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INTERNACIONALES |
Te conozco, mascarita
Doctor SANTIAGO CUBA FERNANDEZ
Es innegable que uno de los temas de la política internacional manejado con mayor reiteración e hipocresía es el de los derechos humanos.
Sus orígenes hay que buscarlos en las corrientes de pensamiento que precedieron a la Revolución Francesa y proclamaban que el hombre desde su nacimiento estaba en posesión de ciertos derechos (libertad de conciencia, expresión, etc., y sobre todo propiedad, pues no hay que olvidar el sustrato burgués de esas ideas) y tuvo su más clara expresión en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
Concluida la Segunda Guerra Mundial, y como reflejo de la correlación de fuerzas establecida después de la victoria contra el fascismo y el papel jugado por la Unión Soviética en la contienda, la flamante Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos que la ampliaba y actualizaba, incluyendo otros derechos de carácter social como el trabajo, la educación y la salud.
Años después los Estados Unidos y otras potencias capitalistas pretendiendo apoderarse de estos conceptos, los han enarbolado como estandarte de una gran cruzada contra todos los gobiernos y movimientos que en el mundo trabajen en favor de la genuina libertad y progreso social de lo pueblos.
Y ese proceso se ha desarrollado en dos direcciones fundamentales. La primera, formulando una arbitraria clasificación de los derechos humanos que otorga una preferencia prácticamente absoluta a los civiles y políticos (libertad de palabra, religión, reunión) y postergando a un segundo, ignorado y distante plano los de carácter social (trabajo, salud, educación).
La otra dirección conduce a escudriñar en busca de la menor "paja" en el ojo de los países socialistas -pasados y presentes- y del Tercer Mundo, para no ver la enorme "viga" en el propio o en el de otros países desarrollados. Lo que hizo proclamar a un profesor español, con mucha agudeza, que la Declaración Universal de Derechos Humanos debía tener un subtítulo: "Para uso exclusivo de países en vías de desarrollo".
Pero como "no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista", en los últimos tiempos, y particularmente durante la reciente reunión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, parece que este esquema ya ha puesto de manifiesto sus profundas grietas y se avizora con bastante claridad que los países en vías de desarrollo no son los únicos donde pudieran existir violaciones de derechos humanos y que, por el contrario, Estados Unidos, vitrina y campeón -autoproclamado- de esos derechos, es su más contumaz violador. Y eso es muy importante, pues en la lucha que la comunidad internacional debe librar para que en la totalidad de los estados se respeten los derechos humanos -todos sin arbitrarias clasificaciones- un paso preliminar es desenmascarar a Estados Unidos en este terreno.
Una sucesión de hechos irrebatibles indican que la máscara ha comenzado a caer. En Ginebra se condenó la aplicación de leyes norteamericanas como la Helms-Burton y la D'Amato, como violadoras del Derecho Internacional. También se recibió en la Comisión un documentado informe del relator designado por Naciones Unidas para investigar irregularidades en la aplicación de la pena de muerte en la nación norteña, particularmente en lo relativo a la condena de menores, incapacitados mentales y personas inocentes. El informe de este relator corrobora las imputaciones iniciales con numerosos ejemplos y criterios de importantes organizaciones y personalidades de ese país.
Por otra parte, los gobiernos de Paraguay, Honduras y México han protestado enérgicamente ante la violación por el gobierno de los EE.UU. de la Convención de Viena al condenar a muerte y ejecutar a ciudadanos de esos países sin permitirles las debidas relaciones con sus representantes consulares.
Paraguay estableció una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya a virtud de la ejecución anunciada del ciudadano paraguayo Angel Francisco Breard, que fue admitida y se ordenó a Estados Unidos que suspendiera el ajusticiamiento hasta que la Corte se pronunciara con carácter definitivo. El gobierno norteamericano hizo caso omiso del mandato de la Corte y horas después ejecutó al joven paraguayo.
Y más recientemente vuelven a actuar en forma similar, esta vez violando el Tratado de Estrasburgo (art. 23) ante una solicitud del Gobierno de Italia para que la ciudadana de ese país, Silvia Baraldini, cumpla el resto de la sanción impuesta por un tribunal norteamericano, en una prisión italiana. La señora Baraldini -una genuina prisionera política- guarda prisión en Estados Unidos desde hace 16 años sancionada por relaciones con organizaciones negras norteamericanas e independentistas puertorriqueñas. Pero lo que mejor refleja la prepotencia y absoluto irrespeto hacia una nación amiga y aliada es el fundamento que se da para la negativa, contenida en una comunicación de la Fiscal General de Estados Unidos que expresa: "El gobierno de Italia no ha dado suficientes garantías contra los riesgos de fuga de la condenada". Las más altas autoridades italianas rechazaron esa afirmación.
Todos estos acontecimientos hacen que cada vez sea mayor el número de instituciones, personalidades y sectores de la opinión pública internacional que, al escuchar el permanente alboroto de los voceros norteamericanos proclamando a esa nación como "ejemplo" del cumplimiento y la defensa universal de los derechos humanos, repitan, aunque con expresiones propias de sus culturas e idiomas, frases equivalentes a la cubana: "Te conozco, mascarita".