Nada justifica el peloteo y la insensibilidad

Refuerzan los organismos de la Administración Central del Estado y los Consejos de Administración provinciales su sistema para atender las solicitudes y quejas de los ciudadanos

MARÍA JULIA MAYORAL

Cada vez son más los ciudadanos que acuden personalmente o envían cartas a los organismos de la Administración Central del Estado y sus dependencias, al Comité Central del Partido, al Consejo de Estado, a las asambleas del Poder Popular y a los Consejos de Administración provinciales en busca de solución a sus problemas.

Ejercen de ese modo una de sus prerrogativas constitucionales. El artículo 63 de nuestra Carta Magna consigna: "Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley". En el Decreto-Ley No. 67 sobre la Organización Central del Estado del 19 de abril de 1983, queda fijado en 60 días el lapso máximo de demora para dichas respuestas.

Resulta muy importante la existencia de ese precepto constitucional complementado con legislaciones específicas, pues constata la naturaleza popular y democrática de nuestro sistema político, el derecho de los ciudadanos a dirigirse ante cualquier instancia y también los medios de difusión para expresar sus criterios individualmente.

En casi la totalidad de las ocasiones, cuando se trata de una queja es resultado de la ineficaz atención a la gente en el lugar donde debían prestarle el servicio. Puede ser muy bien tramitada la inconformidad y resolverse el incidente, pero ya fue creado un entuerto inicial con sus consiguientes secuelas.

El deterioro de las condiciones materiales de vida de la población a consecuencia de las dificultades económicas del país en los ultimos años ha reforzado en muchos la necesidad de solicitar por diferentes vías prioridad para sus problemas personales.

Pero no todo queda en el universo de lo material, de la escasez objetiva; abunda el número de quejas a causa de la mala atención de dirigentes, funcionarios y trabajadores de diferentes entidades estatales, por el inadecuado funcionamiento de unidades administrativas, organismos e instituciones y debido a decisiones que al entender de los aquejados han ido en contra de sus legítimos derechos.

Comienzan a producirse -aunque en menor medida- las denuncias (incluyendo las anónimas) por violaciones de normas y legislaciones, así como por conductas inadecuadas de determinados funcionarios y jefes, que en opinión de los ciudadanos transgreden las leyes, sus derechos, o incurren en otros delitos.

EXIGENCIAS DE CAMBIO

A principios de noviembre de 1995, el General de Ejército Raúl Castro, Segundo Secretario del Comité Central del Partido y Primer Vicepresidente del Consejo de Estado, puso el "dedo sobre la llaga". En una carta enviada a todos los principales cuadros y dirigentes políticos, estatales y de gobierno, expuso las insuficiencias, violaciones y manifestaciones de insensibilidad más reiteradas y orientó conceder al asunto la mayor prioridad. Un mes después, en diciembre del 95, Carlos Lage, secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros precisó como una responsabilidad y tarea de primer orden que los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado y los presidentes de los Consejos de Administración provinciales organizaran la atención a las quejas del pueblo dentro de sus correspondientes estructuras.

No todos los ministerios adoptaron las mismas fórmulas. Para unos significó ajustar los mecanismos que tenían en uso y para otros dar cabida a prácticas hasta entonces poco estructuradas o inexistentes. Actualmente en la sede de éstos hay personas dedicadas a la atención a la población. Por su parte, las asambleas provinciales y municipales mejoraron el desempeño de sus oficinas especializadas en la materia, así como muchas dependencias administrativas.

El 14 de julio último, en el más reciente análisis nacional sobre el tema, se apreció que comparativamente existe hoy mayor control y funcionamiento de las oficinas y de los mecanismos utilizados para atender y ofrecer respuestas a los ciudadanos, aunque subsisten deficiencias reiteradas, entre ellas el incumplimiento del plazo establecido, poca calidad en las contestas, falta de rigor en investigaciones derivadas de denuncias, medidas tardías y no acordes con la gravedad de las violaciones corroboradas, contradicciones entre las respuestas dadas a un mismo incidente por parte de diferentes estructuras de un mismo organismo e insuficiente profesionalidad en parte de quienes atienden directamente al público en dependencias administrativas.

A lo anterior debe sumarse que, en ocasiones, las entidades no utilizan las quejas como una valiosa fuente de información para enjuiciar la calidad de su trabajo, corregir errores y evaluar a los responsables.

Sin embargo, "no hay un solo planteamiento de la población que no sea importante", recalcó Carlos Lage en su Carta Circular No.8 del 95, dirigida a los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado y a los presidentes de los Consejos de Administración provinciales.

La atención a la población -recalcó el Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros- debe constituir una actividad priorizada de los jefes, cuadros y funcionarios principales de cada institución, no puede verse como un simple trámite burocrático y lo más correcto, es que siempre que sea posible, toquemos con nuestras propias manos el problema.

OTRAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Si tantas personas deciden manifestar sus inquietudes a las diferentes instancias del Partido, el Gobierno y el Estado evidencia, en primer término, la confianza en la Revolución, en sus instituciones, de ahí la alta trascendencia política de esa interrelación.

La persona que nos confía un problema -ha planteado Lage- debe ser protegida y si no es posible encontrar solución a sus necesidades, hay que asegurarse de que sea correctamente atendida y orientada. El peloteo, la falta de atención irritan a la población. No debe abusarse -indicó- del acuse de recibo, por lo general una respuesta personal es mucho más efectiva. Toda respuesta debe, cuando no lleva implícita una solución, tratar de persuadir con argumentos.

En la sociedad cubana están creados, con respaldo legal e institucional, los sistemas y mecanismos suficientes para trabajar en función del pueblo, por lo tanto nada justifica el peloteo, la falta de atención.