 Decreto-Ley
186
Buscar mayor eficacia en la
seguridad y protección física
Imparten Seminario Nacional
presidido por Carlos Lage y el general de cuerpo de
ejército Abelardo Colomé Ibarra

Roger Ricardo Luis
La aplicación del Decreto-Ley 186
relativo a la seguridad y la protección física, forma
parte de la lucha contra las indisciplinas y la
corrupción que estamos enfrentando en múltiples
frentes, y este es muy importante por cuanto se integra
con un proceso de lucha ideológica contra el delito y
para elevar el estado político-moral de la actividad
económica y administrativa.
Tal fue el criterio expresado por
José Luis Rodríguez, ministro de Economía y
Planificación, al dejar clausurado ayer el seminario
nacional que abordó el papel y el alcance de esta nueva
regulación, tanto en su acción preventiva como de
enfrentamiento al delito.
Este encuentro de trabajo estuvo
presidido por Carlos Lage, secretario del Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros, y el general de
cuerpo de ejército Abelardo Colomé Ibarra, ministro del
Interior, ambos miembros del Buró Político, y en el que
participaron, además, ministros, viceministros, jefes de
protección, entre otros dirigentes, funcionarios y
especialistas.
La normativa define al sistema de
seguridad y protección como un complemento de la
seguridad y el orden interior del país que abarca la
protección física, la seguridad y protección de la
información oficial, la seguridad informática, la
protección contra incendios, la protección física a
sustancias radioactivas, otras fuentes de radiación
ionizantes y el control de explosivos industriales,
precursores químicos, municiones y sustancias químicas
explosivas y tóxicas.
El Decreto-Ley indica que el
Ministerio del Interior funge como organismo rector de
dicha actividad; asimismo, el documento dictamina lo
concerniente a la formación de empresas y agencias de
servicios especializados de seguridad y protección.
La nueva regulación parte de que
este sistema de protección propenderá a un nivel
cualitativo superior en esa tarea, en correspondencia con
las necesidades actuales y el propio desarrollo
perspectivo del país.
Entre sus principios están que la
empresa o agencia protectora se separa de la entidad
administrativa a la cual brinda sus servicios y sólo
está subordinada al máximo nivel de dirección;
también que debe ser lo suficientemente eficiente en su
gestión para cubrir sus gastos, pues no puede darse el
caso que cueste más de lo que custodia, por lo que debe
actuar bajo parámetros de racionalización de sus
esquemas de control.
El titular de Economía y
Planificación subrayó que la implantación del nuevo
sistema no supone el desmantelamiento inmediato de lo que
hoy existe, sino que esa sustitución será progresiva y
analizado caso por caso, buscando para cada empresa lo
que realmente le sea útil y efectivo, para completarlo
en el lapso de año y medio.
Indicó que aún falta mucho por
avanzar en este campo de la protección y subrayó que
estas formas no sustituyen el primer deber de un
administrador de impedir que no le roben sus recursos.
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