NIDIA DIAZ
LA DIFERENCIA entre los ejércitos alemán y japonés al
finalizar la II Guerra Mundial y sus homólogos sudamericanos
en la cercana década del 80, es que los primeros al ser
derrotados, se rindieron incondicionalmente y estos,
responsables igualmente de genocidio y crímenes de lesa
humanidad, pactaron su retorno a los cuarteles como alto
precio para permitir los procesos de tránsito a la
civilidad.
Ahí están las historias contadas y escritas de los
esfuerzos de las potencias imperialistas de entonces por
rearmar al país europeo con el objetivo de lanzarlo contra
la joven Unión Soviética.
Más fresca aún en la memoria se conserva la llamada
"doctrina de seguridad nacional", diseñada por los
Estados Unidos para la región latinoamericana con el
objetivo de hacer abortar los movimientos populares y
democráticos que en la década de los años 70 cobraron auge
en la región y a los que se opuso el terrorismo de Estado.
Los primeros pagaron el precio de su lucha. Para los otros se
recomendó perdón y olvido, leyes de Caducidad y Punto
Final.
Esa es la razón por la que, casi a las puertas del tercer
milenio, cuando se habla con bombos y platillos de la nueva
era democrática, una buena parte de los latinoamericanos no
encuentran sosiego en el perdón y olvido con que se ha
pretendido hacer borrón y cuenta nueva a las inenarrables
violaciones de los derechos humanos que, en nombre de la
"doctrina de seguridad nacional" se cometieron en
sus respectivos países.
Variadas fueron las fórmulas que en cada nación se pusieron
en práctica para justificar no hacer justicia contra los
culpables, las que pudieron imponerse a costa del miedo del
retorno de aquellos al poder.
De esta forma, en Uruguay se llevó a plebiscito la
posibilidad de juzgar a los represores en un momento en que
la mayor parte de la ciudadanía, sobre todo aquella con poco
desarrollo de la conciencia política, aspiraba a vivir en
paz aunque ello implicara olvidar.
En Argentina, el gobierno radical de Raúl Alfonsín, aunque
promovió la llamada Ley de Punto Final, condenó a los
principales cabecillas de aquellas terríficas juntas
militares; posteriormente el presidente Carlos Menem los
indultó pretendiendo liquidar el asunto y dando el mismo
tratamiento a los victimarios que a sus encarcelados
adversarios.
El camino hacia la civilidad en Chile se desbrozó en medio
de trampas constitucionales colocadas por el propio ejecutor
del sangriento golpe militar que derrocó al gobierno de la
Unidad Popular.
Pinochet no sólo garantizó la impunidad para los militares
represores sino que logró retener el poder real con
arrogantes amenazas de un eventual retorno, al tiempo que
irónicamente se destinó una banca vitalicia en el Senado.
Oponerse a tales designios en Chile es, por tanto, oponerse a
la propia Constitución vigente. Ni Goebbels fue más lejos.
Punto Final, Obediencia Debida, Caducidad, son fórmulas de
compromiso acordadas con quienes habían quebrado
violentamente el orden constitucional.
Paralelamente, la guerra fría entraba en su fase final y se
imponían las políticas económicas neoliberales con la
aplicación de un modelo político e ideológico en el que
los militares ya no eran imprescindibles, una vez que se
consideró eliminada la subversión.
Ese complejo entramado, y los factores locales e
institucionales que lo rodearon, puede explicar por qué la
verdad y la justicia aún no prevalecen, a pesar de los años
transcurridos desde la trasmisión del mando a la civilidad.
El problema de los desaparecidos, de los asesinatos, de las
violaciones, de las torturas, del exilio forzado vuelve a
estar hoy en el vórtice de la confrontación entre aquellos
que piensan que por decreto se olvida y se perdona y los que,
sin ánimos de venganza, exigen castigo a los culpables.
El tema vuelve a ser noticia, sobre todo en Argentina,
Uruguay y Chile. Son heridas que, sólo con rozarlas, vuelven
a abrirse.
