|
NACIONALES |
Examinan problemas esenciales
que afectan la gestión del sistema
del Comercio InteriorEntre otros, las condiciones propiciadoras de delitos y las violaciones de la política de precios. Presidió Carlos Lage la reunión de conclusiones del Control Gubernamental al MINCIN. José Luis Rodríguez hizo el resumen
SUSANA LEE
EL NUMERO de unidades donde las condiciones son propicias para la comisión de delitos, la frecuencia con que elementos inescrupulosos sustraen mercancías y las irregularidades detectadas en materia de precios, figuraron entre los temas más analizados durante la reunión de conclusiones del Control Gubernamental al Ministerio del Comercio Interior.
Presidido por Carlos Lage, secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, entre otros dirigentes del Gobierno, el encuentro, efectuado el viernes último, contó con la asistencia de los cuadros principales del sistema del Comercio Interior, encabezados por la ministra Bárbara Castillo, y dejó varios saldos principales que, aunque contradictorios ante la realidad inobjetable de demandas y necesidades de consumo de la población insatisfechas, sería injusto soslayar.
En primer lugar, como se reconoció en la reunión, hay un resultado innegable: se ha logrado rescatar y ampliar una red comercial que literalmente había desaparecido en las etapas más críticas del período especial -años 93, 94 y principios de 1995- e iniciar la implantación de variadas fórmulas que vienen posibilitando, en mayor o menor grado, mantenerla abastecida y prestando servicios.
En segundo, vinculado a lo anterior, el crecimiento sostenido de las ventas, las ganancias y otros indicadores económicos, a la par que disminuyen las pérdidas, los faltantes y las mermas, roturas y deterioros..., sin que quiera decir que no haya otros que, aun cuando denotan mejorías, distan de poderse evaluar de aceptables. Tal es el caso, por ejemplo, de las cuentas por cobrar y pagar o de la falta de liquidez en algunas entidades por altos niveles de inventarios ociosos y de lento movimiento.
Y en tercero, que aunque hay situaciones que por requerir inversiones (léase recursos materiales y financieros) demorará su solución definitiva, se detectaron otras muchas de tipo organizativo, de control y exigencia, etc., que sí deben enfrentarse y resolverse en el más breve plazo.
No es ocioso recordar -como lo hizo José Luis Rodríguez, vicepresidente del Consejo de Ministros, al hacer las conclusiones de la reunión-, que la práctica de estas inspecciones integrales del Gobierno no es destacar avances sino apuntar insuficiencias.
Un especial llamado de alerta -algo novedoso en estos controles- lo constituyeron los resultados de una encuesta de opinión realizada paralelamente por la Oficina Nacional de Estadísticas a 2 484 personas en varios cientos de establecimientos estatales y lugares privados de venta que, a no dudar, reflejan con bastante certeza el criterio de la población.
Retomando los temas iniciales referidos al delito que se examinaron a partir de situaciones concretas en algunos lugares, quedó claro que no hay posibilidades materiales para disponer de inmediato de cuanto se requeriría en el campo de la protección, como también -y así lo indicó Lage- que es preciso erradicar el conformismo que en ocasiones ha prevalecido y encontrar los métodos para impedir el robo de recursos de los almacenes, de los camiones en que se transportan, de las tiendas, etc., con los medios que tenemos. Nada justifica que no enfrentemos y solucionemos con energía y de forma permanente este problema con participación de todos los que intervienen en ello: Comercio Interior, Transporte, la Industria Alimenticia, la Policía, los gobiernos locales, la comunidad..., precisó.
Sobre los precios el Secretario del Comité Ejecutivo señaló que algunos de las deficiencias detectadas en el Control -básicamente referidas a su inflexibilidad por falta de mecanismos ágiles de modificación teniendo en cuenta factores como estudios de la demanda nacional solvente, precios en divisas de los productos competitivos, calidades y violaciones de la política establecida en términos de categorización de unidades, no correspondencia con la calidad del producto o servicio ofertado, entre otras-, coinciden con las quejas de la población.
