Tribunal Penal Internacional

Peligros sin definición

JOAQUIN RIVERY

DESDE CASI mediados de junio sesiona en Roma la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de un Tribunal Penal Internacional, que deberá finalizar sus labores el 17 de julio próximo.

El Tribunal Penal Internacional (TPI) se concibe como una corte de justicia destinada a tener competencia sobre individuos acusados de cometer determinados delitos cuya trascendencia sobrepase los límites nacionales.

El TPI tiene una historia que comenzó en 1948 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas pidió a la Comisión Internacional de Justicia (CIJ) que estudiara la posibilidad de crear una institución de esas características, pero el desencadenamiento de la guerra fría frenó la idea. Después de varios intentos, en 1995 se resolvió constituir un comité preparatorio que, al año siguiente propuso efectuar la Conferencia de Plenipotenciarios que se está desarrollando.

En las cuatro semanas de discusión han surgido numerosos inconvenientes.

De los crímenes o figuras delictivas propuestas, hay algunas con cierto consenso, como genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero no sucede lo mismo con otros, como agresión, terrorismo y narcotráfico, en que la discusión ha sido candente.

Incluso, ha habido nuevas proposiciones. Cuba solicitó incluir la figura del bloqueo y los intentos de destruir a un pueblo por hambre y enfermedades como uno de los crímenes de posible competencia del tribunal. Otra proposición señala los actos contra las mujeres y los niños, especialmente cuando hay abuso sexual.

Hay dos puntos que polarizan las posiciones fundamentales. Uno de ellos es la independencia del TPI. Numerosas delegaciones insisten en que deberá ser totalmente autónomo, igual que el fiscal, para evitar presiones e interpretaciones políticas y de intereses.

Otros, encabezados por Estados Unidos y algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, reclaman que el TPI dependa de alguna forma de ese organismo de la ONU, lo que restaría poder de decisión al tribunal y al fiscal a la hora de encarar cada caso y daría la posibilidad de su manipulación por un ente que en general ha perdido mucho crédito y donde hay un excesivo peso de EE.UU. que, como los demás miembros permanentes, disfruta del poder de veto.

Hay mucho temor generalizado a la forma en que el Consejo de Seguridad de la ONU maneja los asuntos críticos del planeta. Al rechazar la competencia de ese órgano en la definición del delito de agresión, Sergio González Gálvez, re-presentante de México en la conferencia, expresaba: "...les sugiero que analicen las veces que el Consejo de Seguridad ha declarado la exis-tencia de un acto de agresión y las ocasiones en que entre los agresores se menciona a un miembro permanente".

Estados Unidos tiene un largo historial de agresiones armadas a otras naciones y, si el Consejo de Seguridad tiene poder de decidir quién es agresor, el veto del representante norteamericano anularía cualquier posibilidad de acción del TPI sobre los individuos que en Washington deciden las atrocidades que ya han cometido más de una vez.

La reunión del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados ya había aprobado en mayo un documento en el que señala que "la corte debe ser imparcial e independiente, especialmente de influencias políticas de cualquier clase, incluyendo la de los órganos de las Naciones Unidas, en particular del Consejo de Seguridad, las que no deben influir u obstruir el funcionamiento de la corte."

El segundo problema mayor es la delimitación de la competencia del TPI y de los estados nacionales. Esta es una preocupación muy acentuada sobre todo en los países del Tercer Mundo, dada la inclinación de los países industrializados a querer determinar ellos la calificación de los hechos que puedan tener repercusión internacional y las medidas que se tomen.

Los temores son bien fundados, si se recuerda, por ejemplo, la reciente operación Casablanca, mediante la cual Estados Unidos, pretextando la búsqueda de casos de lavado de dinero del narcotráfico, mantuvo sus agentes operando clandestinamente en México sin conocimiento ni autorización de las autoridades mexicanas.

Cuba, a través de su representante en la conferencia, José Peraza Chapeau, destacó que el TPI no se puede convertir en un instrumento para intervenir en los asuntos internos de los estados soberanos y que debe abstenerse de actuar cuando los delitos sean juzgados por tribunales nacionales y estos demuestren eficacia e interés en su persecusión.

El representante mexicano también señaló que se deben establecer claramente los casos de excepción a la jurisdicción nacional y las salvaguardias que aseguren que no se cometan abusos que puedan afectar las soberanías de los estados mediante la aplicación de criterios subjetivos con alcance ambiguo.

Las discusiones son tensas y las presiones están a la orden del día. Emma Bonino, responsable europea de Derechos Humanos, declaró a la agencia ANSA el 6 de julio que "muchos países no se animarían a sostener en público lo que sostienen en privado", lo cual evidencia el ambiente de temor de determinadas naciones a la forma en que podría reaccionar sobre todo Estados Unidos.

Hay otros puntos de fuerte duda en torno a la Conferencia de Plenipotenciarios. ¿Qué sucedería, por ejemplo, a los estados que no estén de acuerdo con el TPI y no firmen su constitución? También está la reclamación de muchos gobiernos de que el tribunal tenga un presupuesto totalmente independiente de la ONU, para evitar que se utilice este mecanismo de coerción.

No se sabe hoy todavía cómo será este Tribunal Penal Internacional; qué se aprobará o si se aprobará en los pocos días que restan del funcionamiento lleno de contradicciones de la conferencia preparatoria. Existe ya una declaración de prepotencia de lo que pudiera suceder con Estados Unidos, un país que, como es conocido, no se considera siquiera obligado por las decisiones de la Corte Internacional de La Haya.

La agencia AFP reportaba el pasado 2 de julio que el senador Jesse Helms afirmó que el TPI no sería ratificado por la Cámara Alta norteamericana "salvo si existe la garantía de que ningún ciudadano de Estados Unidos será juzgado por dicha jurisdicción".

¿Se imaginan ustedes que quedara en manos de Washington la determinación de cuándo hay genocidio, agresión, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, de terrorismo o de narcotráfico? ¿Qué sería del mundo?