 Un año después
Más urgencia en la
búsqueda de un camino
LINO ORAMAS
Enviado especial de Granma
OPORTO, Portugal, 13 de octubre.-Si en algo ha cambiado el mundo
desde hace un año a la fecha es para demostrar que la "solución mágica" de la
propuesta que lamentablemente muchos consideraban válida, en realidad abre cada vez más
grietas y urge encontrar un camino.
Embarcadero en el río Duero, que atraviesa la ciudad de Oporto. Al fondo, el
impresionante puente sobre esa vía fluvial.
En la pasada Cumbre Iberoamericana, efectuada en la isla de
Margarita, en Venezuela, los gobernantes de la región, en su Declaración Final
contrajeron compromisos imposibles de cumplir sin antes hacer una revisión de las
políticas aplicadas en medio del actual proceso de globalización neoliberal.
En dicho documento manifestaron "que corresponde
primordialmente al Estado atender a los sectores más vulnerables de nuestras poblaciones,
a fin de combatir la exclusión social, superar la pobreza, la desnutrición, la
marginalidad y el analfabetismo, lograr un mayor acceso a los servicios de salud a fin de
acordar mecanismos de inserción de estos sectores en nuestras sociedades".
Reconocieron igualmente que "la vigencia de la justicia social
comporta que aquellos con mayor disponibilidad de bienes y servicios, asuman una mayor
contribución en la responsabilidad del Estado de lograr una distribución de la riqueza
más equitativa, con base sólida y estable. De allí que la lucha por la justicia social
sea un compromiso ineludible para nuestras naciones".
Sin embargo, como estos que corren son tiempos de malas noticias,
recientemente el FMI estimó que las economías de América Latina crecerán en 1998 menos
de lo previsto, lo cual según los analistas, revela el debilitamiento de la región ante
la crisis.
Ahora el estimado de crecimiento es de 2,8%, tasa inferior en 0,6% a
la anunciada hace unos meses. Y el peor se pronostica para Venezuela, con un cálculo
negativo de -2,5 %, vinculado a la caída de los precios del petróleo.
Estas previsiones, en medio de una concepción que privilegia sólo
el dinero y no a la gente, son verdaderamente alarmantes para la economía de la zona,
consagrada en el 50% de sus exportaciones a las materias primas, en momentos en que tanto
los precios como la demanda disminuyen como consecuencia de la propia crisis económica
que se expande.
En medio de esta situación bastaría una ojeada a un aspecto tan
decisivo en los índices de una economía como el desempleo. Según cifras de la OIT, en
agosto pasado, Brasil dio cuenta de su nivel más alto de desocupación abierta en los
últimos 15 años: 7,2%; en Chile se ubica en 6,8% en el trimestre junio-agosto; en
Colombia se reportó 17% finalizando septiembre.
Mención aparte merece Argentina (el modelo económico que
"vende" el FMI), donde los sin trabajo ascendían al 13,5%, elevándose a 3,5
millones los subempleados y los desocupados. El análisis señala que mientras la
economía en ese país se expandía a un promedio anual de 5,8% entre 1991 y 1997, la
desocupación aumentó desde 6,3% en 1991.
En Nicaragua la desesperación por una ocupación es tal que
recientemente se denunció en Europa cómo varios consorcios internacionales explotan en
la zona de libre comercio de Managua a miles de mujeres que producen, en condiciones
infrahumanas, vestimentas y zapatos para el mercado mundial.
Según dicha denuncia de la que se hizo eco la agencia EFE, unos 15
000 empleados, de los cuales un 80% son mujeres, trabajan un mínimo de 12 horas diarias
en productos de exportación al mundo industrializado occidental, con salarios que con
frecuencia están por debajo del mínimo vital.
En la mayoría de los casos estas mujeres no están protegidas por
algún tipo de seguridad social, además de que viven con la amenaza de que las pueden
despedir si descubren que están embarazadas, suelen ser víctimas de abusos sexuales y
maltratos verbales.
Tal es la situación social en Latinoamérica que con frecuencia se
realizan huelgas y manifestaciones en demanda de condiciones de trabajo y en la búsqueda
de salidas a la desesperante falta de atención a la salud y la educación.
Un reciente estudio de una organización especializada de la ONU
señaló que la población urbana regional alcanza una magnitud del 40%, la mitad de los
cuales se halla en condiciones de indigencia. De la década del 70 a la del 90 el
porcentaje de la población urbana en estado de pobreza absoluta subió del 29% por ciento
a alrededor del 40, lo que equivale que pasó de unos 44 millones de habitantes a mucho
más de 100 millones.
De unos 90 millones de hogares, 25 millones no tienen acceso al
servicio de agua potable y más de 30 millones no cuentan con alcantarilla ni saneamiento
básicos.
Hay estadísticas según las cuales en América Latina -donde la
política neoliberal se ha empleado a fondo en las últimas dos décadas- suman más de 84
millones los indigentes.
La mitad de la población latinoamericana -al menos 235 millones de
sus 470 millones de habitantes- está considerada como pobre, según el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
La pobreza -de acuerdo con la propia institución- ha traído
consigo una erosión familiar y un aumento de los índices de criminalidad, lo que a su
vez ha creado un círculo perverso, cuyo efecto genera un grupo mayor de personas
excluidas, que ha quedado fuera del sistema educativo, de la cultura, de los trabajos
estables y del mercado de consumo.
Extraídas solo a manera de ejemplo entre las innumerables
desgracias que se tragan a los que menos tienen en un continente donde la distribución de
la riqueza sigue siendo la más desigual del planeta, estas realidades debían bastar para
que en un mundo en que se quiere imponer la globalización neoliberal como única
alternativa, los gobernantes del área renueven en su VIII Cumbre Iberoamericana
compromisos ante sus pueblos, que reclaman la hora en que se pueda pasar un balance más
favorable.
A no dudarlo, en la búsqueda de la integración y en la solidaridad
humana puede estar la respuesta necesaria. |
