Hacia una justicia judicial digital, inclusiva y sostenible

Declarar la justicia judicial digital en Cuba es una meta a mediano plazo que contempla, en su ruta, varias acciones para garantizar un proyecto final consecuente con la transformación digital del país en el sistema de tribunales cubanos.

Por ello, comentó a Granma Yojanier Sierra Infante, presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana y jefe del grupo de trabajo para la transformación digital en el Sistema de Tribunales de Justicia (STJ), se han establecido varias pautas en el camino.

Estas contemplan potenciar y estabilizar el uso de los servicios relativos a la actualidad judicial y a los procesos administrativos, así como desarrollar un proceso de perfeccionamiento y ajuste de los servicios y su uso.

En la presentación de la Política Integral para la Transformación Digital del Sistema de Tribunales Populares en el XI Encuentro Internacional Justicia y Derecho, Sierra Infante refirió que la Agenda Digital 2024 del STJ contempla el expediente judicial electrónico; la gestión de la información documental, institucional y de recursos humanos; los servicios científicos, tecnológicos e innovación; el sistema de atención a la población, entre otros.

Explicó que las normas procesales y la orgánica del sistema judicial cubano ofrecen respaldo legal al proceso de transformación digital.

«La justicia digital procura un sistema moderno en el que prime la celeridad en la tramitación de los asuntos, la transparencia, la interacción, el control popular en el servicio judicial y una mayor calidad en la administración de justicia», resaltó.

POLÍTICA INTEGRAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SISTEMA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA

La Política, consideró Sierra Infante, constituye el documento rector para la gestión integral de la transformación digital en el STJ, y la base para el desarrollo de la justicia judicial digital a corto, mediano y largo plazos, la Estrategia de transformación digital y la Agenda digital.

Esta política, dijo, actúa como parte imprescindible y dinamizadora de la gestión de la calidad de la actividad judicial, y constituye un proceso relevante para el desarrollo y la modernización del STJ, que pone al ciudadano en el centro del servicio.

Constituye un proceso estratégico y transversal al resto, tiene como prioridad la actividad jurisdiccional, contribuye a la celeridad y transparencia de los procesos judiciales, y su diseño e implementación se ajustan a lo establecido en las disposiciones normativas vigentes, además de actuar como un componente imprescindible y dinamizador de la gestión de la calidad en la labor judicial.

De forma específica, explicó que procura su despliegue en todos los órganos judiciales del país, con prioridad para aquellos que tramitan asuntos en primera instancia y defiende, como producto líder del proceso de transformación digital del STJ, el Expediente judicial electrónico (Xejel), a través del cual debe tramitarse toda la actividad judicial posible.

El procedimiento, agregó, aboga porque la vía principal de acceso de la población a la justicia judicial digital sea el portal web del Tribunal Supremo Popular, a través de la comunicación digital, proyecta como único espacio digital para la gestión de la información de datos estadísticos el Sistema de Gestión Estadística (SGE), y aboga por la interoperabilidad de todos los sistemas y proyectos que se gestionen internamente.

Sierra Infante acotó que un aspecto fundamental de la Política es que desarrolla e implementa los servicios en línea con prioridad para la población, además de incorporar la inteligencia artificial en el procesamiento de los datos para la toma de decisiones.

IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA EN EL SISTEMA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA

• Beneficia la celeridad y transparencia de los trámites judiciales.
• Facilita el cumplimiento de los principios de la Justicia Abierta.
• Impulsa un programa con enfoque integral (hacia las personas, los sistemas y procesos, y la promoción de la cultura digital y los datos).
• Favorece la interacción en los ecosistemas digitales, mediante el esquema nacional de interoperabilidad y el propio.
• Desarrolla e implementa los servicios en línea.
• Se acompaña de un programa para el fortalecimiento de la ciberseguridad.
• Potencia la vinculación de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) entre las universidades, los productores de servicios informáticos y el sistema judicial.
• Apuesta por la cooperación internacional en función de fortalecer el desarrollo de las TIC de manera segura.

PROGRAMA SECTORIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Este programa tiene como objetivo contribuir al perfeccionamiento de la justicia judicial cubana, incorporando propuestas que posibiliten la mejora continua del trabajo de los tribunales y su impacto positivo en el desarrollo de la sociedad.

Las propuestas de proyectos para presentar en esta convocatoria, con vistas al Plan 2025, se recepcionarán hasta el 30 de mayo de 2024. El proceso de evaluación, aprobación y compatibilización se realizará del 1ro. al 20 de junio de 2024.

Para 2025, la convocatoria se realiza de manera limitada, hasta un máximo de siete proyectos, en los que el ejecutor principal sea el Tribunal Supremo Popular, y se elaborarán a partir de los procedimientos establecidos en las Indicaciones Metodológicas para la Gestión del Sistema de Programas y Proyectos del Citma.