La Dirección de Asesoramiento Jurídico del Ministerio de Justicia (Minjus) desempeña un papel esencial en la organización y control del asesoramiento legal a todas las personas jurídicas del país, conforme al Acuerdo del Consejo de Ministros No. 8663, del 13 de agosto de 2019.
Su misión es garantizar que las decisiones económicas y administrativas que se adopten en el ámbito estatal y no estatal estén en consonancia con la ley, como parte de la Política para el fortalecimiento del asesoramiento jurídico, aprobada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Yaliet Peña Rodríguez, directora general de Legislación, Asesoramiento Jurídico y Asistencia Legal del Minjus, comentó a Granma que esta Dirección orienta y supervisa la labor de asesoramiento jurídico a los órganos del Estado y del Gobierno, los consejos de la administración provincial y municipal, los organismos de la administración central, las organizaciones superiores de dirección empresarial y las diferentes entidades nacionales.
De igual forma, extiende su acción a las nuevas formas de gestión no estatal, incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y los trabajadores por cuenta propia que se integran activamente a la vida económica del país.
Precisó que el Decreto Ley 349 «Del Asesoramiento Jurídico» establece con claridad las funciones de los juristas que ejercen esta responsabilidad, y entre ellas figuran velar por el cumplimiento de la legislación vigente, representar a las entidades en los procesos judiciales y administrativos, asesorar a las autoridades y directivos, elaborar contratos y convenios, mantener actualizados los diagnósticos legales y participar en el control de la documentación jurídica.
De esta manera –dijo– el asesor jurídico se convierte en un actor fundamental en la gestión institucional, tanto en la defensa de los intereses de la entidad como en la prevención de conflictos legales.
ACCESO AL ASESORAMIENTOJURÍDICO EN CUBA
Por otra parte, Stephane Jordan del Pino, coordinadora de la Dirección, resaltó que el acceso al asesoramiento jurídico en Cuba se garantiza a través de dos vías principales: el asesoramiento propio, cuando las entidades disponen de juristas incorporados a su plantilla, y la prestación de servicios mediante instituciones autorizadas por el Minjus, como consultorías jurídicas, bufetes colectivos y bufetes especializados.
Agregó que estas estructuras cubren la demanda de asesoramiento en todos los sectores de la economía, y su fortalecimiento ha sido una prioridad constante del Ministerio, en particular en el actual escenario de transformaciones normativas.
Las especialistas coincidieron en que, desde la aprobación de la Constitución en 2019, se han promulgado 55 Leyes y 127 Decretos Leyes, lo cual ha incrementado la complejidad del trabajo jurídico en las entidades.
Para enfrentar este desafío, el Minjus ha consolidado los sistemas de trabajo con las consultorías jurídicas y los bufetes colectivos, las direcciones jurídicas de los organismos de la Administración Central del Estado y de las organizaciones superiores de Dirección Empresarial, para lograr mayor eficacia del Asesoramiento Jurídico, así como se han diversificado las acciones de capacitación.
Peña Rodríguez significó que las consultorías jurídicas y los bufetes colectivos cumplen un papel clave en este empeño en el que su labor no solo se centra en la representación legal, sino en la formación y la capacitación en materia mercantil, económica, financiera, tributaria y de contratos.
PARTICULARIDADES CON LAS FORMAS DE GESTIÓN NO ESTATAL
Por otra parte, el acompañamiento a las formas de gestión no estatal constituye uno de los retos más importantes y, a pesar de los avances, apenas entre el 16 % y el 19 % de las mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia disponen de asesoría jurídica institucional.
De acuerdo con Jordan del Pino, esto dificulta la eficacia y transparencia de los negocios establecidos, detectándose violaciones de la legalidad que trascienden al sector empresarial estatal.
En ese sentido, el Minjus impulsa un programa de fortalecimiento de este vínculo, a través de convenios con consultorías y bufetes, de modo que todos los actores económicos puedan contar con respaldo legal para el desarrollo de sus actividades, la formalización de contratos y la participación en relaciones económicas con entidades estatales.
Las especialistas refirieron que dentro de las consultas más frecuentes de los nuevos actores económicos están las relacionadas con los requisitos para constituirse como persona jurídica, los procedimientos de inscripción en el Registro Mercantil y la aprobación de plazas para asesores jurídicos propios.
«Desde el asesoramiento jurídico los retos con estas formas de gestión están asociados a la implementación de las nuevas disposiciones jurídicas vigentes para estos sujetos, así como lograr el cumplimiento de la legalidad en los procesos que desarrollan, lo que conlleva una preparación integral del asesor jurídico en materias como el derecho mercantil, tributario, financiero, económico, de contratos, que son imprescindibles para asesorar a estas entidades», resaltó Peña Rodríguez.
RETOS A GRANDES RASGOS
Sobre este aspecto, coincidieron en que entre los principales desafíos del sistema de asesoramiento jurídico se encuentran la necesidad de lograr un cumplimiento más riguroso de la legalidad, que los principales directivos sean conscientes de la necesidad de implementar correctamente las leyes y demás disposiciones jurídicas vigentes en Cuba, y la participación activa del asesor jurídico en los principales procesos de las entidades, especialmente en la contratación económica, en la actualización del patrimonio inmobiliario estatal y en el control interno.
Peña Rodríguez remarcó que el contexto actual demanda juristas con una preparación integral en derecho económico, financiero, tributario y contractual, capaces de responder a las exigencias de un entorno jurídico y empresarial en transformación.
En ese sentido, la Política también contempla la dignificación del trabajo del asesor jurídico en la cual se promueven acciones para garantizar la calidad y la estabilidad del servicio jurídico.
De cara al futuro, las prioridades del Minjus se centran en avanzar en la implementación de la Política para lograr el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones jurídicas y el fortalecimiento del asesoramiento, y con ello establecer el control a la implementación de las leyes en los sujetos de la economía que garantiza el cumplimiento de la institucionalidad, lo que redunda en una mayor eficacia de las normas jurídicas en beneficio del desarrollo integral del país.
De igual forma, para los próximos años se plantea alcanzar mejores resultados en las relaciones contractuales entre los sujetos de la economía a partir de la intervención de los asesores jurídicos en estos procesos, y dignificar al asesor jurídico desde el acceso a acciones integrales de capacitación y el cumplimiento estricto de las funciones que le corresponden por ley.
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