 por ciento de los casos, casi la cuarta parte de los mil expedientes radicados; mientras, en los tribunales provinciales re-presentaron el 34,4 del total.
¿Cómo define el faltante?
-El faltante se produce cuando la mercancía que obra en factura no coincide con la carga física entregada. Ese desvío de cuantiosos recursos suele parar en el mercado negro. Este fenómeno tan nocivo se materializa tanto en el proceso de circulación de mercancías mediante la cadena puerto-transporte-economía interna, como la que se lleva a cabo por la actividad mercantil resultante de las relaciones comerciales entre empresas mayoristas centrales y territoriales, y entre aquellas y las entidades productivas o de prestación de servicios.
¿Qué causas favorecen la proliferación del faltante en la esfera de la circulación mercantil?
-Están en las deficiencias organizativas presentes en el proceso de circulación de mercancías, atribuidas a la estructura de relaciones económico-jurídicas vigente y a los mecanismos de control sobre los bienes comercializados en todo el proceso de manipulación.
Existe una división funcional extrema con una participación excesiva de intermediarios que, lejos de contribuir a la determinación de la verdad objetiva y al esclarecimiento de los hechos cuando ocurren faltantes, favorece a la atomización de la responsabilidad institucional y personal.
Ello se manifiesta en la presencia de nexos superfluos en los que intervienen empresas circuladoras con gestión meramente documentaria, burocrática, que complejizan aún más la circulación mercantil.
Pueden ponerse muchos otros ejemplos: Cuando se envían a empresas de la economía interna, después de liquidado un expediente de embarque tras un tiempo prolongado, restos de la partida reportados como "faltantes" en un puerto, y tiempo después aparecen como "sobrantes" en otro; asimismo, las demoras en el envío de las listas de embarques, lo cual obstaculiza la recepción de los productos por sus destinatarios. En ambos casos, las mercaderías suelen ir a parar a lugares sin protección y su final, la mayoría de las veces es la apertura de los bultos y su eventual manipulación con propósitos ilícitos.
¿Y cómo puede enfrentarse el faltante?
-En primera instancia, con control. Y dentro de éste el principal es el contable que es donde se expresan, fundamentalmente, las relaciones económicas. Cuando no es confiable la contabilidad pueden suceder estas cosas, pues no se sabe qué se tiene, cómo anda la empresa. Es como estar ciego y a expensas de cualquier delito.
PAGAR O NO PAGAR
¿Qué puede decirnos sobre las cuentas por pagar y cobrar?
-Es también uno de los problemas más serios y acuciantes de la economía en la actualidad. Las reclamaciones por impagos entre 1992 y 1997 representaron el 56 por ciento del total de las radicaciones presentadas en el Tribunal Supremo Popular. Mientras, en las instancias provinciales fue del 46,6. Es prácticamente una constante.
Tal indisciplina tiene implicaciones de descontrol en las relaciones de compra y venta, pues deja también abierta la puerta al robo y desvío de recursos; asimismo, no se puede cumplir con las obligaciones con el Estado. Cuando no se paga, quien lo hace se está beneficiando con el dinero de otro, resulta una conducta parasitaria. Por demás quien no cobra se ve imposibilitado de cumplir sus obligaciones con un tercero y ello es igual a la denominada cadena de impagos.
A este fenómeno puede estar asociada la emisión de cheques sin fondos, acto que puede, según el caso, tipificarse como estafa. Hay entidades que con la mayor naturalidad del mundo, a los efectos de honrar sus obligaciones de pago con determinada prestación ofrecida por otra empresa, emiten cheques sin que exista provisión de fondos en el banco. Es una falta de ética y otra evidencia del descontrol.
¿En qué otras áreas hay más diferendos contractuales?
-En lo relativo a los procesos inversionistas, principalmente en los contratos de proyectos, ejecución de obras que se manifiestan en los altos índices de obras por terminar, cuando a la hora de la reclamación hay la ausencia de la firma de un acuerdo previo y a veces lo que media es una simple factura que muchas veces no llega a constituir una prueba fehaciente ante el órgano jurisdiccional.
¿Y sobre litigios por actos contra el medio ambiente?
-Los casos, ante las salas de lo Económico, lamentablemente, son pocos, si tenemos en cuenta que entre 1984 y 1989, los órganos de Arbitraje Estatal conocieron 306 reclamaciones de ese tipo; mientras, entre 1992 y 1997, las demandas fueron 114, cuando el país dispone de una norma legal de protección al medio ambiente muy completa.
¿Quiere decir que hay reducción de los problemas medioambientales en el país?
-Intuímos que hay muchos a partir de criterios autorizados que conocemos. Hace falta que los perjudicados hagan uso de la Ley y radiquen sus demandas en nuestras salas.
¿Qué elementos pudieran contribuir a que el lector haga una evaluación de la eficacia de las salas de lo Económico?
-Como promedio los casos que se presentan ante nuestra jurisdicción se resuelven entre 60 y 90 días. De un total de 909 del pasado año, sólo quedan por concluir 51. Hay expedientes que por su complejidad pueden llevar hasta 120 días como promedio. El fallo es firme desde el momento que se dicte y el proceso de revisión es excepcional. En la actualidad, de los miles de expedientes de reclamación que recibe el TSP en su conjunto, sólo 174 son de nuestras salas. Aquí trabajamos 12 compañeros, de ellos siete jueces.