Rafael Lorenzo Hechavarría, al conocer la cuantía que debía abonar por las acciones constructivas realizadas a su vivienda terminada, mostró inconformidad y formuló su queja a la Dirección Municipal de Vivienda. Contrató los servicios de un abogado del Bufete Colectivo del municipio, con el objetivo de verificar el estatus legal de la vivienda en cuanto a materiales entregados y servicios prestados, emitiendo dictamen el 27 de octubre de 2021, notificado mediante correo electrónico al promovente, quien mostró conformidad con las gestiones de su abogado. El 17 de noviembre de 2021, la Dirección Municipal de Vivienda notificó respuesta a este y también se mostró conforme.
Se comprobó que dispone de licencia de construcción iniciada por esfuerzo propio, siendo solicitado y otorgado por el Banco de Crédito y Comercio un préstamo de 20 000 pesos, y un segundo crédito de 10 000 pesos. Mediante acuerdo del Consejo de Administración Municipal, el 23 de diciembre de 2020 fue aprobada la propuesta de terminar la vivienda.
Desde mayo de 2020 hasta septiembre de 2021 recibió, para mantenimiento y construcción, recursos y servicios por valor de 23 915,78 pesos, según el registro primario de inversiones. Al concluir las acciones constructivas y la documentación para el pago, se le explicó al promovente inconforme con la cuantía, que, según lo previsto, a partir de las bases legales dispuestas en el Decreto Ley No. 367 Modificativo de la Ley No. 65 Ley General de la Vivienda, si se tratara de viviendas construidas por el Estado y entregadas en propiedad a personas naturales o jurídicas, el valor es el costo presupuestado de la construcción, calculado a partir del sistema presupuestario de la construcción vigente, por lo que el valor es modificado y el cálculo realizado por la preparación técnica que ejecuta el organismo constructor y el técnico de la vivienda. Por tal motivo, la queja no tiene razón.
Víctor Pereira Santiesteban, intendente de Colombia, Las Tunas.
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