«El derecho es norma, pero también humanidad»

Han pasado más de 40 años desde que Juan Mendoza Díaz se graduó de abogado y comenzó a conjugar su profesión de jurista con el magisterio. Desde entonces desempeñó sus funciones con entrega y profesionalidad tales, que lo hicieron merecedor del Premio Nacional de Derecho Carlos Manuel de Céspedes 2020.

El tiempo y el arduo trabajo realizado durante toda su carrera no han hecho a Mendoza dudar de su vocación, y se le nota en los ojos cuando dice que «el derecho es una profesión extraordinariamente bella, porque te da las herramientas para conocer la sociedad y cómo funciona.

«La profesión del juez, por ejemplo, está marcada por el equilibrio que debe tener quien administra la justicia. Dentro del derecho es la que más pondero, a pesar de nunca haberme desempeñado como tal, pues son ellos quienes tienen que definir con imparcialidad, elevándose por encima de las pasiones, de la prensa, de la familia, de los prejuicios», agregó.

Sin embargo, admite que no deja de ser hermoso el papel de los abogados y fiscales, en el debate de un caso, en la forma de presentar los argumentos. «Esa batalla que se da en el tribunal es hermosa, es una batalla de la vida.

«Resulta apasionante y es mucha la adrenalina que se drena en esos debates, lo cual hace que la abogacía sea extremadamente atrayente, por lo que me siento orgulloso de haberla estudiado. El derecho es norma, pero también humanidad».

LOS JURISTAS Y LAS TRANSFORMACIONES LEGISLATIVAS EN EL PAÍS

Al referirse a las transformaciones legislativas que acontecen en Cuba, y al papel que en estas desempeña la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Mendoza –quien es además presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de la UNJC, y director de la Revista Cubana de Derecho– destaca algunas ideas básicas.

La primera es que, en el actual contexto, los juristas del país están teniendo un protagonismo como nunca antes, por su participación en el proceso de elaboración de las leyes derivadas de la Constitución de la República, aprobada en 2019.

«Todos los juristas pudimos hacer aportes importantes para la Ley de leyes en el debate que se realizó previo a su aprobación, y así ha sucedido también con todas las leyes de desarrollo, que son las que después complementan la Constitución, y que se abrieron al debate de la comunidad jurídica y a los profesores de las universidades. Ello permitió incorporar todo lo que en estos años se ha generado en cuanto a ciencia e innovación».

Otro aspecto para resaltar, según el profesor de Derecho Procesal en la Universidad de la Habana, es la prioridad que la dirección del país le ha dado a este proceso de profunda reforma procesal y judicial, que se evidencia en los sistemáticos encuentros a los que el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha asistido en función de supervisar ese trabajo.

Por otro lado, se refirió al Código de los Procesos, aprobado el año pasado por la Asamblea Nacional, que es el conjunto de normas que se encargan de regular el modo en el que se realizan en Cuba los derechos civil, familiar, mercantil y laboral ante los tribunales. En ese sentido, aclaró que nunca ha existido una reforma del calado de lo que se ha logrado en su más reciente actualización.

Mencionó que, además, gracias a la Ley del Proceso Administrativo, ya se pueden resolver las reclamaciones de las personas relacionadas con esta rama en los tribunales, cuestiones que antiguamente quedaban a nivel de organismos y ministerios.

Asimismo, explicó que el proceso penal también se modificó sustancialmente, y se garantizan derechos importantísimos como la presencia temprana del abogado en el proceso, el fortalecimiento de la actividad de la fiscalía, y el control judicial de la aplicación de la prisión provisional, aspectos que nos colocan, como país, en un nivel extraordinario de dignidad humana.

Mendoza señaló la aprobación de la Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales, que tiene el propósito de hacer efectiva la protección jurisdiccional de los derechos constitucionales ante los daños o perjuicios que sufran las personas.

«Esta ley tiene como beneficios el fortalecimiento de la institucionalidad y otorgar mayores garantías a las personas a partir de su concepción, en la que se caracterizan la celeridad, el papel activo del tribunal, la participación de las partes, la simplificación de trámites, la oralidad e inmediación».

A partir de la aprobación de estas normas procesales, no hay ningún derecho subjetivo, ningún interés legítimo, ni nadie que se sienta dañado en todos los campos del derecho que no tenga salida ante los tribunales, organismos colegiados e independientes que garantizan la impartición de justicia.

A propósito del papel de los juristas en este escenario, Mendoza consideró que se les impone un extraordinario compromiso en la capacitación de todos los actores de la sociedad.

«Hay que cuidar ese proceso, porque el avance que hemos logrado con esta labor legislativa tan grande no puede tener vuelta atrás, y existen personas que dudan de nuestro respeto hacia esas leyes.

«Los juristas trabajamos conscientes de que Cuba pondera estas cuestiones y su estricto cumplimiento, por eso proteger la Constitución y todas las leyes que se han derivado de ella es el compromiso fundamental que tenemos ahora mismo».