Al respecto y en intercambio de criterios con varios participantes, Lage se refirió al planteamiento sobre los precios elevados en los productos a la venta en el mercado industrial, señalando que efectivamente son elevados y que se justifica en la mayoría de los casos por las circunstancias de las escaseces, por todos conocidas, y las vías de financiamiento halladas para resolver en parte las necesidades de algunos renglones industriales básicos, es decir, mediante precios diferenciados que posibiliten, por un lado, suplir la erogación de divisas que conllevan y, por otro, extraer circulante para sostener las medidas de saneamiento financiero interno.
Agregó que esa política de precios no es la deseada, pero una gran parte de la población la entiende, lo que sí ni se comparte ni se entiende es que no exista o no se agilice el sistema para rebajar los precios en ese mercado cuando un producto no tiene salida, no se corresponde con otros factores como la calidad o no se tiene en cuenta que el movimiento cambiario del dólar en ocasiones es muy rápido.
Insistió en que los recursos financieros para las ofertas en ese mercado salen de las CADECA, pero alertó -dado que existe una cierta tendencia en los últimos meses a aumentar el dinero circulante en manos de la población que puede revertir lo logrado en materia de saneamiento financiero-, que es imprescindible mantener un estudio sistemático de ese flujo para que no se vuelva inflacionario. Hay algo que está apuntando de forma negativa y por tanto, debemos ser capaces de ofrecer artículos de calidad, con demanda, para que la recaudación sea más rápida.
En cuanto a los precios de la gastronomía estatal, sin dejar de admitir lo complejo que resulta porque depende mucho del hombre en el establecimiento, Lage llamó también a controles más fuertes, a mayor exigencia y agilidad en que se cumpla lo dispuesto para evitar anomalías que molestan a la población.
En tal sentido, y tras la oportuna acotación de Manuel Millares, ministro de Finanzas y Precios, acerca del papel de los inspectores populares, de las multas y en torno a que muchas veces las quejas no son tanto por el precio de un producto sino por la cantidad que se da por ese precio o por la adulteración de los productos, Lage mencionó el caso del ron a granel, "que nos hemos acostumbrado a que esté adulterado siempre y a coexistir con esa situación", respecto a lo cual encomendó a los ministerios de la Industria Alimenticia y de Comercio Interior resolver ese problema con nuestras actuales condiciones, en tanto no existan los recursos para la solución definitiva que es envasarlo.
Quedó claro que los precios de la gastronomía y los mercados industriales han descendido desde que comenzaron a funcionar, y solo podrán seguir descendiendo con el mejoramiento de la situación económica y el incremento de la producción.
Ya en las conclusiones José Luis Rodríguez insistió en la necesidad de fortalecer el papel rector del MINCIN en las actividades comerciales, gastronómicas y de servicios de la subordinación local, pues como se comprobó en el Control, el mayor nivel de problemas se detectó en los establecimientos y empresas de esta instancia.
El también Ministro de Economía y Planificación se refirió a lo indispensable de elevar la calidad de esas actividades porque en sí mismas representan la política económica, de precios, de recaudación de ingresos del Gobierno a los ojos de la población.
Asimismo, sobre la base de las deficiencias registradas por el Control, mencionó, entre otras tareas a las que el MINCIN debe dedicar todos sus esfuerzos en lo inmediato, las relativas al perfeccionamiento y redimensionamiento empresarial a escala territorial; la sustentabilidad económica del sector pues aún existen problemas de desconocimiento/aplicación real de los costos por peso de actividad o de venta; el control de los recursos; la disciplina en la política de precios; la gestión financiera; a encontrar fórmulas para el mejoramiento de la distribución normada y la reparación de calzado y de equipos electrodomésticos como los televisores, así como a la restitución de las reservas estatales, aun en medio de las difíciles condiciones que atravesamos.
El Control Gubernamental fue realizado entre el 18 y el 23 de mayo pasado por 28 organismos, comisiones y grupos afines de la Administración Central del Estado, e incluyó 51 de las 52 entidades nacionales del MINCIN, así como las 16 direcciones sectoriales, la mayor parte de las empresas mayoristas, de las 209 municipales y de transporte y numerosos establecimientos del sistema del Comercio Interior en la subordinación local.