NIDIA DIAZ
Las precarias relaciones
cívico-militares en Chile sufrieron ayer una nueva estocada
cuando el general Augusto Pinochet decidió postergar hasta
el 10 de marzo próximo su salida como jefe del Ejército a
pesar de haber convenido con el Ejecutivo la fecha del 26 de
enero.
Aunque la decisión está avalada en la Constitución no deja
de preocupar a muchos que ven en esta nueva actitud un
mensaje de fuerza de Pinochet para aquellos empeñados en
someterlo a un juicio político por las violaciones de los
derechos humanos cometidas durante su régimen fascista y
como medio de descalificarlo moralmente e impedir que asuma
como senador vitalicio en un Congreso que mantuvo clausurado
durante 17 años.
La reacción no está sobredimensionada si se tiene en cuenta
que el propio vicecomandante en jefe del Ejército, general
Rafael Villarroel, advirtió que la medida se encuadra en la
necesidad de que a Pinochet se le respete.
No es la primera vez que el ex dictador protagoniza este tipo
de chantaje, bastaría recordar aquel diciembre de 1990
cuando acuarteló al ejército molesto por las
investigaciones que se seguían en torno a las violaciones de
los derechos humanos bajo su régimen.
En medio de esta nueva pulseada se produce en el seno de la
Cámara Baja el análisis del papel de Pinochet en el proceso
de transición a la democracia además de la causa abierta en
su contra por el Partido Comunista ante la justicia
ordinaria.
La situación se complica en Chile.
Por un lado están Pinochet y las Fuerzas Armadas que se
rehúsan a perder la impunidad que se les ha concedido y por
el otro están los diversos sectores políticos que dentro y
fuera del Parlamento pretenden salvar la honra de la nación
impidiendo que aquel ocupe un escaño vitalicio en el
Congreso.
