Ante el cliente… juez y parte

La dilación de un trámite, sea cual sea su na­turaleza, irrita… agobia. Y si la gestión, pa­ra col­­mo, implicó un gasto considerable (de tiempo y recursos), entonces la molestia se en­san­cha, se multiplica.

Precisamente, la demora en la solución del asunto contratado constituye la razón prin­cipal de las quejas recibidas, durante el 2015 y el pri­mer semestre del 2016, por la Consulto­ría Jurí­dica Internacional S.A., encargada de ofre­cer, a las personas naturales y jurídicas, ser­vi­cios especializados en asistencia legal, trá­mites migratorios y documentales, así co­mo nota­riales.

De acuerdo con José Pavón Cruz, su director general, las prestaciones asociadas a la ob­tención, certificación y legalización de documentos docentes para surtir efectos en el exterior concentran las mayores problemáticas, so­bre todo en los procedimientos concernientes a los centros educacionales.

No obstante, comentó sobre los encuentros de trabajo sostenidos recientemente con los or­ganismos involucrados, los cuales reconocieron sus limitaciones para cumplir de ma­nera efectiva con lo establecido en el Acuerdo del Con­sejo de Ministros, de marzo del 2014, respecto a los servicios mencionados.

Según lo dispuesto, las instituciones do­­­centes o los departamentos correspondientes de los Organismos de la Administración Cen­tral del Es­tado (OACE), en los casos que así lo re­quie­ran, disponen de hasta 45 días hábiles pa­ra confeccionar y entregar el documento so­licitado.

Posteriormente, añadió, las entidades de ser­­­vicios jurídicos autorizadas (cualquier so­cie­­dad civil de servicios aprobada para efectuar el trámite, así como las unidades especializadas de la Organización Nacional de Bu­fetes Colec­tivos) deben presentar la solicitud de certificación ante el OACE que corresponda, el cual posee un término de hasta cinco días hábiles para realizar el pedido. La legalización, por último, compete al Ministerio de Relaciones Ex­teriores, que cuenta con un pe­riodo de hasta diez días hábiles para cumplir el encargo.

Por lo general, el trámite fluye, apuntó Pa­vón, «pero existen casos que se estancan en las instancias docentes. Los ejecutores se han mos­­trado receptivos y hemos establecido líneas de acción, en aras de satisfacer, dentro de los plazos pactados, las necesidades de los clientes».

Pero más allá de lo dicho, urge la efectividad en el hacer, porque de poco le valen la disposición y la buena voluntad a quien espera.
Cierto es que «la Consultoría asume la responsabilidad de tramitar el servicio a nombre del cliente»; no obstante, en el convenio sus­crito se le explicita que corresponde a las instituciones pertinentes la decisión de otorgar el do­cumento en cuestión.

Conocer y aceptar dicha cláusula, evitaría reclamos improcedentes, sin obviar, en cualquier circunstancia, el compromiso de la Con­sultoría con la solución de los posibles contratiempos, porque, en definitiva, es a su nombre que obra el contrato.

Las problemáticas descritas, sin embargo, no conforman la regla y solo de enero a julio de este año, informó Pavón Cruz, la red de sucursales, presentes en todas las provincias, ya ha­bía ofrecido 24 122 servicios notariales, 120 226 trámites migratorios y documentales y 4 445 asistencias legales.

Señaló que los servicios de trámites migratorios y documentales para surtir efectos ante los consulados de las embajadas extranjeras en Cuba y fuera del territorio nacional, agrupan la mayor demanda, entre los cuales destacan la obtención y legalización de certificaciones de antecedentes penales, años de tra­bajo, fe de soltería, títulos y otros documentos do­centes, así como la confección y prórroga de pasaportes para los cubanos residentes en el ex­terior.

Asimismo, puntualizó que en correspondencia con la Resolución 71 del 2014, de la Mi­nistra de Justicia, la Consultoría tiene hoy la ex­clusividad para los servicios ante Inmi­gra­ción, la solicitud de documentos docen­tes y registrales procedentes de los consulados cu­ba­nos en el exterior y la obtención de a­nte­cedentes penales para surtir efectos fuera de Cuba.

José Pavón también aseveró que «todas las sucursales, especialmente la de Trámites Mi­gra­torios y Documentales Habana, la de ma­yor demanda de servicios del país (concentra el 44 %), poseen el personal necesario para aten­­der a los clientes, por lo que “no resulta sen­­­sato acudir a ellas reservando turnos desde el día anterior”».

Tampoco es prudente, a su juicio, caer en el juego de un grupo de estafadores que mero­dean las unidades en busca de algún incauto de­sesperado.
«Tramitar el servicio en nuestras oficinas o en la de los restantes bufetes especializados ga­­ran­tiza seguridad jurídica, y quienes actúan al margen de estas, solo corren el riesgo permanente de que sus solicitudes sean rechazadas por la presentación de documentos falsos», alertó.

El director general de la Consultoría aludió a las acciones que hoy se llevan a cabo, de conjunto con la Policía Nacional Revolucionaria, para frenar a los oportunistas. Y al interior de las sucursales, dijo, también se es enérgico an­te las conductas desviadas: durante el 2015 se impusieron seis medidas disciplinarias y de enero a agosto del año en curso ya se han aplicado 11, consistentes en amonestaciones pú­blicas y separaciones definitivas de la entidad.