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Disminuyó en 5 157 personas el saldo
migratorio interno neto hacia la capitalResultado del primer año de la aplicación del Decreto 217. Fue analizado en reunión de la Comisión Gubernamental de Apoyo a la Ciudad de La Habana.
Susana Lee
Un saldo de 5 157 personas menos residiendo permanentemente en la Ciudad de La Habana, luego de un lustro con crecimientos sostenidos superiores a las 20 000 anuales (1996 cerró con algo más de 29 000), es el resultado de la aplicación del Decreto 217 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros sobre regulaciones migratorias internas hacia la capital, al compilarse los datos de su primer año de entrada en vigor.
Lo anterior se conoció durante el análisis del tema realizado este lunes en reunión de la Comisión Gubernamental de Apoyo a la Ciudad de La Habana, que encabeza Carlos Lage, secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, y que estuvo presidida, además, por José Ramón Machado Ventura y Esteban Lazo, miembros del Buró Político, y José Luis Rodríguez, vicepresidente del Gobierno.
Según la información de los organismos involucrados en aplicar las regulaciones, desde el 28 de abril de 1997 y el cierre de igual mes de 1998 se produjeron 22 560 altas permanentes en la capital procedentes de otras provincias y causaron baja 22 717, lo cual refleja que no solo se frenó el movimiento migratorio sino que pudo revertirse la tendencia al incremento.
Por otra parte, de las 5 291 solicitudes de autorización del resto de las provincias para domiciliarse, convivir o residir de forma permanente en Ciudad de La Habana, se aprobaron 4 265 (el 81 por ciento), con las mayores cifras de La Habana (700) y Pinar del Río (505), y se denegaron 389 fundamentalmente de los territorios citados, quedando la diferencia en proceso al concluir abril.
Como es de conocimiento público, la aprobación del Decreto 217 fue necesaria para detener el incremento sostenido del flujo migratorio que de manera desordenada venía produciéndose hacia la capital, complicando aún más la situación de la vivienda y de servicios básicos de su población residente.
Su puesta en vigor no significó en modo alguno impedir las migraciones internas con ese destino sino controlarlas mediante determinadas regulaciones, en general hacia la ciudad y particularmente hacia cuatro de sus municipios (Centro Habana, La Habana Vieja, Diez de Octubre y Cerro), los de mayor densidad poblacional y más problemas habitacionales, entre otros. Prueba de ello es la cantidad de autorizaciones concedidas.
No obstante, como su aplicación implica el cumplimiento de un grupo de requisitos y coincidió en el tiempo con otras medidas institucionales y tareas, por ejemplo, de los CDR, encaminadas a restablecer la legalidad resquebrajada en los últimos años en cuanto a la residencia, vivienda, etc., ello generó que miles de personas incluidas en un amplio espectro de irregularidades, adicionalmente, hayan tramitado su legalización en el contexto del Decreto.
De ahí que, en el año citado, 55 264 personas fueron atendidas en las direcciones municipales de la Vivienda para gestiones de domicilio en la capital, el 57 por ciento de ellas en los mencionados municipios de excepción; se tramitaron por notarías 12 830 escrituras de consentimiento y 1 292 permutas; y se gestionaron en las direcciones municipales de Arquitectura y Urbanismo 11 614 dictámenes técnicos sobre el metraje de habitalidad per cápita exigido como uno de los requisitos del 217.
Mientras tanto, las oficinas del Carné de Identidad atendieron en igual lapso a 204 046 ciudadanos para cambios de domicilio, de ellos 48 481 provenientes de otras provincias, a los cuales se concedieron 8 714 permisos de residencia permanente, 15 699 transitoria y 24 068 temporal.
Otro dato elocuente en estos resultados es el aportado por las OFICODA que reportan 7 672 consumidores menos como saldo neto entre altas y bajas permanentes, temporales y transitorias, al comparar los que había al cierre de abril de este año con los de igual fecha de 1997.
Por supuesto, como todo no discurre de forma voluntaria y regulaciones como estas exigen un estricto y permanente control, en la etapa analizada se han impuesto 6 328 multas por contravenir lo dispuesto, con un monto que supera el millón 700 mil pesos y han sido regresados a su lugar de origen 3 502 personas.
En la evaluación ante la Comisión Gubernamental del grupo encargado de esta tarea se consigna que independientemente del cumplimiento satisfactorio del objetivo propuesto en esta etapa, "oído el parecer de la población a través de los presidentes de los Consejos Populares y en visitas periódicas a los municipios, los trámites para domiciliarse en la capital se consideran engorrosos, dado fundamentalmente por las distintas instituciones a las que hay que recurrir y el tiempo empleado para resolverlos", consideración por la cual, según fue informado, se viene trabajando en perfeccionarlos y agilizarlos.