Las nuevas construcciones familiares, desafío para el Derecho (II y final)

Los hijos han sido educados para el matrimonio. Durante siglos. Para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sin embargo, la contemporaneidad, con sus vertiginosos cam­bios sociales y tecnológicos, propone una visión plu­ral e inclusiva que a su vez reta al De­recho familiar, rezagado hoy en su respon­sabilidad de justa cobija para todos, independientemente de la tipología familiar que nos da abrigo.

Y esa mirada, menos dogmática y más de de­­rechos humanos, ausente en buena parte de las codificaciones civiles y familiares, es la que promueve el doctor Leonardo Pérez Ga­llardo, profesor titular de la Facultad de De­re­cho de la Universidad de La Habana, quien re­conoce, mediante tres historias hipotéticas, pero perfectamente posibles, las carencias de la legislación cubana.

I. Ana María y Jorge, felizmente casados, procrearon una hija llamada Adriana. A los 18 meses de nacida, se divorciaron. Jorge, prestigioso profesional, se divorcia no solo de Ana María, sino también de Adriana, a quien visita una o a lo sumo dos veces al año. Ana María formaliza un nuevo matrimonio con Orlando cuando la niña tiene tres años.

Al cumplir Adriana 15 años, también Ana María y Orlando se divorcian. Las relaciones entre Orlando y Adriana han sido armónicas, afectivas; y aún después de la ruptura con su ma­dre, ella lo sigue reconociendo como su pa­dre. ¿Podría Adriana reclamar alimentos, en ra­zón de su minoridad, a Orlando?

¿Podría Or­lando exigir que se determine en el divorcio un régimen de comunicación con la menor Adria­na?

En principio, no, según los dictados del vi­gente Código de Familia, que en nada prote­ge a la familia reconstituida o ensamblada. Solo cabría cierta protección al amparo de la Con­vención de los Derechos del Niño, que re­gula en su artículo 3 el interés superior del me­nor. Siempre que, con una interpretación evoluti­va e integradora del Derecho, el tribunal decida, en una sentencia transgresora, pro­­teger las re­laciones establecidas entre los miembros de una familia reconstituida o en­samblada.

II. María Luisa y Elena mantuvieron una relación pública y estable por más de 30 años, aceptada por amigos y por la familia de am­bas. María Luisa era médico en ejercicio; Ele­na, en cambio, se dedicó siempre al hogar. Allí cui­daron a los dos sobrinos de María Luisa, quien enferma de una demencia senil y, posteriormente, fallece. Durante su padecimiento, que duró tres años, solo se ocupó de ella, Elena. Los sobrinos jamás la apoyaron. Sin em­bargo, tras la muerte de María Luisa, Elena nada puede reclamar en el orden sucesorio, porque ni el matrimonio ni el reconocimiento de la unión matrimonial no formalizada entre personas del mismo sexo están permitidos.

En defecto de descendientes, ascendientes o cónyuge, le heredan los sobrinos. Elena tan solo tiene derecho a mantenerse en la ocupación del inmueble según el artículo 77.4 de la Ley General de la Vivienda, pero este se lo ad­judican, por herencia intestada, los sobrinos de María Luisa. ¿Y al menos podrá reclamar pensión de la seguridad social por fallecimiento? Tampoco. Porque no hay una relación ma­rital legalmente constituida.

III. Julio y Josefina mantuvieron durante años una unión singular y notoria. De ella pro­­­crearon tres hijos. Pero Julio y Jo­sefina nun­ca quisieron casarse.

Como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y con ello a la determinación del modelo de fa­milia a constituir, su arquetipo familiar era la unión de hecho.

Al morir Julio, Josefina pretende legalizar los bienes que durante su vida en común ad­quirieron a título oneroso. Sin embargo, Jo­se­fina debe entender que en Cuba la unión de hecho, como tal, no surte efectos, sino que ella es la plataforma fáctica para el reconocimiento ulterior de esa unión matrimonial no formalizada. Dicho reconocimiento ha de ser ante el tribunal competente, tras la valoración de las pruebas aportadas.

Empero, tras el éxito de la demanda, no se­rá reconocida la unión, como mera unión de hecho, sino como matrimonio. De modo que ese pacto que ambos concertaron de no casarse, irá al traste, si es que quiere acudir a la he­rencia. Sin matrimonio, aunque sea reconocido post mortem, no hay llamamiento a la he­rencia. ¿Puede Josefina acudir a la herencia como mera conviviente post mortem, de una unión de hecho? No, en lo absoluto.

En las rígidas normas de Derecho familiar cubano, sin probar el vínculo conyugal, no hay posibilidad de acudir a la sucesión entre los miembros de una pareja, salvo que hayan de­cidido otorgar testamento. Solo la persona en ese acto puede elegir a su antojo a un  he­re­dero.

Entonces, ante esta realidad, que podría ser la de cualquiera, en cualquier momento, ca­be preguntarse si acaso los derechos de los miembros de las familias aludidas lo son me­nos, por la simple razón de no pertenecer a un modelo de familia nuclear.

Evidentemente las nuevas construccio­nes familiares lanzan sobre el Código de Familia cubano un vendaval de desafíos. Y lo hecho hasta ahora, en ese sentido, resulta tímido.