 Precios con trampas

FELIX LOPEZ
Entré a
la cafetería como cualquier transeúnte agobiado por el calor de la tarde. Pedí un
refresco Tukola y le extendí al dependiente un dólar por encima del mostrador.
Regresó de la caja con sólo 15 centavos. Busqué sin éxito una tablilla que me indicara
el precio del producto. Entonces le repetí tres veces la misma pregunta: "¿Cuesta
85 centavos?"...
Ni el dependiente (que resultó ser un estudiante en práctica) ni
el cajero (con nueve años de experiencia en el comercio) reaccionaron a mi interrogante,
y mucho menos devolvieron el vuelto correcto. Correspondió su turno a la mujer que me
seguía en la cola: Nora Esther Romero se identificó con el carné de Inspector Estatal
de Precios y solicitó el Inventario de Productos para la Venta (IPV), donde se consigna
el valor oficial de cada mercancía. El del refresco referido, según el documento, es de
60 centavos.
En presencia del gerente de la unidad, Nora Esther señaló las
violaciones: algunos productos en venta no tenían el valor indicado en un sitio visible,
primera condición para que su precio fuese alterado con facilidad. El cajero infractor
fue multado con 100 pesos y quedó pendiente de una medida administrativa. El hecho
(Cafetería Fiat de Cubalse/Centro Habana/martes 8 de septiembre, 4:30 p.m.) no es
privativo de esta unidad y puede estarse repitiendo, ahora mismo, en cualquier
establecimiento de comercio minorista, independientemente del tipo de moneda en que
realicen sus ventas.
TANTO VA EL CANTARO A LA FUENTE...
Los últimos cinco años, junto a las privaciones materiales del
período especial, han traído para el cubano nuevas experiencias, entre las que sobresale
la descentralización de los precios en el comercio minorista (excluyendo a aquellos
productos que integran la canasta básica familiar y son definidos centralmente por el
Estado). En otras condiciones económicas era el Comité Estatal de Finanzas el que
establecía todos los precios. Recordemos que un refresco en Baracoa, La Habana o Mantua
se adquiría por un mismo valor.
La necesaria descentralización (que facilita la actividad
productiva y económica) ha dado prerrogativas a las empresas de la gastronomía popular,
gerencias territoriales de entidades que venden en divisas y a las direcciones municipales
de Finanzas y Precios de establecer sus propias metodologías al respecto. Una
"libertad" que parece haber confundido a no pocos vendedores.
Tras las huellas de los violadores ¿impunes?, Granma
entrevistó a Silvio Gutiérrez Pérez, jefe del Departamento de Inspección Minorista del
Ministerio de Finanzas y Precios, quien explicó que "la política de precios en la
gastronomía se rige hoy por la Resolución 41, que norma por categorizaciones (Especial,
1ra., 2da. y 3ra.), mientras que los productos especiales (ron, cerveza y cigarros) llevan
un alto impuesto de circulación, para obtener elevados ingresos. En el caso de los
Mercados Agropecuarios, la política de precios está regida por la oferta y la
demanda".
¿Cuáles son las violaciones más comunes que se producen en la
actualidad?
"En los Mercados Agropecuarios se detectan vendedores que
ofertan productos con un precio diferente al de la declaración jurada, y otros con
productos en condiciones inadecuadas de venta. En los servicios gastronómicos la mayor
violación está relacionada con los precios no visibles, y en el caso de las unidades que
operan en divisas con productos vencidos (fuera de fecha) que se venden sin las rebajas
establecidas.
"Para detectarlos, trabajan en toda la Isla 7 834 inspectores
populares y 724 inspectores profesionales; los primeros integran un movimiento voluntario
que el próximo año cumplirá 20 años en la protección de los intereses del pueblo.
Prepararlos para que realicen su trabajo en las actuales circuns-tancias y aumentar la
calidad de las inspecciones es un reto para nuestro Ministerio".
EL PRECIO DE LA VIOLACION
Toda violación tiene sus límites: en el primer semestre de este
año se realizaron en el país 280 659 inspecciones de precios (6 362 en unidades que
venden en divisas), en las que se detectaron a 104 746 infractores, de los cuales un 62
por ciento fue multado.
Pero las multas, en opinión de la población, no siempre estaban en
correspondencia con la ganancia que le proporciona a algunos infractores la alteración de
los precios. Por ese motivo, a partir del 15 de mayo de 1998 se puso en vigor el Decreto
227 que eleva el valor de las multas: no tener un precio visible se elevó de 5 pesos a
75; vender un producto por debajo de su norma subió de 25 a 100 y hasta 200 pesos.
En los primeros 45 días de aplicación del Decreto 227 se multaron
a 10 737 infractores (930 179 pesos), pero aún así la medida más temida sigue siendo la
administrativa, que en muchos casos los imposibilita de continuar trabajando en unidades
de comercio.
Una reciente inspección del Ministerio de Finanzas y Precios en
unidades de la Compañía Habaguanex, puso al descubierto esta cadena de violaciones en La
lluvia de Oro, de la calle Obispo: alteración de la norma (menos peso) de un pollo frito,
el cajero no había pasado el importe de su cobro a la caja registradora, existían 20
kilogramos de pollo que no pertenecían a la unidad.
Cito el anterior ejemplo para ilustrar cómo la detección de una
violación puede llevarnos sobre males mayores que afectan, además de la economía
familiar, a la de la nación. La falta de control administrativo permitió que un
trabajador entrara a la unidad un producto que vendería para beneficio personal, mientras
el estatal corría otra suerte. En estos casos el precio a pagar es alto: la
administración fue sustituida y el dependiente ya no vende "sus" pollos fritos. |